El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, defendió el lunes el polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que pretende realizar una reforma del Estado y una profunda desregulación de la economía.
“Pareciera que algunos por sadismo, y otros por corruptos, quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria”, dijo Milei en su cuenta de X, antes Twitter, en plena jornada navideña.
Para reafirmar su postura, Milei recordó unas declaraciones del exmandatario argentino Arturo Frondizi (1958-1962) respecto a un DNU que impulsó durante su mandato “por el caso de los contratos petroleros que fueron el pilar del despegue de su gobierno”. Frondizi señaló — entre otras cosas — que “el plan de drásticas reformas y de rápida movilización de recursos que estamos ejecutando impone el quebrantamiento de la rutina administrativa”, citó Milei.
El decreto que el líder de La Libertad Avanza dio a conocer el miércoles ha enfrentado un firme rechazo de los partidos opositores, sindicatos, y organizaciones sociales que señalan que el presidente pretende forzar unas 300 modificaciones a decenas de leyes que rigen el sistema económico, lo que generará un fuerte ajuste y sin contar previamente con suficiente consenso político y social.
El DNU cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina — que reúne a los principales empresarios —, la cual lo calificó como “una oportunidad histórica” porque apunta a combatir “el tamaño excesivo del Estado” y las “muy negativas consecuencias” que han tenido los déficits en cuentas públicas durante décadas.
Los empresarios cuestionaron que el sector privado haya estado sometido “a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior”.
Áreas como el trabajo, la salud, el consumo, el alquiler de viviendas, el turismo, las comunicaciones y hasta el fútbol se verán impactados por el decreto.
Milei ha señalado que este y otros paquetes de reformas que piensa impulsar desacelerarán la inflación y mejorarán la economía. El alza de precios es de casi 161% anual y la pobreza alcanza a más del 40% de la población.
Grupos civiles han denunciado en la justicia que el DNU es inconstitucional porque avanzaría sobre facultades del Congreso y contendría disposiciones que no estarían justificadas dentro de un contexto de “circunstancias excepcionales”, que habilitarían su elaboración por parte del Ejecutivo.
El gobierno de Milei enviará el decreto al Congreso en los próximos días para que sea tratado por una comisión bicameral, la cual debe emitir un dictamen que sería debatido posteriormente en ambas cámaras.
El DNU puede ser avalado con el respaldo de una sola cámara legislativa, y también quedaría vigente en caso de que el Congreso no se llegue a pronunciar. El decreto permanecerá en vigor mientras las dos cámaras del Congreso no lo rechacen con una mayoría absoluta.
