La representante por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, insistió en su denuncia por el impacto ambiental que representará la construcción de un tramo de 7.5 kilómetros en la carretera PR-10, entre Adjuntas y Utuado, para la que el gobierno destinará $552 millones de fondos federales.
“La propuesta de construcción ahorraría apenas ocho minutos de tiempo a costa del impacto adverso a las tierras agrícolas, la hidrología y el hábitat de especies importantes y en peligro de extinción”, declaró la legisladora hoy, jueves, en conferencia de prensa.
“Ni las comunidades en Utuado, ni las comunidades en Adjuntas han sido consultadas, ni siquiera orientadas, por lo cual desconocen el impacto que puede tener el proyecto sobre sus vidas y su seguridad. No ha habido una sola vista para informar o captar el sentir de la comunidad. Es un proyecto que se hace a escondidas”, aseguró.
En enero de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció la inversión, proveyente de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés), para expandir la carretera PR-10 de Utuado a Adjuntas.
En junio de 2022, Nogales Molinelli presentó la Resolución de la Cámara 775 para solicitarle, a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), copia de cualquier documento que describa las rutas, viabilidad, impacto ambiental y social, costo-beneficio e itinerario de cada una de las alternativas propuestas para el proyecto de extensión de la PR-10 entre Utuado y Adjuntas.
“La misma fue contestada, parcialmente y, luego de varias gestiones, el 17 de agosto de 2022 pudimos obtener otras fuentes de información”, dijo Nogales Molinelli.
Además, la funcionaria informó que, pese a sus intentos para reunirse con el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, este no ha respondido.
Cuestionan a quién beneficiaría el proyecto
El primer mandatario aseguró que la extensión beneficiará a 1.3 millones de personas y generará aproximadamente 9,720 empleos para los residentes de la zona central, traducidos en 5,400 directos, 3,780 indirectos y 540 inducidos.
No obstante, Nogales Molinelli sostuvo que “la carretera no beneficia a la gente de Adjuntas ni a la gente de Utuado, ya que la mayoría de las personas que viven en Adjuntas y trabajan fuera, trabaja en Ponce, y la mayoría de las personas que viven en Utuado, y trabajan fuera, lo hacen en Arecibo”.
Según los datos provistos por la representante, solamente un 4.3 por ciento de los adjunteños trabaja en Utuado, y el cero por ciento de las personas que viven en Arecibo trabaja en Adjuntas.
Actualmente, el tramo que va de Ponce a Adjuntas continúa por la carretera PR-123, pero, conforme al químico y catedrático Neftalí García, esta se congestiona cuando transitan camiones de gran tamaño, que usualmente transportan combustible o materiales de construcción.
“A la gente de Utuado y Adjuntas, en lo fundamental, no les hace falta la autopista. Lo que les hace falta es que se mejore la carretera (PR-123) para que los camiones de gran tamaño no generen tapones y no generen un problema a los pocos que transitan entre Utuado y Adjuntas, y entre Adjuntas y Utuado”, expresó García.
“La gente de Utuado y Adjuntas es la excusa, no es la realidad”, continuó.
Impacto ambiental
El ingeniero Efraín Irizarry, quien trabajó con la ACT – antes Obras Públicas – desde la década de 1960 y participó, desde el inicio, en el estudio y preparación de la PR-10, indicó que el proyecto actual no tiene un balance entre los cortes y rellenos. Entonces, cuestionó dónde se depositará el sobrante de un millón de metros cúbicos.
Asimismo, Irizarry y García denunciaron que la sedimentación producto de la construcción, cortes y rellenos afectaría a varios cuerpos de agua, incluyendo al Río Grande de Arecibo, el cual suple agua al Lago Dos Bocas, que, a su vez, suple agua al área metropolitana a través del Súper Acueducto.
“Es un proyecto difícil de construcción y, durante la misma, no ayuda que va a haber un gran movimiento de tierra que va a provocar posibles daños a la cuenca del Río Grande de Arecibo. Toda esa agua que baja desde Adjuntas va a llegar al Lago Dos Bocas con la consecuencia de, como pasa en el Lago Carraízo, la sedimentación”, dijo Irrizary.
De igual forma, el ingeniero comunicó preocupación ante la utilización de la estrategia ‘design build’ para trabajar dos tramos de la extensión, pues “este tipo de construcción en un espacio sumamente difícil y complicado debe estar bien planificada y no debe atenderse con pura improvisación”.
“¿Cómo se va a hacer un análisis del impacto ambiental en dos tramos que no están diseñados?”, cuestionó la representante Nogales Molinelli.
García señaló que el análisis del impacto ambiental de la expansión de la PR-10 se realizó por partes, lo que “es una fragmentación clásica de un proyecto, y eso está prohibido por ley en Puerto Rico”.
En una vista pública de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado, en junio, el ingeniero Marco García de la ACT dijo que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre federal concurrió con la determinación de que el proyecto no afectará adversamente especies vulnerables o en peligro de extinción.
Además, en dicha vista se dilucidó que la Oficina de Gerencia de Permisos emitió la determinación de cumplimiento ambiental, la cual se mantiene vigente, estableciendo que se puede completar la construcción de la carretera.
En febrero de 2022, la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) emitió la aprobación de la documentación de revaluación ambiental presentada por la ACT para los cuatro segmentos remanentes.
No obstante, el catedrático señaló que “no hay realmente un documento ambiental para la evaluación de la totalidad del proyecto, y eso es ilegal. Habrá que ver si hay apertura en las cortes en este país para revisar ese proceso ambiental”.
