Varias organizaciones que agrupan empleados públicos y correccionales llegaron este viernes hasta La Fortaleza para exigir al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a que mantenga el aumento salarial otorgado a los trabajadores de la Administración de Rehabilitación Vocacional.
“Hoy estamos aquí demostrando nuestra indignación ante este nuevo atropello hacia la clase trabajadora”, dijo William González, presidente de la Local 3251 de SPUPR, en declaraciones escritas.
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González criticó, además, el plan de eliminar el aumento salarial a empleados de la Administración de Rehabilitación Vocacional, un cambio que afectaría gravemente a los trabajadores que ya han comprometido ese dinero.
Por su parte, la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95, Jessica Martínez, señaló la falta de comunicación oficial sobre la revocación del aumento. “Hacemos un llamado al gobernador a desistir de esta acción y cumplir con estos trabajadores”, dijo Martínez.
Además, Martínez, como líder de la Alianza Correccional Unida, denunció un aumento en la violencia contra oficiales correccionales y la falta de un plan preventivo efectivo.
Las manifestaciones buscan asegurar la estabilidad financiera de los trabajadores afectados y una mejora en la seguridad y condiciones laborales de los oficiales correccionales. Martínez exigió al gobernador cumplir con el aumento salarial de 746 dólares ya legislado y aprobado, pero aún pendiente de pago.
En la manifestación participaron integrantes de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3251 y la Alianza Correccional Unida.