El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, ordenó la suspensión de empleo y sueldo del agente Félix Rivera Quiñones, quien, en el día de hoy, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia presentó cargos por comprar gasolina para uso personal con la tarjeta electrónica asignada para abastecer un vehículo oficial de la agencia.
“Los recursos públicos le pertenecen al pueblo, no a los funcionarios. A los policías nos adiestran para servir con honradez y bajo el marco de la ley, no para agenciarnos beneficios personales a costa de los recursos de nuestros ciudadanos”, aseveró López Figueroa.
“Todo el que no sepa hacerle honor a su uniforme, tendrá que enfrentar las consecuencias”, agregó.
Félix Rivera Quiñones enfrenta cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
Los fiscales Arlene Patiño Lorenzo y Enrique Rodríguez Álamo también le formularon un cargo por violar el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Dicha disposición establece que “[u]n servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Según la investigación, el 5 de enero de 2023, el imputado se presentó a una estación de gasolina y utilizó una tarjeta electrónica de la flota asignada a un vehículo de su agencia, para comprar combustible y abastecer su vehículo privado. Es decir, que el combustible con el que abasteció su vehículo fue pagado con fondos públicos. La vista preliminar quedó pautada para el 13 de diciembre de 2023, en la sala 605.
“Nadie puede beneficiarse personalmente de los bienes que le pertenecen al pueblo puertorriqueño. Quien cometa este tipo de delitos, enfrentará la justicia”, manifestó más temprano el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en declaraciones escritas.
La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $40,000 dólares, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).
