Con el fin de respaldar la apelación que busca impugnar el cumplimiento del proyecto de dragado en la bahía de San Juan, la Clínica de Justicia Ambiental (EJC, por sus siglas en inglés) de la Escuela de Derecho y Graduada de Vermont presentó un escrito Amicus Curiae, este mes, ante el Tribunal de Apelaciones federal para el Circuito de Washington D.C.
La EJC, que presentó el documento en nombre de las organizaciones Toabajeños en Defensa del Ambiente y Amigxs del MAR, sostiene que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace, por sus siglas en inglés) no llevó a cabo el proceso adecuado en su análisis de justicia ambiental del proyecto. Además, asegura que el dragado iría en contra de la legislación vigente de cambio climático en la isla, pues tiene como fin posibilitar mayor acceso de buques de combustible a San Juan.
“Hay muchas comunidades en el área, incluidos nuestros clientes, que ya están extremadamente agobiados por las refinerías de la zona y por la actividad naviera existente”, sostuvo la directora del EJC, Mia Montoya Hammersley, quien aseguró que el dragado impactaría negativamente al medioambiente y a las comunidades aledañas a la zona.
Luego de que, en julio, un juez del Tribunal Federal de Washington D.C. fallara a favor del Usace, al determinar que el proyecto de dragado de la bahía cumple con las reglas ambientales federales, los demandantes – el Centro para la Diversidad Biológica y las organizaciones ambientalistas El Puente y CORALations – apelaron el caso.
Los escritos Amicus Curiae permiten que expertos ayuden a educar, al tribunal, sobre los matices de determinadas áreas del derecho. En este caso, la clínica legal en Vermont, que se enfoca exclusivamente en temas de justicia ambiental, contribuyó con su experiencia y conocimiento para profundizar en las preocupaciones de justicia ambiental planteadas por los demandantes.
El escrito cita que el Usace no realizó un análisis ambiental apropiado en su revisión del proyecto de dragado, y no proveyó un tiempo adecuado para que las comunidades y expertos sometieran sus comentarios.
El análisis de justicia ambiental publicado originalmente por el Usace solamente examinaba un radio de una milla del cuerpo de agua para evaluar cuál iba a ser el impacto del proyecto. Según Montoya Hammersley, el Cuerpo de Ingenieros no proporcionó ninguna justificación de por qué eligieron esa porción, la cual, “convenientemente, excluyó arbitrariamente a una gran porción de nuestras comunidades de justicia ambiental que serán impactadas por el proyecto”.
La EJC señaló la incapacidad del Cuerpo de Ingenieros para brindar una participación pública significativa, en su proceso de evaluación del proyecto, a las comunidades que se verían afectadas.
El periodo de tiempo para que las comunidades sometieran sus comentarios coincidió con la devastación después de los huracanes Irma y María en 2017. “A pesar de estos desastres devastadores, donde hubo una destrucción generalizada y una falta generalizada de acceso a Internet, el Cuerpo del Ejército no proporcionó ninguna extensión al periodo de comentarios públicos”, indicó Montoya Hammersley.
Asimismo, la EJC comunicó su preocupación ante el acceso a los servicios de traducción para los hispanohablantes, de forma que pudieran participar en el proceso de comentarios.
Más adelante, el Usace realizó un análisis de justicia ambiental posterior, evaluando un radio de cinco millas, “pero esto ya fue después de que se habían llevado a cabo los procedimientos y bajo las nuevas regulaciones. Esta no es una forma aceptable de solucionar el error original”, sostuvo la experta en Derecho.
De igual forma, el escrito presentado por la EJC sostiene que, al dragado posibilitar un mayor acceso, al Puerto de San Juan, a los buques cisterna de gas natural licuado y grandes petroleros, el proyecto va en contra de lo establecido en la Ley 17 de 2019, o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.
Montoya Hammersley explicó que, el proyecto de dragado “no solo no sería ético, sino que, bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), el Ejército está obligado a tener en cuenta esos impactos más grandes de la expansión del petróleo y el gas que se permiten a través de este proyecto y a través de proyectos que están conectados a él”.
“Es importante tener en cuenta esas acciones acumulativas porque también estamos pensando en el contexto más amplio de la justicia climática y en la expansión de la infraestructura de petróleo y gas. ¿Cómo va a impactar eso en los objetivos de Puerto Rico de volverse menos dependiente de los combustibles fósiles y más resiliente al cambio climático?”, argumentó Montoya Hammersley, quien recordó que, conforme a la Ley 17 de 2019, el 100 por ciento de las necesidades energéticas del país deben satisfacerse con energía renovable para 2050.
La directora del EJC señaló que, al Usace continuar financiando y perpetuando la dependencia de la infraestructura de combustibles fósiles, está participando directamente en “mover a la isla en dirección opuesta a la que el pueblo y las comunidades han articulado que es la dirección en la que les gustaría avanzar”.
El tribunal atenderá la apelación mediante el procedimiento judicial expedito, por lo que Montoya Hammersley espera que la decisión sea tomada este año o a principios del próximo.
Si el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. revierte la decisión, el Ejército tendría que corregir los errores de procedimiento en su evaluación medioambiental. “Básicamente, el proceso comenzaría de nuevo, y tendrían la oportunidad de hacerlo correctamente y de una manera que tenga en cuenta adecuadamente las preocupaciones de justicia ambiental”, explicó Montoya Hammersley.
“Creo que tenemos un largo camino por recorrer para integrar significativamente la justicia ambiental en el proceso de toma de decisiones de las agencias federales responsables de la regulación ambiental”, puntualizó la abogada.
