La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sometió ayer una moción, ante el Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, para que se declare no ha lugar la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de cancelar el convenio colectivo del sindicato y de tomar control del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El presidente de la UTIER, Josué Mitjá, argumentó que la JSF incumplió con un requisito de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), por sus siglas en inglés), que establece llevar a cabo gestiones de buena fe para negociar, con las uniones, las modificaciones necesarias para reestructurar la deuda.
“La Junta incumplió con su deber de negociar de buena fe con la UTIER para evitar el rechazo y llegar a un acuerdo. La intención de la Junta de Control Fiscal pretende hacer pagar a los trabajadores por años de mal manejo financiero de la AEE, que siguieron luego de la llegada de la propia Junta, con la intención deliberada de no pagar las aportaciones para quebrar el Sistema de Retiro por razones ideológicas”, explicó Mitjá en conferencia de prensa hoy, miércoles.
Además, los portavoces de los empleados de Energía Eléctrica recalcaron que, aún cuando su convenio incluye una cláusula sobre el Sistema de Retiro, este es una entidad jurídica aparte, por lo que rechazar el convenio no puede tener el efecto de eliminar el Sistema de Retiro para todos sus miembros.
“Ellos [la JSF] quieren eliminar el convenio por razón de que en el convenio hay una cláusula que se refiere a la existencia del Sistema de Retiro, y nosotros estamos diciendo que esa propuesta es de mala fe porque el Sistema de Retiro no depende del convenio. El Sistema de Retiro vive aparte”, dijo el licenciado Ronaldo Emmanuelli Jiménez.
“Estamos diciendo ‘hay mala fe porque la Junta quebró el Sistema de Retiro y pretende que los trabajadores paguen ahora por eso y en las negociaciones no cumplieron con los estándares de la ley y de la jurisprudencia que se tiene que dar en buena fe”, indicó el abogado.
Emmanuelli Jiménez aclaró que la petición de la JSF no es eliminar la UTIER, sino el convenio. “La UTIER seguiría siendo el representante exclusivo de todos los trabajadores que quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica, pocos, pero que hay un número”, expresó.
Mitjá especificó que cerca de 3,000 personas fueron movilizadas, por lo que ya no son parte de la UTIER; colectivo que cuenta con unos 129 empleados al momento. No obstante, el Sistema de Retiro incluye a todos los empleados, independientemente de si forman parte de la Unión.
El Sistema de Retiro de Empleados de la AEE (“PREPA ERS”) confirmó que la agencia debe $1,296 millones en contribuciones patronales no pagadas desde 2016 hasta la fecha, más $5,679 millones adicionales en el futuro.
Tanto así, que, en abril de 2023, enviaron a los pensionados un “Aviso de Insolvencia” indicando que no podían pagarles sus pensiones a partir de mayo de 2023.
El líder sindical enfatizó que “fue la propia AEE quien llevó el Sistema de Retiro a la insolvencia al dejar de pagarle $1,300 millones en aportaciones, pero ahora la Junta [de Supervisión Fiscal] usa esa deuda como argumento para que se permita eliminar el convenio”.
Mitjá recordó que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro presentó una propuesta más económica, que cubre los gastos del plan sin tener que aumentar la factura de la luz, pero sostuvo que esta fue ignorada.
“Somos testigos de cómo la Junta usa la quiebra del retiro, quiebra que ellos mismos propiciaron, como la excusa perfecta para dejar a miles de trabajadores sin su retiro con tal de pagarle a los bonistas buitres. Si el dinero que usaron para la privatización con LUMA y Genera lo hubiesen usado en el sistema de retiro, no estuviésemos hoy debatiendo este tema, pero al parecer, la intención política e ideológica de intentar destruir la UTIER, va por encima del bienestar del pueblo”, insistió.
El presidente gremial manifestó que la UTIER y demás sindicatos irán “hasta las últimas consecuencias” y no descartan organizar una “huelga del pueblo” para denunciar los atropellos del gobierno y la Junta.
Según se informó, este asunto se atenderá ante la jueza federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, en la vista pautada para el 24 de enero de 2024.
“El 24 de enero la jueza va a celebrar una audiencia en Nueva York, donde se va a discutir todo lo que se está presentando aquí y ella resuelve. Pero eso va a ser una resolución dentro del caso de la quiebra”, aclaró Emmanuelli Jiménez.
Reacción de la Junta de Control Fiscal
Por su parte el ente creado por la Ley federal PROMESA, reaccionó insistiendo que el sistema de pensiones de la AEE necesita una reforma que catalogaron como “inevitable y urgente”.
“La necesidad de reformar el Sistema de Pensiones de la AEE es inevitable y urgente. El Sistema de Pensiones de la AEE está insolvente. Los abonados de la AEE son la única fuente de pagos al Sistema de Pensiones de la AEE”, lee la comunicación enviada por la Junta de Control Fiscal.
“La Junta de Supervisión negoció con la UTIER para llegar a un acuerdo sobre modificaciones consensuadas al Sistema de Pensiones. Desafortunadamente, la UTIER no aceptó una resolución consensuada que protegiera a los abonados de la AEE y brindara certidumbre a los pensionados de la AEE”, concluye.
Emplazan a Pierluisi Urrutia y le advierten que tendrá un “proceso primarista complicado”
Mitjá aprovechó la conferencia de prensa para emplazar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que detenga “el abuso” de la JSF.
“Lo único que ha hecho es esconderse detrás de la Junta [de Supervisión Fiscal] para aprobar todo lo que ellos proponen”, tronó el líder sindical contra el primer ejecutivo.
Además, Mitjá le advirtió, al gobernador, que, de no responder a sus peticiones, “va a tener un proceso primarista complicado porque nosotros no vamos a ceder ni a entregar ni un punto ni una coma de nuestro convenio colectivo”.
