Las autoridades federales arrestaron el lunes a tres individuos acusados por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico, el 27 de noviembre, por conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, distribución de estas sustancias, posesión de ametralladoras para actividades relacionadas con el tráfico de drogas, y otros delitos relacionados con armas de fuego.
“Interrumpir las redes de tráfico de drogas es vital en nuestro esfuerzo continuo para combatir la crisis del fentanilo en América y salvar vidas”, expresó el fiscal federal W. Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.
De acuerdo con los documentos judiciales, Miguel Figueroa Rodríguez, alias “Tote”, José Torres Narvaez, alias “El Menor”, y Taishia Figueroa Cruz, desde una fecha no determinada, pero no más tarde del 22 de agosto de 2023, conspiraron entre sí y con otros para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, y posesión de armas de fuego en apoyo a delitos de tráfico de drogas, así como en el negocio de tráfico de armas sin licencia. A Torres Narvaez también se le acusa de ser un delincuente en posesión de armas de fuego.
“La crisis de opioides está cobrando vidas de estadounidenses cada día y nuestra misión aquí en Puerto Rico es proteger a nuestra gente de esta tragedia nacional”, afirmó Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
Durante la conspiración, los acusados realizaron una serie de transacciones:
– El 25 de agosto de 2023, vendieron aproximadamente medio kilogramo de fentanilo y un arma de fuego automática al FBI.
– El 22 y 26 de septiembre de 2023, vendieron aproximadamente un kilogramo de cocaína y un arma de fuego automática al FBI.
– El 16 de octubre de 2023, vendieron al FBI aproximadamente un octavo de kilogramo de una sustancia que dio positivo para fentanilo, un arma de fuego Glock, y un AR-Tipo Arma de Fuego Fabricada Privadamente (“PMF”).
En el momento de su arresto, estaban en posesión de aproximadamente medio kilogramo de una sustancia sospechosa a cocaína.
Los acusados están programados para su primera comparecencia en la corte ante el juez federal Marshal Morgan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son condenados por los cargos de conspiración de tráfico de drogas, enfrentan un mínimo obligatorio de 10 años de prisión con una pena máxima estatutaria de cadena perpetua.
Los delitos de armas de fuego en avance del tráfico de drogas conllevan una pena consecutiva de treinta años (ametralladoras) o cinco años (armas de fuego) hasta cadena perpetua.
El delito de ser un delincuente en posesión de armas de fuego conlleva una pena máxima de diez años de prisión y el de tráfico de armas sin licencia conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Un juez de la corte de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.
El Buró Federal de Investigaciones, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos están investigando el caso.
El fiscal federal auxiliar y jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional Max Pérez Bouret; la Subjefa de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, fiscal federal auxiliar María Montañez Concepción; y el fiscal federal auxiliar Antonio López Rivera procesan el caso.
Esta acusación es parte de una investigación de la Fuerza de Tareas de Ejecución del Crimen Organizado de Drogas (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los traficantes de drogas de alto nivel, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias, impulsado por inteligencia y coordinado por fiscales, que aprovecha las fortalezas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales contra redes criminales.
Una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
