Este año, se verán en los tribunales casos por corrupción que enfrentan una exlegisladora, tres alcaldes, una exgobernante, empresarios, entre otros.
Asimismo, entre las vistas de sentencia que aún quedan pendientes tras declaraciones de culpabilidad, se encuentran las de dos exalcaldes y dos empresarios.
PUBLICIDAD
Sobre el problema de la corrupción en Puerto Rico, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido, Issel Masses Ferrer, entiende que este no se está atendiendo desde su núcleo, pues las entidades fiscalizadoras cuentan con recursos limitados.
Además, la experta en política pública resaltó la importancia de que los organismos de fiscalización cuenten con total independencia respecto al gobierno.
“Si bien la ciudadanía está frustrada, y esa presión adicional puede generar ciertos resultados, las condiciones de los problemas que estamos viendo en la fiscalización y en la protección de nuestros recursos no se están atendiendo desde la raíz, así que probablemente el resultado va a ser limitado”, expresó.
A continuación, presentamos una lista de las figuras públicas sometidas a juicios, en 2024, por actos indebidos:
María Milagros “Tata” Charbonier Laureano
María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, quien fungió como representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde 2013 hasta 2020, enfrenta un juicio ante el Tribunal federal tras supuestamente inflar el salario de su entonces secretaria, Frances Acevedo Ceballos, para recibir, a cambio, porciones de $1,000 a $1,500 de cada cheque de esta última.
PUBLICIDAD
Los cargos que pesan en contra de Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, son conspiración, lavado de dinero, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos y robo.
La exlegisladora, por su parte, también enfrenta un cargo por obstrucción a la justicia, tras destruir datos en su celular.
Acevedo Ceballos se declaró culpable, en noviembre, por el esquema de soborno tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal.
El juicio en contra de la exrepresentante y su esposo, quienes fueron arrestados en julio de 2020, inició el pasado 11 de diciembre, y fue suspendido– para sorpresa de las partes– el martes 19 de diciembre, debido a una situación de salud de la jueza encargada del caso, Silvia Carreño Coll.
El pleito se reanudará el 8 de enero de 2024.
Luis Irizarry Pabón
En abril de 2023, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), determinó designar un fiscal especial independiente al ahora suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El PFEI presentó cuatro cargos contra el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) –dos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y dos por enriquecimiento injustificado– durante una vista que se llevó a cabo el 31 de octubre de 2023.
Posteriormente, la jueza Adria Cruz Cruz encontró causa para arresto en todos los cargos contra el alcalde.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, contralora de Puerto Rico, que, a su vez, fue referida por la funcionaria al secretario de Justicia.
Mediante dicha comunicación, se informó que el alcalde le había asignado, a dos funcionarios municipales, solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al PPD que laboraban en el municipio.
En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso, se argumenta que el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón, que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.
Además, se alega la existencia de un esquema de kickbacks (comisiones ilegales), mediante el cual el alcalde ponceño le asignó, a otros dos funcionarios, la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.
La vista preliminar está pautada para el 23 de enero de 2024.
Wanda Vázquez Garced
La exgobernadora penepé Wanda Vázquez-Garced será juzgada ante el Tribunal federal en un pleito por corrupción programado tentativamente para principios de este año.
Vázquez-Garced fue acusada de participar en un esquema de soborno con el que supuestamente pudo haber tenido acceso a dinero para su campaña contra el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.
En noviembre, el Tribunal federal ordenó que se lleven a cabo juicios por separado en los cargos que enfrenta la exgobernadora y los coacusados: el exagente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) Mark Rossini y el banquero Julio Herrera Velutini.
La jueza Carreño Coll, quien fue asignada al caso luego de que el juez Raúl Arias Marxuach se inhibiera, decidió que los cuatro cargos contra los tres acusados– que les imputan una conspiración de soborno– vayan a juicio primero.
Entonces, se verá, en un juicio separado, tres cargos adicionales– por una supuesta conspiración para sobornar a Pierluisi Urrutia– que se le imputan solamente a Herrera Velutini.
Carreño Coll le sugirió, a las partes, comenzar en febrero o marzo, pero la abogada de Herrera Velutini, Lilly Ann Sánchez, advirtió que fijar una fecha sería ambicioso, pues solicitarán que el caso se atienda en otro tribunal o que sea un juez de otra jurisdicción quien presida el caso.
La exfuncionaria fue arrestada en su residencia, por el FBI, el 4 de agosto de 2022.
José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez
El 3 de noviembre de 2023, se encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez y la directora de Finanzas y Presupuesto de dicho municipio, Yahaira Valentín Andrades.
Estos enfrentan cargos de conspiración y malversación de fondos públicos, pues supuestamente malversaron unos $9 millones que iban destinados a mejoras para el Centro de Trauma de Mayagüez.
En cambio, el alcalde popular y Valentín Andrades alegadamente autorizaron el uso de esos fondos para inversiones fuera de la isla.
Rodríguez Rodríguez fue suspendido de sus funciones, en marzo de 2022, luego de que así lo determinara la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) del PFEI.
Aunque el juicio estaba pautado para iniciar el pasado 22 de diciembre, esto no sucedió debido a que, ese día, tanto la fiscalía como la defensa del alcalde y Valentín Andrades solicitaron entrar en un periodo de descubrimiento de prueba.
La vista de estatus del caso será el 14 de febrero de 2024, a las 10:00 a.m, en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.
Además, aún quedan pendientes las sentencias que emitirán los tribunales en contra del exalcalde penepé de Cataño Félix “El Cano” Delgado Montalvo, el excontratista Oscar Santamaría Torres y el exrecaudador del PPD Anaudi Hernández Pérez, quienes hicieron alegación de culpabilidad en un acuerdo de cooperación con las autoridades.
Delgado Montalvo firmó dicho acuerdo el 30 de noviembre de 2021, tras ser acusado de conspirar para recibir sobornos y kickbacks.
La vista de sentencia de Pérez Otero fue pospuesta por tercera vez, quedando pautada para el 12 de febrero de 2024, a las 3:00 p.m., en la sala 1 del Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan.
Santamaría Torres enfrenta hasta cinco años de cárcel por esquemas de soborno relacionados con pagos y regalos a cambio de contratos para su compañía de recogido y disposición de basura, Waste Collection.
El 11 de febrero de 2016, Hernández Pérez se declaró culpable, luego de que un gran jurado emitiera 25 cargos contra los implicados en un esquema de fraude, encabezado por el exrecaudador del PPD, para obtener contratos y beneficios en varias agencias del gobierno.
También, el exalcalde penepé de Guaynabo Ángel Pérez Otero enfrentará su vista de sentencia, luego de que un Gran Jurado federal lo encontrara culpable el pasado año.
El 22 de marzo de 2023, se encontró culpable al exalcalde de Guaynabo por cargos de soborno, extorsión y conspiración. Esto luego de recibir sobornos del convicto abogado Santamaría Torres, a cambio de otorgarle contratos en el municipio, según se convenció el jurado.
“Sabemos que, en Puerto Rico, hay un problema real de corrupción, de lavado de dinero, entre otros delitos económicos. Y, sin embargo, como quiera no estamos desarrollando una estrategia pública en conjunto con la ciudadanía”, puntualizó la directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
