Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto, las batallas estatales en torno al derecho a la interrupción del embarazo han dejado al descubierto otra falla: El compromiso con la democracia.
A medida que los votantes de diferentes estados ratifican su respaldo al derecho al aborto, los opositores reaccionan con un creciente desafío hacia el proceso democrático y las instituciones que consideran adversarias de su causa.
Algunos funcionarios republicanos y activistas antiabortistas de todo el país han respondido a las derrotas en las urnas con impugnaciones a los resultados de las elecciones, negándose a adaptar las leyes estatales a los cambios que respaldaron los votantes, despojando a los tribunales estatales de su facultad para debatir leyes relacionadas con el aborto y cuestionando el propio proceso de iniciativa electoral ciudadana.
“Esto. No. Se. Acaba. Aquí”, declaró la representante estatal de Ohio Jennifer Gross en un mensaje publicado en X, antes Twitter, dos días después de que los votantes consagraron el derecho al aborto en la Constitución del estado a principios de este mes. Ella y otros 25 legisladores republicanos prometieron impedir que la enmienda revierta las restricciones al aborto vigentes en el estado.
Una amplia mayoría de los votantes de Ohio aprobó la enmienda, con un 57% a favor y 43% en contra. En respuesta, el grupo de legisladores dijo en una declaración conjunta: “Haremos todo lo que está en nuestro poder para impedir que nuestras leyes sean eliminadas basándose en la percepción de la intención”.
Gross se sumó a tres colegas republicanos para ir aún más lejos, proponiendo medidas legislativas para impedir que los tribunales de Ohio intervengan en cualquier caso relacionado con la enmienda sobre el derecho al aborto, conocida como Cuestión 1. Esfuerzos similares se han dado en otros seis estados desde que los tribunales estatales se convirtieron en el nuevo campo de batalla en cuanto al aborto, luego de que la resolución de Dobbs del 24 de junio de 2022 anuló el fallo de Roe contra Wade.
Douglas Keith, abogado sénior del Programa Judicial del Centro Brennan para la Justicia, dijo que la política sobre aborto provocó dio pie a esfuerzos exitosos para limitar el poder de los tribunales estatales en Montana y Utah y el fracaso de la legislación en Alaska y Kansas. Estas iniciativas son intentos de desmantelar el sistema de pesos y contrapesos del gobierno, dijo.
“Cualquier intento por despojar a los tribunales de su capacidad para interpretar la Cuestión 1 me parece empezar una lucha no sólo con los tribunales, sino con los propios votantes”, dijo Keith en referencia a la enmienda en Ohio.
Ese conflicto quedó al descubierto durante una asamblea ciudadana que organizó Gross después de que se dieron a conocer sus esfuerzos para frustrar la enmienda sobre el derecho al aborto. Emily Jackson, una votante que se expresó a favor de la Cuestión 1, se mostró incrédula.
“Están ignorando la voz (de los votantes). La voz está ahí”, dijo Jackson. “Nosotros hablamos”.
Gross le dijo a Jackson que no ignoraba a los votantes, sino que más bien reflejaba las preocupaciones de los oponentes de que los votantes de Ohio fueron llevados por el mal camino. La campaña electoral atrajo una gran cantidad de fondos de fuera del estado para ambas partes.
Gross no devolvió llamadas ni correos electrónicos en busca de comentarios adicionales.
Los activistas sostienen que las leyes estrictas sobre el aborto también son antidemocráticas en el sentido más básico, porque la mayoría de los estadounidenses se oponen a ellas. Según AP VoteCast, una encuesta nacional de más de 94.000 votantes, el 63% de los que votaron en las elecciones de mitad de mandato de 2022 dijeron que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada un año después de la decisión de la Corte Suprema reveló que alrededor de dos terceras partes de los estadounidenses dijeron que el aborto debería ser legal en general.
En los siete estados en los que el aborto se ha sometido a votación desde el fallo de Roe contra Wade, los votantes han apoyado la protección del derecho al aborto o han rechazado cualquier intento de socavarlo.
Esto ha llevado a algunos republicanos que apoyan las restricciones al aborto a centrarse en el proceso de iniciativa electoral, una forma de democracia directa que sólo está a disposición de los votantes en alrededor de la mitad de los estados.
“Menos mal que la mayoría de los estados de este país no permiten poner cualquier cosa en la papeleta, porque las democracias puras no son la forma de gobernar un país”, dijo Rick Santorum, exsenador federal por Pensilvania y candidato presidencial en una ocasión. Santorum se refirió a los resultados de las elecciones en Ohio durante una aparición en el sitio web de tendencia conservadora NewsMax.
Otro republicano electo, el representante estatal de Dakota del Norte Brandon Prichard, recurrió a X para animar a los republicanos a impugnar el resultado de las elecciones de Ohio.
“Sería un acto de valentía ignorar los resultados de las elecciones y no permitir el asesinato de los bebés en Ohio”, escribió.
Algunos observadores políticos ven un peligro mayor en este tipo de opiniones.
Sophia Jordán Wallace, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Washington, dijo que “la frecuencia y lo explícito de estos intentos antidemocráticos va en aumento” y amenazan con causar un daño a largo plazo en las instituciones estadounidenses y en la confianza pública en ellas.
“Y ese daño es increíblemente difícil de revertir”, afirmó.
Para muchos de los que se oponen al aborto, el asunto es “una causa sagrada, lo que no se puede discutir”, algo que puede pesar más que la importancia de mantener las prácticas democráticas, dijo Myrna Pérez, profesora asociada de género y religión estadounidense en la Universidad de Ohio.
“Las cosas no son estáticas, así que intentas encontrar la manera de que el sistema te dé los resultados que quieres”, afirmó.
Andrew Whitehead, profesor asociado de sociología en la Universidad de Indiana-Purdue de Indianápolis, afirmó que los nacionalistas cristianos, quienes tienen profundos vínculos con el movimiento antiabortista, tienen un historial de considerar el acceso a procesos democráticos fundamentales, como el voto, no como un derecho, sino como un privilegio que debe concederse sólo a quienes coinciden con sus creencias.
“Cuando se trata de imponer su visión de Estados Unidos, que creen fue ordenada por Dios, dejan de lado la democracia”, afirmó Whitehead.
Legisladores y activistas antiabortistas ya han respondido en un puñado de estados en los que los votantes se expresaron a grandes rasgos a favor del derecho al aborto.
En Montana, los votantes rechazaron el pasado otoño un referéndum legislativo que habría penalizado que un médico o enfermera no brindara atención médica vital a un bebé nacido vivo tras un intento de aborto; estos casos suelen implicar problemas médicos graves. Los republicanos contraatacaron al promulgar una versión de la medida que había sido rechazada.
Los republicanos de Kentucky decidieron mantener intacta la prohibición estatal al aborto en todas las fases del embarazo, a pesar de que los votantes rechazaron una medida que habría denegado la protección constitucional del procedimiento.
En Ohio, algunos de los republicanos más destacados rechazan las insinuaciones antidemocráticas y defienden a los votantes.
“En este país, aceptamos los resultados de las elecciones”, dijo el gobernador, el republicano Mike DeWine, uno de los principales opositores a la Cuestión 1. El fiscal general, el también republicano Dave Yost, tuiteó que “analizó a fondo” la Constitución de Ohio, pero no encontró “excepción alguna para asuntos en los que el resultado de unas elecciones sea contrario a las preferencias de quienes están en el poder”.
“Todo el poder político es inherente al pueblo”, dijo, citando el documento.
Los líderes republicanos en la legislatura estatal prometieron en un principio que la lucha para restringir el derecho al aborto no había terminado después de que los votantes se habían expresado. Pero a medida que su partido se enfrenta a las profundas divisiones del movimiento antiaborto, el presidente de la Cámara de Representantes, Jason Stephens, y el presidente del Senado, Matt Huffman, parecen haber suavizado su postura.
Stephens ha indicado que no impulsará el proyecto de ley de Gross para limitar a los tribunales. Huffman, un católico devoto, se retractó de sus insinuaciones de que podría buscar una derogación inmediata de la Cuestión 1.
Fueron algunos de los republicanos de Ohio que desafiaron su propia ley y convocaron a elecciones especiales en agosto con el objetivo de elevar el umbral para la aprobación de futuras enmiendas constitucionales, de una mayoría simple al 60%. La medida fue ampliamente vista como un intento de socavar la enmienda sobre el aborto y fue rechazada contundentemente.
Las tensiones ya son evidentes para las iniciativas abortistas previstas para las votaciones estatales de 2024.
En Missouri, las disputas sobre la redacción de la papeleta electoral complican los esfuerzos de los partidarios del derecho al aborto para impulsar una medida electoral a escala estatal. Un panel de jueces determinó el mes pasado que los resúmenes redactados por el Secretario de Estado, el republicano Jay Ashcroft — un opositor al aborto que se postula a la gubernatura el próximo año — eran políticamente partidistas y engañosos.
En Michigan, tres legisladores republicanos se unieron a un grupo antiabortista en una demanda para anular una enmienda constitucional estatal que protege el derecho al aborto, la cual fue aprobada por los votantes con un amplio apoyo el año pasado. El fiscal general de Florida intenta evitar que una propuesta de enmienda sobre el derecho al aborto aparezca en la papeleta de 2024.
“Vimos que en esa primera elección especial en Ohio los votantes hicieron esa conexión entre el aborto y la democracia”, observó Kara Gross, directora legislativa de la sección de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en Florida. “Y tenemos fe en que los votantes serán capaces de establecer esa misma conexión en otros lugares en 2024″.
