El profesor José Frontera Agenjo, experto en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, profundizó sobre la implementación de tribunales especiales en otros países y los procesos legales necesarios para establecer un Tribunal de Verdad y Justicia en el contexto de la propuesta de Juan Dalmau, candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC en entrevista con Metro Puerto Rico.
Frontera Agenjo destacó que tribunales especiales se han establecido en países como Chile después de grandes crisis como guerras o conflictos, así como en Argentina, para abordar procesos históricos específicos. Sin embargo, enfatizó la importancia de considerar cómo el ordenamiento constitucional de cada país reconoce la existencia de estos tribunales dentro de sus estructuras constitucionales.
“Hubo tribunales durante la transición en Chile. Ha habido tribunales especiales en situaciones posteriores a grandes crisis y conflictos, como han sido guerras como han sido, tribunales especiales, por ejemplo, después de la guerra en los Balcanes ha habido tribunales como los que se han establecido en Argentina, en Chile, como te mencioné, para atender procesos históricos concretos. Pero hay que mirar cómo el ordenamiento constitucional de esos lugares reconoce la posibilidad de existencia de esos tribunales especiales”, explicó el profesor.
En entrevista con Metro Puerto Rico se le consultó a Juan Dalmau, acerca de alguna propuesta innovadora que pudiera causar un impacto inesperado en las elecciones generales de Puerto Rico, similar a movimientos que han desafiado la tradicional hegemonía política en otros países, Dalmau mencionó la posibilidad de enjuiciar a los implicados en la crisis que condujo a la Ley PROMESA y la formación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Deberíamos instaurar un Tribunal de Verdad y Justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel”, planteó.
Por otra parte, al referirse al impacto potencial de un Tribunal de Verdad y Justicia en la situación económica y política, Frontera Agenjo mencionó la necesidad de clarificar los objetivos del tribunal, ya sea imponer cárcel, restitución o revisar la deuda, y cómo esto podría chocar con decisiones finales y firmes de otros tribunales, como la sala especial asignada para casos de PROMESA.
En cuanto a los procesos legales para establecer un tribunal con funciones específicas como el propuesto por Juan Dalmau, el licenciado indicó que si se busca algo fuera del marco constitucional actual, sería necesario enmendar la Constitución para permitir una estructura judicial especial sin alterar la composición ordinaria de los tribunales. Señaló la importancia de verificar las enmiendas a la ley de la judicatura y los procesos particulares, considerando la actualización de reglas de procedimiento criminal y figuras como el gran jurado para casos de corrupción política.
La viabilidad de implementar un Tribunal Especial
Cuando se le consultó sobre la definición de un tribunal especial y su diferencia respecto a otros tribunales en el sistema judicial, Frontera Agenjo destacó la necesidad de considerar la estructura constitucional existente. Señaló que, según la Constitución, el Poder Judicial en Puerto Rico está definido por un Tribunal Supremo y tribunales inferiores establecidos por legislación, lo que plantea desafíos constitucionales para la implementación de un tribunal con propósito específico como el propuesto por Dalmau.
El experto en Derecho mencionó que, actualmente, las salas especializadas en el sistema de justicia son creadas por orden administrativa interna en los tribunales, asignando temas específicos a ciertos jueces. Sin embargo, un tribunal con el propósito definido como el sugerido por Dalmau requeriría una enmienda a la ley de la judicatura y una estructura acorde dentro del marco de los tribunales.
“Nuestra Constitución establece que el Poder Judicial en Puerto Rico está definido y establecido por un Tribunal Supremo y tribunales inferiores que se crean por legislación, conformando un Tribunal de jurisdicción unificada. Por ende, cualquier tribunal especial establecido para resolver delitos, como se plantea, tendría que estar dentro de esa estructura constitucional. La ley podría crear tribunales especiales en Puerto Rico. Habría que ver cómo encaja eso dentro del esquema constitucional vigente. Las salas especializadas que existen actualmente en nuestro sistema de justicia son creadas por orden administrativa interna en los tribunales, es decir, se asignan temas específicos a ciertos jueces dentro de un ámbito de política pública”, explicó Frontera Agenjo.
Frontera Agenjo también enfatizó la necesidad de considerar la independencia del tribunal propuesto. Explicó que, si el tribunal estuviera fuera del esquema constitucional, surgirían dificultades para armonizarlo con la estructura unificada de jurisdicción de los tribunales.
Además, destacó la importancia de analizar la vigencia de los delitos en el contexto de la propuesta, considerando si los delitos actuales estaban vigentes en el momento de la situación de la deuda, y si los cambios en los códigos penales podrían afectar su imputabilidad o prescripción.
Para ver la entrevista con el licenciado José Frontera Agenjo puede acceder aquí:
