Uno de los temas medulares que promete protagonismo en la campaña electoral de 2024 será el de la energía renovable y los proyectos fotovoltaicos a gran escala, con los que se pretende generar la cantidad suficiente de megavatios para sostener gran parte del sistema de generación de energía en Puerto Rico.
A pesar de que el Plan Integrado de Recursos del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) indica que, por política pública gubernamental, Puerto Rico deberá cumplir una primera meta de generar el 40 % de la energía de fuentes renovables para 2025, y en un 100 % para 2050, lo cierto es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) apenas produce 4 % de la electricidad mediante fuentes renovables.
No obstante, el debate ahora se centra en la utilización de terrenos destinados al uso agrícola para el establecimiento de fincas de paneles fotovoltaicos.
Los detractores de la idea indican que permitir el desarrollo de estos proyectos en terrenos agrícolas incrementaría la vulnerabilidad alimentaria de Puerto Rico, siendo un territorio que depende en un 95 % de los alimentos importados.
Sin embargo, para Julián Herencia, director ejecutivo Asociación Productores de Energía Renovable (APER), el desarrollo de fincas fotovoltaicas no está divorciado de la preservación de esos terrenos para la producción de alimentos.
El ingeniero, y portavoz de la organización que lleva una década formada, aseguró que la tendencia mundial de la creación de fincas agro-voltaicas es la solución para lograr la anhelada producción de energía que estabilice el sistema mientras se continúan utilizando esos terrenos para sus fines originales.
“Los usos de los terrenos agrícolas para estos proyectos de producción de energía renovable son perfectamente compatibles con el uso agrícola. Ahora mismo en el mundo se está desarrollando toda una industria alrededor de lo que se denomina proyectos agro-voltaicos, que es cómo construir fincas solares teniendo en mente una producción agrícola para hacerlas compatibles”, explicó el portavoz de la APER.
Según Herencia el desarrollo de estos proyectos toma en consideración aspectos para facilitar el uso de los terrenos para fines agrícolas. El ingeniero señaló además que muchos de los terrenos identificados para el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica a gran escala están en desuso desde hace décadas.
“Hay una gran cantidad de terrenos agrícolas que no están en uso. Entonces, la pregunta es, queremos que esos terrenos se queden en desuso por décadas o los ponemos a hacer algo productivo que ayude al país”, cuestionó.
“A pesar de que esos terrenos puedan tener placas solares para la producción de energía no pierden su uso designado para producción agrícola. Del punto de vista práctico y de operación, la construcción de estas fincas no empobrece ni desmerece la calidad del terreno, o sea, que para todos los efectos estamos preservando esos terrenos para su uso designado original en un futuro si así se desea o durante este produciendo energía, si es que vamos a combinar producción de energía con producción agrícola”, añadió.
Desarrollo agrícola como consecuencia
Herencia incluso aseguró que la dinámica del desarrollo de proyectos agro-voltaicos en Puerto Rico pudiera significar un despunte en el uso de esos terrenos que continúan abandonados sin planes para su desarrollo agrícola ni a mediano ni a largo plazo.
“Estoy convencido de que eso es así”, aseguró el ingeniero. “El argumento de quienes critican este tipo de proyecto parte de la premisa de que los terrenos, o son para agricultura o son para energía, y nosotros estamos diciendo que no, que no son exclusivos para una sola cosa”.
“Todos los proyectos en operación hoy en Puerto Rico, que hay 220 megavatios (MV) operando de proyectos de este tipo, y los nuevos que se aprobaron, que suman 890 MV, que es del famoso Tramo Uno de la solicitud, ninguno de esos terrenos desplazo producción agrícola. Si, gran parte de ellos son terrenos agrícolas, pero gran parte de ellos no estaban para producción, solamente uno”, señaló.
Herencia mencionó además el proyecto de la finca eólica localizada en el municipio de Santa Isabel como un ejemplo de un proyecto de energía renovable que ha despuntado el uso agrícola de los terrenos que ocupa.
“Cuando este proyecto empezó a desarrollarse salieron las teorías de que sería un daño a la salud por el efecto de ‘strobbing’ producidos por las hélices, y que iba a impactar la producción agrícola”, recordó Herencia.
“Los equipos de la finca de viento, solamente ocupan 22 cuerdas de las 3,500 en el valle, y en ese proceso se pudieron habilitar caminos y acceso adicional a terrenos que antes no estaban cultivándose porque no había manera de llegar a ellos. Con este desarrollo se pusieron a producir 300 cuerdas adicionales y ese es el contrapeso. Se perdieron 22 cuerdas con el proyecto, pero ganamos 300 por otra parte que están produciendo”, añadió.
No obstante, Federico Cintrón, director del Programa Enlace Latino de Acción Climática, explicó que el problema es la falta de análisis por parte del gobierno y del NEPR, sobre la viabilidad de establecer estos proyectos renovables de gran magnitud en otras localidades.
“Se presume de parte del gobierno y de los proponentes, que como es energía renovable, está bien. Entonces no hay un ejercicio serio de poder entender el impacto real a los lugares que estamos designando para eso, sobre todo cuando tenemos otras opciones y cuando tenemos un problema real de falta de producción de alimentos”, señaló el ambientalista.
“Toda la parte que tiene que ver con la producción de energía (fotovoltaica) ocupa cerca del 60 al 80 % de las tierras agrícolas donde se van a hacer”, refutó Cintrón.
Justicia energética
Cintrón cuestionó la insistencia del gobierno y de los proponentes de desarrollar los proyectos en terrenos agrícolas mientras existen otras opciones costo efectivas y rápidas.
“Tenemos suficientes techos para poner placas solares pero que además hay lugares ya impactados, como estacionamientos, vertederos, pero esos lugares no son considerados. Entonces, la pregunta es, si tenemos otras opciones que no impactan la agricultura, por qué no las estamos considerando de primera mano”, cuestionó.
“Nos hemos dado cuenta de que a quien único benefician estos proyectos industriales son a sus dueños. Ya está demostrado, después de María, que las fincas solares no son más resilientes, centralizan la energía y si pasa algo con la finca se pierde la producción de energía, por lo tanto, la energía distribuida en más lugares es mucho más resiliente y mucho mejor para enfrentar cualquier emergencia”, añadió mientras aseguró que centralizar la producción de energía crea desigualdad energética.
Cintrón señaló además la preocupación de que tanto el gobierno de Puerto Rico como su ente energético regulador, el NEPR, han fallado en coordinar el desarrollo de manera efectiva y continúan arriesgando la resiliencia del sistema eléctrico al centralizar la producción de energía en estas fincas.
“Hay un desface entre lo que hacen las agencias y lo que vemos de política pública sobre acciones directas. No hay una planificación organizada y lo que tenemos son un montón de propuestas que están saliendo. El NEPR está tomando unas decisiones, la Junta de Planificación toma otras, la AEE otras, ahora compiten con los intereses de LUMA y Genera PR, que también son actores en esto, así que realmente lo que vemos es una fractura de lo que debería ser una planificación ordenada”, aseguró el portavoz ambientalista.
“Aquí se están aprobando esos proyectos a la misma vez que el gobierno federal está llevando a cabo un estudio para implementar la energía renovable en Puerto Rico, a la misma vez que LUMA acaba de empezar el nuevo plan de integración de recursos y, al mismo tiempo, el DRNA está llevando a cabo un plan para mitigación y adaptación al cambio climático que incluye una sección de energía. Están todos estos planes desarrollándose pero se comunican el uno con el otro y están cada uno sometiendo modelos y estrategias distintas para alcanzar la energía renovable pero en la práctica se siguen aprobando”, criticó.
Las claves
Rezagada producción fotovoltaica
El portal del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ente regulador sobre asuntos energéticos, confirma el estancamiento de los proyectos fotovoltaicos de gran envergadura.
Según el portal, la demanda de energía total de los 97,000 abonados para el año natural 2022 fue de 15,629 gigavatios por hora (Gwh), mientras que de esos, 686 Gwh fueron de energías renovables.
Esa cantidad, a su vez, se divide entre 422 Gwh producidos por las fincas fotovoltaicas mientras que 264 Gwh fueron producidos por conexiones privadas en residencias particulares. Por otro lado, 2021, señala información del NEPR, registró 452 Gwh producidos por fincas solares mientras que 162 Gwh fueron producidos en residencias.
Fuentes de Metro aseguraron que durante el año natural 2024 se espera un notable incremento en el desarrollo de estas fincas solares al haberse aprobado 1,000 megavatios adicionales de producción por parte del NEPR, acción que podría incrementar la producción de energía renovable a un 12 %.
Julián Herencia señaló el problema de las interconexiones para estos proyectos como un escollo que aún hay que superar.
“El proceso de establecer una finca fotovoltaica es uno que incluye muchas agencias de gobierno para determinar dónde localizar el proyecto. Cuáles son los terrenos disponibles y los puntos de interconexión, entre otros”, explicó Herencia.
Ha trascendido que las negociaciones para culminar los contratos de los proyectos de energía renovable a gran escala continúan estancadas por discrepancias entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en cuanto a la manera en que se manejarían los costos de estas interconexiones.
