La diputada Adelys Olivares Ortega, de la Cámara de Diputados de República Dominicana, apoyó que las personas extranjeras domiciliadas en Puerto Rico, que cuenten con permiso legal permanente, tengan el derecho de votar en las elecciones locales. La deponente ante la Cámara de Representantes enfatizó que los migrantes contribuyen significativamente a la isla y tienen deberes y derechos que deben ser reconocidos.
Así surgió durante una vista pública de la Comisión para el Estudio y la Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales, presidida por el representante José “Conny” Varela, en la que se discutió el Proyecto de la Cámara 1891. Esta medida busca permitir que las personas extranjeras domiciliadas en Puerto Rico, que cuenten con permiso legal permanente, tengan el derecho de votar en las elecciones locales, excluyendo las elecciones federales.
“Presentamos a favor de la comunidad migrante aquí en Puerto Rico y de esta manera solicitar que sea acogido favorablemente esta enmienda a este proyecto donde los residentes permanentes en la isla puedan ejercer su derecho a elegir las autoridades en Puerto Rico exceptuando lo que son puestos federales”, expuso la diputada.
“El derecho a elegir a nuestras autoridades pues entendemos que como tenemos deberes también tenemos derechos. Así es que dejamos esto en las manos de los representantes, de esta comisión y cuando llegue al Senado que trataremos de ir y sensibilizar a los honorables senadores para que sea acogida esta propuesta”, continuó.
José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, destacó la importancia del Proyecto de la Cámara 1891 y felicitó a los representantes Hernández Montañes, Varela Fernández y Sánchez Ayala por considerar a la comunidad de inmigrantes residentes en Puerto Rico.
En su intervención, Rodríguez resaltó la lucha histórica por el derecho al voto, mencionando hitos como el derecho al voto de las mujeres, de los esclavos y de los nativos norteamericanos. Propuso que se utilice la expresión “sin estatus regularizado” en lugar de adjetivos fuertes u ofensivos para describir la comunidad.
Señaló que, en Estados Unidos, el voto se permite en trece estados para residentes, excluyendo las candidaturas federales, y sugirió un enfoque similar para Puerto Rico, excluyendo el voto por el comisionado residente.
Rodríguez también mencionó el trabajo que comenzó en 2014, coincidiendo con la visita del expresidente Danilo Medina, y cómo se discutió el tema del derecho al voto en una mesa redonda en un programa en vivo, donde abogados constitucionalistas concluyeron que el único requisito para votar en Puerto Rico es estar domiciliado en la isla.
En cuanto al proyecto, propuso incluir la licencia de conducir y el derecho a abrir cuentas bancarias como pruebas de residencia.
“Por último y no menos importante, se menciona en este proyecto el derecho a elegir, pero no se menciona el derecho a ser elegido, lo cual está contemplado en la Comisión Interamericana De Derechos Humanos, como un derecho universal, porque, así como se nos permite el derecho a votar, sugerimos que se nos conceda el derecho a ser elegidos y proponer candidatos que también sean residentes permanentes de la comunidad de inmigrantes en la isla”, concluyó.
Por su parte, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla, resaltó la importancia de consultar con diferentes instituciones legales y evaluar las implicaciones constitucionales y presupuestarias de la propuesta. También se destacó la necesidad de buscar consenso entre los partidos políticos antes de su aprobación.
Padilla enfatizó que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de legislar para modificar el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y señaló que la CEE acatará las enmiendas que pasen el proceso legislativo y la supervisión fiscal.
Sin embargo, en este proyecto en particular, Padilla recomendó que se consulte con la Oficina de Servicios Legislativos, el Departamento de Justicia y las escuelas de Derecho acreditadas en Puerto Rico para evaluar los aspectos constitucionales y estatutarios a nivel federal y estatal. También subrayó la necesidad de evaluar si el cambio propuesto requeriría una enmienda constitucional a la Constitución de Puerto Rico.
Además, Padilla destacó la importancia de analizar el impacto presupuestario de la medida en la administración del proceso electoral, incluyendo la cantidad de papeletas a imprimir y otros aspectos relacionados.
En su declaración, la presidenta interina solicitó que su escrito se incluyera en el expediente del proyecto y explicó que, debido a su compromiso inquebrantable con la reunión ordinaria de la Comisión Estatal de Elecciones los miércoles, no pudo asistir a la vista pública.
“Es importante que se de participación a todos los partidos políticos debidamente representados en la CEE, y en la medida de lo posible, se verifique la posibilidad de un consenso sobre la medida, del cual dependerá la aprobación en la presente Asamblea Legislativa y su firma por parte del Primer Ejecutivo Solicitamos respetuosamente se una el presente escrito al expediente de la referida medida legislativa”, lee la ponencia de Padilla.
