En preparación para el año electoral que comenzó el 1 de enero, el contralor electoral, Wálter Vélez, explicó las medidas de control durante la veda electoral, ahora renombrada como la veda de anuncios, para evitar posibles infracciones a la ley de financiamiento de campañas políticas.
La legislación, que tiene sus raíces desde 1974, busca impedir el uso de fondos públicos o recursos gubernamentales para favorecer a algún partido político, candidato o ideología en desmedro de otros aspirantes que no ocupan cargos políticos electivos.
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Vélez detalló que ninguna entidad gubernamental, incluyendo los municipios, podrá usar fondos públicos con la intención de promover logros, mensajes partidistas o políticos que resalten o desfavorezcan a algún candidato, funcionario electo o partido político. Para garantizar esto, cualquier anuncio o artículo promocional debe ser aprobado por la Oficina del Contralor Electoral (OCE), y aquellos difundidos sin autorización podrían enfrentar multas desde $10,000 hasta $25,000 dólares.
“Lo primero que nosotros hacemos es que cada una de estas ramas o municipios tiene un deber de, cuando existan fondos públicos y vayan a hacer un anuncio, un artículo promocional tiene que pasar por la Oficina del Contador Electoral para nosotros aprobarlo, aprobarlo condicionalmente a que se eliminen ciertos criterios o denegarlo. Y todo anuncio que se apruebe que tiene que tener la frase, ‘Autorizado por los funcionarios contador electoral’”, explicó Vélez, quien añadió que la Junta Examinadora de Anuncios se encarga de evaluar los anuncios.
Vélez enfatizó tres aspectos cruciales durante la evaluación de anuncios gubernamentales pagados con fondos públicos. El primer criterio apunta a la combinación de colores utilizados, para evitar que predominen colores asociados a partidos políticos registrados ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Se busca prevenir la utilización excesiva de un color que represente al partido al que el funcionario pertenece, para evitar una posible asociación con su aspiración a un cargo político.
El segundo criterio aborda el uso de eslogan de campaña, símbolos, frases o lemas que pudieran tener connotaciones políticas partidistas en anuncios financiados con fondos públicos. Se busca impedir que estos elementos formen parte de una campaña electoral de cualquier aspirante, candidato o partido político.
El tercer criterio se refiere a la utilización de símbolos compartidos entre la campaña de un candidato y los anuncios gubernamentales. Si un municipio, por ejemplo, usa un símbolo que también es parte de la campaña de un candidato, rechazarán el anuncio gubernamental para evitar asociaciones con la campaña política.
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El contralor electoral enfatizó que está “completamente prohibido el hablar de logros, de realizaciones de metas, de proyecciones de planes”.
Anteriormente, la comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, acusó a su contendor primariasta, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, de haber gastado $60 millones de dólares en publicidad para promocionar la llamada “obra”.
“Estar diciendo que el gobierno gastó la cantidad de $6 millones de dólares en anuncios en los medios, eso es un disparate. Uno no puede estar hablando así, sin constatar las cosas, confirmar lo que uno dice”, sostuvo el primer ejecutivo en una conferencia de prensa celebrada en noviembre de 2023, quien aseguró que el gasto en publicidad fue empleado de manera prudente y responsable.
Por otra parte, Vélez explicó que la veda prohíbe el uso de fotos, nombres o referencias a cargos electivos en los anuncios gubernamentales, a menos que sea requerido por ley, como en el caso de subastas con fondos federales.
Para educar a las agencias gubernamentales y municipios sobre estas regulaciones, la OCE llevó a cabo adiestramientos y está ofreciendo recursos educativos en su página web.
Según informó Veléz, al momento, 49 de los 78 municipios se han registrado en el sistema de autorizaciones, mientras que 65 agencias de un total cercano a 90 ya han completado este proceso. Mientras que, en anticipación al inicio de la veda el 1 de enero, recibieron 862 solicitudes de autorización.
