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Tribunal desestima demanda del Senado sobre presidencia de la CEE

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El juez Anthony Cuevas Ramos, quien dirige la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, desestimó este lunes la demanda interpuesta por el Senado de Puerto Rico sobre la vacante de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La controversia se centraba en la legitimidad de Jessika Padilla Rivera como presidenta interina tras la renuncia del titular anterior. Cuevas Ramos detalló que Padilla Rivera de acuerdo a las normativas del Código Electoral de Puerto Rico.

“Jessika Padilla se encuentra llevando a cabo sus funciones de presidenta alterna en sustitución del presidente en propiedad de acuerdo con el Código Electoral, con todas sus facultades, deberes y prerrogativas, por lo que no se ha violentado la separación de poderes”, confirmó el juez en su fallo.

De la misma forma, Cuevas Ramos afirmó que el gobernado, Pedro Pierluisi, tiene la responsabilidad de presentar designaciones ante la Asamblea Legislativa. Esto se hace con el fin de obtener su consejo y consentimiento de manera expedita para ocupar la vacante de presidente de la CEE.

El Gobernador tiene el deber de someter nombramientos a la Asamblea Legislativa para que estos procedan a dar su consejo y consentimiento para cubrir la vacante de presidente de la CEE de manera rápida y para que no se vean afectados los procedimientos eleccionarios”, agregó.

Además, el tribunal reconoció la autonomía de la CEE y aclaró que la acción de Padilla Rivera no viola la separación de poderes.

“En cuanto a las solicitudes de remedios extraordinarios, se desestiman las causas de acción de extraordinaria de injunction, puesto que entendemos que Padilla (Rivera) está actuando según establece la ley y, de igual forma, el Gobernador ha cumplido con hacer nombramientos para llenar la vacante de Presidente de la CEE”, sostuvo Cuevas Ramos.

La decisión judicial subraya la capacidad de la presidenta alterna para ejercer las prerrogativas del cargo de presidente interino, subrayando la legalidad y conformidad de su posición actual con la legislación electoral vigente.

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