El juez superior Anthony Cuevas Ramos falló el viernes, a favor del aumento salarial de los jueces en Puerto Rico, en la que declaró que la Resolución Conjunta 39-2023 es una ley especial que dispone este incremento.
La sentencia sostiene que la Constitución de Puerto Rico protege la independencia judicial, impidiendo la disminución del sueldo de los jueces durante su mandato.
“Se declara Ha Lugar los recursos presentados, asegurando que la Constitución no permite la reducción del sueldo de los jueces y es deber del Gobierno financiar el aumento durante los próximos años fiscales”, determinó el juez Cuevas Ramos en su sentencia.
El fallo requiere que la Oficina de Administración de Tribunales solicite a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto proceda a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto.
El caso, iniciado el 10 de noviembre de 2023 por el juez Ricardo Marrero Guerrero, argumentaba que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, concediendo el aumento salarial previsto en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. La demanda sostenía que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados para el aumento.
Esta semana, La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, criticó el miércoles la determinación de la Cámara de Representantes no dar paso a la aprobación del Proyecto del Senado 1292 que aumenta el salario de los jueces.
“Valorar un sistema democrático de gobierno obliga reconocer el imperativo de una judicatura fortalecida. Esto no ocurrió hoy. En vez, y por intereses económicos propios, la Asamblea Legislativa rechazó aprobar la medida de justicia salarial a favor de la judicatura puertorriqueña, a pesar de que había reservado los fondos necesarios en la resolución presupuestaria vigente”, expresó mediante declaraciones escritas.
“Con tal actuación, la Asamblea Legislativa desaprovechó una oportunidad histórica para fortalecer la independencia judicial. Sobra decir que la judicatura puertorriqueña recibe con frustración y una desilusión enorme esta actuación de la Legislatura. Su incapacidad para articular el consenso necesario para aprobar el proyecto de ley que permitiría desembolsar los fondos reservados para ese propósito es impactante y despreciativa del trabajo que se realiza a diario en los tribunales del país”, añadió.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dejó la medida pendiente de aprobación, luego de que no encontrara apoyo para aumentarle también el salario a los legisladores.
Reacción de los abogados
Los licenciados José A. Andréu Fuentes y Frank C. Torres Viada, quienes presentaron la demanda del juez Marrero Guerrero el pasado viernes, declararon que “El Tribunal actuó conforme a derecho y con estricta prudencia al poner en vigor la ley de presupuesto previamente aprobada por consenso por ambas Cámaras, así como por el gobernador, la cual fue aprobada además por la Junta de Supervisión Fiscal. Con esta decisión, se evitó incurrir innecesariamente en un choque constitucional con las demás ramas de gobierno”.
