La cámara baja del congreso brasileño ha aprobado una reforma general del sistema impositivo notoriamente complicado del país, en una victoria legislativa para el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que puso en juego todo su prestigio a favor del proyecto.
La esperada reforma apunta a simplificar el sistema, considerado oneroso tanto por individuos como empresas, e impulsar el crecimiento de una economía que ha oscilado entre la caída y el estancamiento durante la última década.
La reforma “facilitará las inversiones”, tuiteó Lula, quien festejó la aprobación del proyecto y agradeció al Congreso el viernes por la noche.
La reforma fue aprobada inicialmente por los diputados en julio, modificada por el Senado y reenviada a la cámara baja para su aprobación final.
La enmienda constitucional fue aprobada por márgenes mayores de tres a uno en las dos rondas de votaciones. Cuando aparecieron los resultados en la pantalla gigante, los legisladores respondieron con vítores y aplausos.
“Después de más de 40 años, el país tendrá un sistema impositivo moderno, enjuto y eficiente, que mañana cambiará la economía del país”, tuiteó el presidente de la cámara, Arthur Lira, y añadió que no es “el sistema perfecto, pero es el que se puede aprobar”.
Las relaciones entre Lula y el Congreso, dominado por los conservadores, se han vuelto tensas. Esta semana, el Congreso anuló un veto presidencial para rehabilitar leyes que anulan protecciones a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra.
Y la aprobación de la reforma impositiva requirió la asignación de fondos a los legisladores para realizar proyectos en sus estados, lo que puso de manifiesto hasta qué punto depende el gobierno de las asignaciones para obtener votos a favor de su programa económico.
Pero la aprobación es, no obstante, un triunfo para Lula, ya que se trata de una de las prioridades de su gobierno.
La reforma consolidará los cinco gravámenes principales en dos impuestos al valor agregado: uno federal y otro a repartir entre estados y municipalidades.
Bajo el sistema actual, los cinco impuestos principales sobre el consumo se recolectan en distintos niveles del gobierno, y las 27 entidades federales y más de 5.500 municipalidades imponen sus propios gravámenes frecuentemente actualizados.
El sistema genera diferencias de interpretación, lo que conduce a largas demandas judiciales y a que las empresas deban mantener enormes departamentos contables. Esto reduce los presupuestos para áreas como investigación y desarrollo y desalienta la inversión extranjera.
La reforma será sancionada en una sesión conjunta del Congreso prevista para la semana próxima.
