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Activistas rechazan medida que busca criminalizar a médicos por atender a niñez y juventud trans en Puerto Rico

Los portavoces de Puerto Rico Para Todes catalogaron de inconstitucional al Proyecto de la Cámara 1889.

Los activistas de derechos humanos, Ivana Fred Millán y Pedro Julio Serrano, rechazaron enérgicamente este miércoles, el proyecto de ley, presentado por la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, que pretende criminalizar a los médicos por atender clínicamente a la niñez y juventud trans con el consentimiento de sus padres y madres.

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“Ya basta de intentar criminalizar a las personas trans y sus aliados con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la dignidad humana. La niñez y juventud trans, con la anuencia de sus padres y madres, pueden buscar el cuidado médico que necesiten. Basta ya de utilizar a las personas trans como chivos expiatorios en la agenda de división, odio y exclusión del Proyecto Indignidad”, aseveró Fred Millán en declaraciones escritas.

Los portavoces de Puerto Rico Para Todes catalogaron de inconstitucional al Proyecto de la Cámara 1889, que pretende imponer una pena de 15 años de cárcel a médicos que atiendan clínicamente a la niñez y juventud trans, y urgieron a que ni tan siquiera sea considerado por la Legislatura.

“Medidas tan absurdas como ésta han sido declaradas inconstitucionales en estados como Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Montana, Tenesí y Texas, pues violan el derecho a la igual protección de las leyes cobijado por la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Urgimos a la Legislatura a actuar de igual forma y enviar esta basura de medida a donde corresponde: al zafacón”, concluyó Serrano.

Representante vuelve a radicar proyecto contra tratamientos hormonales y cirugías a menores de edad

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, radicó una medida en la Cámara de Representantes que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías para cambios estéticos o de sexo en menores de edad.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1889 que busca crear la “Ley para proteger a los menores de ser sometidos a terapias y/o tratamientos hormonales y cirugías para cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico”. Según se indica en la medida, esta propone prohibir tratamientos hormonales y cirugías estéticas para personas que no han cumplido los 21 años de edad y busca disponer penas por la violación a esta prohibición.

En la medida, la representante alega que “los menores de edad no tienen la capacidad para consentir a tratamiento médico alguno. Un menor no tiene la capacidad emocional, psicológica, ni intelectual para tomar decisiones que conllevan consecuencias irreversibles, permanentes y experimentales”.

De convertirse en ley, la medida establece una prohibición a todo profesional de la salud a administrar en menores terapias y/o tratamientos hormonales con el propósito de realizar cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico, alterar los caracteres sexuales primarios y/o secundarios, provocar la infertilidad y/o esterilidad y/o tratar la disforia de género mediando el uso de testosterona, estrógeno y /o bloqueadores o supresores de la pubertad.

Del mismo modo, la medida indica que se prohibiría a los planes médicos que cubran dentro de sus cubiertas la realización de terapias o tratamiento hormonales para menores de edad. Además, busca prohibir la asignación de fondos públicos para investigar o experimentar sobre las terapias y tratamientos hormonales y cirugías con el propósito de realizar cambios estéticos “no congruentes con el sexo biológico”.

La medida propone multas que van desde los 10 mil dólares hasta los $50 mil y prisión desde 3 años hasta 15 años, además de la suspensión de licencias y permisos de operación a profesionales de la salud.

Un proyecto similar fue radicado en el 2021 por la representante, el Proyecto de la Cámara 768, sin embargo, este fue derrotado por la Comisión de Bienestar Social.

La representante no presentó en la medida ejemplos sobre malas prácticas o estadísticas que confirmen si en Puerto Rico esto representa un problema mayor que esté afectado a los menores de edad.

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