El Senado aprobó el Proyecto 776 que propone enmendar el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” y la Ley 1-2015 para eliminar el arbitrio al petróleo y sus derivados (conocido como la “Crudita” que se había establecido para financiar el pago de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
La eliminación de la “Crudita” se ha estado debatiendo desde que la pasada semana se anunció la empresa seleccionada para administrar las cuatro autopistas que quedaban en manos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El dinero producto del contrato con Metropistas será utilizado en parte para saldar la deuda de la ACT.
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Según dispone la pieza legislativa “no se justifica el cobro del impuesto establecido mediante la Ley 1-2015 puesto que la deuda que se garantizaba por esos ingresos, será satisfecha totalmente por el privatizador de las vías [...]. Ante esto, se adopta la presente Ley para eliminar el referido arbitrio al crudo. y proveer al ciudadano un necesario alivio económico. En síntesis, el aumento en el arbitrio de $9.50 dólares por barril de crudo que se había dispuesto mediante la Ley 1-2015, se elimina por la presente”.
En días reecientes, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó en contra de eliminar el arbitrio al petróleo y sus derivados.
“Es que lo que sucede es que desde el 2017 la Autoridad Carreteras dejó de estar pagando su deuda porque estaba en un proceso de reestructuración de deuda de quiebra y mientras se estaba viendo el caso de la quiebra no estaba pagando la deuda. Así que en ese momento dado el entonces gobernador dispuso por orden ejecutiva que los fondos que se recaudan por la crudita 2 iban a las arcas del Gobierno Central, al Fondo General y luego cuando la Legislatura aprobó un proyecto de ley para viabilizar el ajuste de la deuda del Gobierno Central, se confirmó que los fondos que provienen de la crudita 2 van al Fondo General”, dijo el gobernador en conferencia de prensa el sábado.
Sin embargo, el proyecto para eliminar la “Crudita” recibió el apoyo de legisladores de diversos partidos políticos.
“El asunto es que podamos estar seguros de que en este Senado hoy, por un consenso de forma muy bondadosa, estamos atendiendo un reclamo que hace tiempo el pueblo viene pidiendo, invocando. Y precisamente la forma en que se ha rearticulado el proyecto, gracias a los compañeros y al personal del portavoz, se impide entonces a la Junta restablecer ese control y esa imposición, y se suspende el origen del acceso, se suspende el cobro de parte de Hacienda del arbitrio”, afirmó en un turno el senador independiente y autor de la medida, José Vargas Vidot.
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En la misma línea, se expresó el portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau. “El proyecto que vamos a atender incluye los artículos 6, 7 y 8, que el 6 establece el liquidar el repago de la deuda, el 7, que impediría a la Junta de Control Fiscal atender bajo su discreción el querer establecer, reprogramar estatutariamente a su discreción contribuciones que ya se habían aprobado mediante legislación, y el 8º artículo, que le ordenaría al Secretario de Hacienda suspender inmediatamente el cobro del arbitrio de las sesiones que estamos estableciendo así. Así que, de esta medida, insertamos esta nueva realidad de la transacción de carretera para dejar un claro mensaje a la Junta de Control Fiscal, al Departamento de Hacienda, que no se puede cobrar más este impuesto”.
También, manifestó su aprobación la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. “Ya hemos visto y porque me parece que es la manera más justa de llevar un alivio inmediato a la gente, sobre todo a la gente más pobre. El efecto cascada que tiene el precio de la gasolina es algo que todos pagamos, o sea, estamos en el punto en que nos parece la cosa más natural es estar pagando a peso la gasolina, y eso tiene un efecto detrimental en toda la economía”, sostuvo.
De igual forma, se expresó a favor del proyecto el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, “Lo que queremos es que un arbitrio que, a todas luces, cuando se formalice, que todavía no se ha formalizado el contrato para pagar la deuda, pues entonces se le haga justicia a la ciudadanía”.
Vales para vivienda nueva
De otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 806 del presidente del Alto Cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, para establecer el Programa de Vales para Vivienda Nueva adscrito al Departamento de la Vivienda que busca atender a las personas damnificadas por los huracanes Irma y María y los terremotos del año 2020, en la región sur de Puerto Rico reconociendo el derecho a una vivienda segura, accesible y digna, como pieza indispensable de toda sociedad democrática.
“El proyecto Senado 806, y haciendo referencia al anterior que el señor gobernador vetara, el 233, es precisamente reseñar como una nueva política pública que se abran esos sobrantes y se permitan a aquellas personas que en un momento dado no tuvieron el acceso a solicitar los fondos porque no llegó el Departamento de la Vivienda, por desconocimiento, o porque el sistema electrónico no le permitió radicar, porque todo el mundo sabe lo que pasó en la isla, es darle ese aire a esas personas, no solamente en el Sur de Puerto Rico, sino en toda la isla, que puedan nuevamente, una vez se identifiquen estos sobrantes que ya están, poder abrir nuevas solicitudes y darle a cada puertorriqueño un hogar digno como se merece”, dijo en un turno el senador del distrito de Ponce y coautor de la medida, Ramón Ruíz Nieves.
El proyecto establece que los vales tendrán un valor máximo de $185,000 de los cuales se destinará hasta un máximo de $175,000 para la adquisición de una vivienda nueva o existente, incluyendo gastos de cierre, honorarios notariales, sellos y comprobantes de rentas internas producto de la compraventa de la propiedad. Una cuantía máxima de $10,000 para enseres y mobiliario del hogar. Igualmente, menciona que “las personas podrán ser participantes del programa si la residencia principal fue la que sufrió los daños que cumplen los criterios de este Artículo.
En la misma línea fue aprobada la Resolución del Senado 345 de la senadora novoprogresista Keren Riquelme Cabrera para investigar las denuncias de los titulares y dueños de propiedad horizontal de condominios de negligencia e incumplimiento contractual de las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que sus viviendas sufrieran serios daños como resultado de los eventos sísmicos acaecidos desde enero de 2020.
“La Resolución tiene que ver con las propiedades horizontales y lo que han estado experimentando los dueños de estas propiedades horizontales, sobre todo en el sur de Puerto Rico, a raíz de los terremotos del 2020…Luego de los terremotos, yo estuve durante bastante tiempo en el sur y estuvimos atendiendo a cientos de personas, y dentro de estos cientos de personas llamó mi atención que había muchos adultos mayores que no habían podido regresar a su lugar de vivienda y estaban buscando un lugar donde poder vivir. De estas reuniones es que nace esta resolución para poder investigar y poderle dar curso a todas estas querellas”, sostuvo Riquelme.
Por otra parte, fueron aprobados los Proyectos del Senado 976, 1006; el 1089, 304 y 489 en su reconsideración; la concurrencia del Proyecto del Senado 45 y el Informe del Comité de Conferencia del 338; el Informe del Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 266; Resolución Concurrente del Senado 39; las Resoluciones del Senado 313 y 598; la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1078 y la Resolución Conjunta de la Cámara 476.
