La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, anunció hoy la implementación formal del Programa de las Salas Especializadas en Casos de Violencia de Género en todas las regiones judiciales.
Con la entrada en vigor del programa, en conjunto con la política uniforme que permitirá la expansión gradual del modelo, las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica y los proyectos de especialización existentes se transformarán para incluir la atención de casos de violencia sexual en personas adultas y menores de edad.
La Jueza Presidenta hizo el anuncio durante la presentación de hallazgos de la evaluación de la sala piloto del modelo, inaugurada en el 2019 en la Región Judicial de Utuado.
“La cifra de feminicidios para este año es alarmante. Esta, que representa la manifestación más terrible y urgente de la violencia de género, compone solo una de las manifestaciones diversas de violencia a la que día a día se exponen nuestras mujeres y niñas por razón de su género”, expresó la Jueza Presidenta como antesala al anuncio de la política uniforme que regirá el Programa.
Esto en el contexto de la campaña internacional “16 días de Activismo contra la Violencia de Género” a la que se unió el Poder Judicial por quinto año consecutivo. Este año, el tema de la campaña es “Invertir para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”.
“Nuestro compromiso desde el Poder Judicial para atajar esa violencia es promover todas las herramientas a nuestro alcance, en conjunto con los organismos de apoyo gubernamentales y no gubernamentales, para promulgar una justicia sensible e integrada en el que las víctimas se sientan apoyadas y empoderadas. La apertura de estas salas en cada región judicial representa una inversión significativa para prevenir, enjuiciar de manera efectiva y remediar la violencia de género y sus efectos devastadores sobre las personas, sus familias y el entorno comunitario”, destacó Oronoz Rodríguez, acompañada del Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, y ante líderes y lideresas comunitarias y representantes de todo el componente de las Salas Especializadas en Casos de Violencia de Género.
La Sala Especializada integra un espacio en un ambiente seguro para las partes afectadas por la violencia de género -entiéndase violencia doméstica, sexual o abuso sexual en menores de edad- que procuren la ayuda del tribunal y del sistema de justicia del País. Integra jueces, juezas y personal del tribunal capacitados en temas de violencia de género; calendarios especializados y, conforme a su diseño estructural, áreas de servicio separadas para cada parte y salones infantiles diseñados para minimizar el impacto en los menores de edad, sean parte del proceso judicial o acompañantes de las víctimas que acuden a la sala. En estas salas se ven tanto casos de naturaleza civil relacionados con la violencia de género como casos criminales afines, a petición del Ministerio Público.
Bajo el modelo de Sala Especializada en Casos de Violencia de Género, las personas que participan se benefician de los acuerdos colaborativos para tener acceso a los servicios integrados de una red de apoyo profesional que incluye entes gubernamentales como el Departamento de Justicia, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, el Negociado de la Policía, el Departamento de Educación, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, entre otros. Igualmente, incluye una gama de servicios profesionales por organizaciones no gubernamentales de servicio y apoyo relevantes para la comunidad de la que son parte las personas participantes.
En el 2019, la Jueza Presidenta instruyó que se ampliara el programa de las salas especializadas para atender casos de violencia doméstica para incluir también los casos de violencia sexual y abuso sexual en menores de edad. La primera Sala Especializada en Casos de Violencia de Género comenzó como modelo piloto en la Región Judicial de Utuado. Su ejecutoria exitosa la llevó a ser seleccionada como Proyecto de Innovación Rural por el Rural Justice Collaborative del National Center for State Courts. Desde entonces, el modelo se implementó en las regiones judiciales de Humacao y Mayagüez.
