Un evento realizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), en conjunto con la Asociación de Contratistas de Generales de América, capítulo de Puerto Rico, sirvió de escenario para alertar sobre los retos que enfrenta la isla ante el estado de la infraestructura de energía, agua y telecomunicaciones, así como sus implicaciones económicas.
“Los temas relacionados a la infraestructura energética, de telecomunicaciones y agua, tradicionalmente se han discutido de manera separada. Sin embargo, cada uno de ellos resulta de vital importancia para el sector privado y el desarrollo económico. Discutirlos de forma conjunta nos permite analizar los problemas que obstaculizan cada sector y promover la discusión seria de potenciales soluciones”, dijo el presidente de la CCPR y presidente de Fulcro Insurance, Inc, el licenciado Ramón Pérez Blanco.
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En el aspecto energético, el director del Equipo de Modernización de la Red de Puerto Rico del Departamento de Energía federal, licenciado Agustín F. Carbó-Lugo, ofreció una actualización de los trabajos del equipo, luego de que recientemente se cumpliera un año de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una asignación de $1,000 millones de dólares para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico, con un enfoque en comunidades desventajadas y vulnerables. El Equipo de Modernización de la Red de Puerto Rico utilizará las conclusiones del recién publicado “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable” (PR100) para coordinar el flujo de fondos federales y atender los retos para el despliegue de infraestructura eléctrica.
Además de los retos energéticos, Pérez Blanco también destacó la importancia de las condiciones de la infraestructura de agua ante los cada vez mayores efectos del cambio climático.
“Recientemente, hemos experimentado de primera mano el efecto detrimental de las inundaciones repentinas provocadas por intensas lluvias, combinadas con la obsolescencia de los sistemas de alcantarillado y agua potable, así como la pobre planificación, en la actividad económica de la zona metropolitana”, destacó el líder empresarial.
Por su parte, el director ejecutivo del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, el ingeniero Carl Axel Soderberg, señaló el desafío que representa para Puerto Rico la esperada merma en la disponibilidad de agua. Explicó que Puerto Rico figura entre los 10 países de menor disponibilidad de agua per cápita en América Latina. De hecho, la disponibilidad de agua en la isla es de 1,814 metros cúbicos al año, un 37% del promedio mundial, y por debajo de los 2,600 metros cúbicos de agua per cápita para las Antillas, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los factores que agravan la baja disponibilidad incluyen la pérdida de agua en el sistema de distribución que ronda un 55%, la pérdida de 60% en los canales de riego agrícola, y la alta sedimentación de los embalses. Se anticipa por la Administración del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), que la lluvia se reducirá para las Antillas Caribeñas en un 10% para el 2030 y en un 20% para 2050. Soderberg, también exdirector de la Agencia Federal de Protección del Ambiente (EPA), mencionó que otro reto en este renglón es la intrusión de agua de mar en los acuíferos y en los segmentos de ríos cercanos a las costas.
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El evento contó con la participación del presidente y CEO de LUMA Energy Puerto Rico, Juan Saca, y el vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Publicidad de Genera PR, Iván Báez. Este último expuso las metas de Genera PR, que incluyen incrementar la capacidad de generación eléctrica de 46% a 65% para 2024, reducir las interrupciones de servicio en 50% para 2025, reemplazar 320 MW en servicios ancillaries para servicios de apoyo a la red eléctrica y reducir los llamados relevos de carga en más de un 90% para el 2025.
La agenda del foro de infraestructura también abordó otros temas como las metas 2024 y 2030 para el sistema energético y su impacto en la competitividad; los desafíos de la infraestructura de agua; y una actualización sobre el uso de los fondos del Programa de Equidad, Acceso y Despliegue de la Banda Ancha (BEAD, por sus siglas en inglés). Este último ha destinado $42 mil millones de dólares para la expansión del acceso a Internet de alta velocidad a través de la planificación, la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y su adopción en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico.
