La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, informó el miércoles que la trabajadora social vinculada al caso de la menor Kalianys Isabel Soto Roque, quien fue asesinada en Aibonito, ha sido temporalmente apartada de sus responsabilidades actuales. La medida se tomó mientras se desarrolla una investigación administrativa en torno a su gestión del caso.
La secretaria no proporcionó el nombre de la trabajadora social debido a amenazas previas recibidas. La profesional en cuestión enfrenta desde la posibilidad de exoneración hasta sanciones que podrían incluir una reprimenda escrita o el despido.
“Es un trabajo complejo manejar estos casos”, declaró Rodríguez Troche a la prensa.
“Nuestra prioridad es proteger la integridad del caso y la seguridad del departamento, sin prejuzgar ni asignar responsabilidad en este momento. Estamos en proceso de recopilar toda la información y realizar una revisión exhaustiva de los archivos del caso”, afirmó con el respaldo de Glenda Gerena, administradora de la ADFAN.
La familia de la infante asesinada residía en condiciones que un informe del Departamento de Justicia calificó de infrahumanas, situación que ahora es parte de la investigación en curso.
La fiscalía ha presentado cargos contra Jovanie Aponte Ríos, incluyendo asesinato y maltrato, mientras que la madre de la niña enfrenta cargos por maltrato según la Ley 57-2023. Rodríguez Troche admitió no tener conocimiento previo sobre otras posibles víctimas del acusado, a pesar de que este fue entrenador de baloncesto infantil.
Actualmente, el Departamento de la Familia ha tomado custodia de dos hermanos de la víctima. Se reportaron cuatro referidos sobre la familia antes de febrero de 2023, todos relacionados con la pareja anterior de la madre de la menor. El más reciente, ocurrido en 2021, se debió a un incidente en el que un infante salió del apartamento cuando el padre se quedó dormido. Tras estos referidos, la vivienda recibió 13 visitas y se había activado un plan de servicio que, según Rodríguez Troche, se estaba cumpliendo.
La última visita antes del trágico suceso tuvo lugar el 22 de noviembre. En septiembre de 2023, durante una de las visitas, una trabajadora social conoció a Aponte Ríos. Desde febrero hasta el día del fallecimiento de la niña, no hubo referidos o llamadas adicionales registradas respecto a la situación de la menor o del individuo ahora acusado.
Debido a alegaciones de vecinos sobre intentos previos de comunicar patrones de maltrato a las autoridades, la secretaria anunció la creación del correo electrónico confidencias@familia.pr.gov para recibir información directa del público.
“Nos urge contar con la información relevante que la comunidad pueda proporcionar”, enfatizó Rodríguez Troche, quien además confirmó que se están llevando a cabo tres investigaciones paralelas: administrativa, social y criminal.
Presentan cargos contra madre y padrastro de bebé fallecida en Aibonito
El Departamento de Justicia radicó el martes, cargos criminales contra la madre y el padrastro de Kalianys Isabel Soto Roque, la bebé de un año que falleció en una residencia del Proyecto Villa de la Rosa, en Aibonito.
Los fiscales formularon cinco cargos contra el padrastro, identificado como Jovanie Aponte Ríos, que incluyen asesinato, agresión sexual y maltrato. A la madre, identificada como Yaniré Roque Lupiáñez, le presentaron cuatro cargos de maltrato en virtud de la Ley 57-2023.
Conforme a la investigación, el padrastro de la menor admitió que le ocasionó múltiples traumas que provocaron su deceso. De la investigación surge que también incurrió en hechos constitutivos de agresión sexual. La bebé fue transportada al Hospital Menonita de Aibonito donde fue declarada muerta.
A la madre de la menor se le presentaron cargos de maltrato por dejar a su hija bajo el cuidado de su padrastro a sabiendas de la conducta maltratante que este cometía. Además, incurrió en conducta constitutiva de maltrato al mantener en condiciones infrahumanas la residencia donde vivía con la niña y otros dos hijos menores de edad.
La jueza Mariely Paradizo Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, encontró causa para arresto contra ambos imputados.
Al padrastro de la menor se le fijó una fianza de $6 millones. Mientras que a la madre de la niña se le impuso una fianza de $4 millones. La vista preliminar será el 3 de enero.
“Los hechos de este caso son repudiables y nos conmueve sobre manera lo que atravesó la bebé de tan solo un año, víctima de los delitos atroces cometidos por quienes tenían la responsabilidad de cuidarla, protegerla y velar por su bienestar. Las acciones de ambos serán procesadas con todo el peso de la ley”, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La madre también admitió ayer, lunes, que el hombre de 22 años abusó sexualmente de la bebé.
“La violó durante meses y yo ni cuenta me di”, alegó la mujer, quien también fue detenida por las autoridades.
Al los reporteros de diversos medios de comunicación preguntarle a Roque si se arrepentía de algo, esta aseguró que estaba arrepentida de amar a la persona equivocada.
“Sí, estoy arrepentida por cometer un error. (Mi error fue) amar a alguien que no se lo merecía”, sostuvo.
Aponte Ríos, quien estaba “cuidando” a la infante, admitió que la había agredido sexualmente luego de ser arrestado.
Según el informe preliminar del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 los alertó de la muerte de la bebé en el residencial tras la querellante, Roque, informar que la menor alegadamente había sufrido una caída de la cama provocándole lesiones de gravedad.
La misma fue transportada por paramédicos de Emergencias Médicas al Hospital Menonita en el mencionado municipio, donde llegó sin signos vitales. La infante presentaba hematomas en la frente, parte posterior de la cabeza y sangrado en los oídos.
Además, el fiscal Ernesto Quezada informó a Telenoticias (Telemundo) que según la doctora que revisó a la menor a su llegada al hospital, esta presentaba “deformidad” en sus partes íntimas, por lo que entienden que pudo haber sido abusada sexualmente.
A raíz de los hechos, se activó el protocolo en casos de menores y agentes de la División de Homicidios y la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aibonito, se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
También, se le dio conocimiento al personal del Departamento de la Familia (DF) y se le designó un número de referido al caso.
