El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, subrayó la importancia de equiparar los salarios de los funcionarios judiciales con la complejidad de sus responsabilidades, sin embargo, no adelantó próximos pasos ni estrategias legales.
Esta afirmación surge luego de que el juez superior Anthony Cuevas Ramos dictaminara que una resolución conjunta aprobada como parte del presupuesto gubernamental constituye la “ley especial” necesaria para oficializar los aumentos de sueldo para los jueces, ordenando al gobierno a realizar los trámites con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para efectuar los pagos retroactivos desde el 1 de julio de 2023.
“Estaremos vigilantes al trámite presupuestario y los procesos administrativos para implementar el aumento a estos empleados públicos y, sobre todo, que se proteja la doctrina de separación de poderes dispuesta en nuestra Carta Magna”, señaló Tatito Hernández a través de declaraciones escritas.
Por su parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, destacó el rol de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para solicitar la reprogramación de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal. Blanco enfatizó que cualquier redistribución de fondos requerirá la autorización de la Junta antes de proceder con transferencias.
“Es la Oficina de Administración de Tribunales quien tiene que solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos a sus cuentas. En situaciones de redistribuciones, si la Junta lo autoriza, nos enviará una comunicación, y entonces nosotros procedemos a procesar la transferencia”, dijo Blanco a través de declaraciones escritas.
Los salarios en el ámbito judicial no habían sido actualizados desde 2003. Las nuevas escalas suponen un aumento del 24% para elevar el salario del juez presidente a $154,556; un aumento del 20% para llevar el salario de los jueces asociados a $144,480; un incremento del 24% para elevar el salario de los jueces apelativos a $130,579; un aumento del 32% para llevar el salario de los jueces superiores a $118,133; y un aumento del 32% para elevar el salario de los jueces municipales a $91,764.
Proyecto busca paridad salarial
Hernández Montañez presentó el proyecto de la Cámara 1956, el cual busca equiparar los salarios de legisladores, líderes legislativos y funcionarios ejecutivos con los jueces y juezas. También busca uniformar la compensación del gabinete constitucional y el liderato legislativo al salario del juez superior y equiparar la remuneración del gobernador, los presidentes legislativos y la jueza presidenta.
“Los y las integrantes de la Judicatura merecen un salario justo, competitivo y proporcional a la complejidad de las funciones delegadas a estos funcionarios. De lo contrario, pudiera acelerarse la pérdida de competitividad para retener y reclutar al mejor talento para custodiar los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos”, señaló Hernández Montañez.
Sin embargo, el presidente cameral señaló que esta deficiencia no es exclusiva de la Rama Judicial. “Actualmente, prevalece una disparidad salarial entre las tres ramas de gobierno que es insostenible, lo que ha limitado y amenaza con continuar limitando la capacidad de reclutamiento de la funcionarios para servir en la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa”, dijo.
