Los Sindicatos de Empleados Públicos en Puerto Rico, incluyendo Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Alianza Correccional Unida (ACU), convocaron a una marcha al ritmo de un “parrandón” frente a La Fortaleza donde exigen el pago de $400 que se les debe a todos los afiliados de Servidores Públicos Unidos. En segundo lugar, buscan que se cumpla con el aumento salarial de $746 para los oficiales correccionales, el cual fue aprobado, pero aún no se ha implementado.
La presidenta de SPUPR, Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos, señaló que la convocatoria se dirige específicamente a aquellos miembros que no estén en horario laboral, en cumplimiento con la Ley 45.
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Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME aseguran que el gobernador Pedro Pierluisi utilizó $400 del bono negociado entre SPU y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para adjudicarse que él incluyó a los miembros de SPU en la bonificación navideña que anunció de $1,000 de los cuales $600 son de bono de navidad y $400 de un bono especial. Según SPUPR, esos $400 son parte de la negociación de SPU con la JSF.
“Nuestro acuerdo es claro son $2,000 y no nos pueden excluir de los beneficios que le otorguen a los demás trabajadores del Servicio Público. Repudiamos este acto y ese pago lo vamos a luchar en todos los foros que sean necesarios. Esto es una falta de respeto a todos los trabajadores que nosotros representamos y esa deuda se la vamos a cobrar. Nos vamos a manifestar frente a La Fortaleza exigiendo el pago” señaló la presidenta SPUPR, Concilio 95 AFSCME quien catalogó este acto como “politiquería barata”.
Martínez explicó que el Gobierno, desde el primer día, ha tratado de sabotear el acuerdo. “Este año, el Gobierno realizó movimientos con el dinero del presupuesto para que al llegar el 30 de junio de 2023 sólo se pudiera garantizar el mínimo de nuestra bonificación. Ahora le otorga a todos los demás trabajadores del servicio público $400 dólares junto a su Bono de Navidad, pero a nosotros nos resta de nuestra bonificación negociada para que esos $400 parezcan que él los está otorgando a nuestros miembros y que nuestra bonificación es menor”, dijo.
Anteriormente, Martínez Santos, acusó al gobernador de excluir selectivamente a los miembros de su organización de un bono adicional de $400, a pesar de un acuerdo negociado existente para un bono de $2,000. Afirmó que esta exclusión demuestra discriminación contra los 10,000 miembros afiliados al sindicato y resaltó cláusulas dentro de su acuerdo negociado que prohíben tales exclusiones.
“Si el superávit era alto nos toca el 26% de ese superávit al final del 30 de junio, pero si no da la cantidad requerida nos tienen que dar un pago de mínimo de $2,000 pero también adicional negociamos una cláusula en ese acuerdo en donde si el gobierno le da un beneficio a un grupo de trabajadores del gobierno central no nos puede excluir a nosotros y eso fue lo que el gobernador hizo”, explicó la presidenta en entrevista con Radio Isla 1320.
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“Según ellos alegan, nos adelantaron parte de la bonificación con el bono de navidad. Eso es para que los 10,000 unionados afiliados a SPU no se dieran cuenta que el gobernador tiene un discrimen con todos los compañeros afiliados a servidores públicos Unidos (SPU) Concilio 95. Al gobernador también se le olvidó que cuando nosotros cuando nos sentamos a negociar miramos todos los escenarios posibles que podían pasar en estos 5 años”, añadió Martínez Santos.
Además, la Alianza Correccional Unida, local 3500 de SPUPR, Concilio 95 AFSCME, que representa a los oficiales correccionales, reclama que se les pague el aumento salarial de $746 mensuales a los oficiales correccionales que fue legislado y convertido en ley pero que aún no se ha implementado.
“La Ley 91 del 2022 aprobó un aumento salarial al oficial correccional de $746 mensuales y aún no lo hemos recibido. Esto es una injusticia y no vamos a cesar en nuestra lucha hasta que el Gobernador cumpla con su palabra.” sentenció Martínez Santos, quien también es presidenta de ACU Local 3500 y oficial correccional.
