El Tribunal Supremo de Puerto Rico, rechazó el jueves, dos solicitudes de certificación del Senado y el Gobierno de Puerto Rico, relacionadas con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“Examinadas la solicitud de Certificación y la Urgente moción en auxilio de jurisdicción (CT-2023-4) presentadas por el Senado de Puerto Rico el 22 de noviembre de 2023 y el 28 de noviembre de 2023, respectivamente, se provee no ha lugar a ambas”, indica el documento.
“Examinadas, además, la solicitud de certificación intrajurisdiccional, así como la Urgente moción en auxilio de jurisdicción (CT-2023-5), presentadas por el Gobierno de Puerto Rico el 29 de noviembre de 2023, se provee no ha lugar a ambas”, añade.
Por otro lado, se consolidan los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por el Senado de Puerto Rico, CT-2023-4, y el Gobierno de Puerto Rico, CT-2023-5. De ahora en adelante todo documento presentado en relación a éstos deberá contener el epígrafe de la presente Resolución y todas las partes en los casos aquí consolidados deberán notificarse entre sí de todo documento a presentarse en los mismos”, lee la Resolución.
La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y otros jueces presentaron opiniones disidentes, destacando la relevancia y urgencia del caso.
Oronoz Rodríguez, en su opinión disidente, declaró: “Discrepo del proceder de una mayoría de este Tribunal. Considero que la controversia que se nos planteó -la cual es de estricto derecho- es de la más alta envergadura e interés público y debió ser tratada como tal y atenderse con la urgencia que amerita”. Enfatizó la influencia del caso en la operación de la CEE y el sistema democrático, y abogó por una resolución rápida para establecer claridad legal.
El Juez Asociado Luis Estrella Martínez también mostró su discrepancia, enfocándose en la importancia del caso para la legitimidad de los procesos electorales. Expresó: “Particularmente hoy se cuestiona la facultad de los Comisionados Electorales para atender la vacante de la Presidencia de la CEE”. Martínez abogó por brindar certeza jurídica en este asunto de alto interés público.
El Juez Asociado Ángel Colón Pérez se centró en la capacidad de Jessika Padilla Rivera, la actual presidenta en funciones de la CEE, para ejercer funciones presidenciales. Argumentó que la controversia debería haberse resuelto para corregir anomalías en el funcionamiento de la CEE.
“La controversia que hoy se trae ante nuestra consideración es una secuela natural de la decisión que una mayoría de este Tribunal”, afirmó Colón Pérez, quien subrayó la necesidad de abordar adecuadamente las implicaciones constitucionales.
