El año nuevo no dio tregua y durante la primera semana de enero el archipiélago fue escenario de dos nuevos casos fatales de violencia de género del año: el asesinato de una mujer de 75 años en Toa Alta, y otro en Ciales.
El mes pasado, el gobernador Pedro Peirluisi extendió la Declaración de Emergencia por Violencia de Género en el país hasta el 31 de diciembre de 2024, al firmar la Orden Ejecutiva 2023-039.
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Desde el 25 de enero del 2021, fue firmada la primera orden y según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, desde ese año hasta septiembre 2023, se reportaron 59 feminicidios en Puerto Rico. Esta información se recopiló en colaboración con el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses.
Sin embargo, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) de Puerto Rico registró 72 feminicidios en la isla, datos que corresponden solamente al año 2023.
“De estos, 23 son feminicidios íntimos (32 % de todos los feminicidios); un trans feminicidio (1 %); cuatro feminicidios familiares (6 %); cinco feminicidios no íntimos (7 %); seis feminicidios indirectos –todos relacionados con crimen organizado (8 %), y 33 feminicidios que aún se encuentran bajo investigación (46 % de todos los feminicidios)”, describe el OEG en su informe de fin de año.
La nueva orden ejecutiva promueve la continuidad de los proyectos e iniciativas implementadas por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación a la Violencia de Género (PARE).
Aunque el Observatorio nota una reducción leve feminicidios, “la cifra total de feminicidios supone 7 menos que el año anterior (2022), cuando se registraron 79”.
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“Sin embargo, este año los feminicidios íntimos, así como los de mujeres adultas mayores, registraron un aumento. Este año se registra también una reducción en los casos que permanecen bajo investigación”, plantea el OEG. “El 46 % de los feminicidios registrados en la prensa para el 2023 permanece bajo investigación. Es decir, 33 feminicidios del total de 72″, puntualizó el Observatorio.
Tal como lo detalla el OEG, los feminicidios de adultas mayores incrementó en el 2023. Estos incluyeron el asesinato de Ada Torres Morales, de 75 años, ocurrido en Toa Alta.
Ante estos números, ¿dónde queda la obra de PARE?
El Comité PARE cesó sus operaciones desde el 2021 mientras que la nueva orden busca continuar el trabajo iniciado.
La oficial de cumplimento y fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, Ileana Espada, comentó a Metro Puerto Rico que sí se está cumpliendo con lo establecido. La fiscal aseguró que el “trabajo sí se ha hecho”, a pesar de las dudas y señalamientos de que “no se ha hecho nada”.
Entre los proyectos que desean dar continuidad se encuentran las capacitaciones obligatorias a los funcionarios públicos en todas las agencias sobre la prevención de feminicidios.
Esto incluye a los procuradores de menores y familia, así como técnicos de asistencia social a víctimas y testigos del Departamento de Justicia.
“Hemos expandido las unidades especializadas a las 13 fiscalías del distrito del Departamento de Justicia, con el reclutamiento de 48 fiscales y personal de apoyo para la investigación y procesamiento de los casos de violencia de género, así como la implementación soft interview rooms (salones de entrevistas para víctimas sobrevivientes) que en las Fiscalías de Distrito representan un enfoque centrado en las necesidades y apoyo a las personas víctimas sobrevivientes”.
Asimismo, comunicó que uno de los “logros” fue atender el retraso del inventario de los kits de agresión sexual “safe kits” del Instituto de Ciencias Forenses.
Otro de los esfuerzos, es que se garantice que en toda vista para “determinar causa probable en delitos relacionados a la violencia de género” esté presente un representante del “Ministerio Público, así como un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”.
Por otra parte, la licenciada recalcó en los trabajos que esperan concretizar en cada municipio, para que los pueblos tengan oficinas con servicios educativos y de apoyo para las víctimas.
Espada hizo hincapié en la prevención y en la capacitación en todas las áreas, en la interconectividad de las agencias y los municipios para alcanzar a más personas.
No obstante, al dialogar sobre los recientes feminicidios, subrayó que debe haber un deseo personal de hacer los cambios generacionales y sociológicos que permiten y dan paso a la violencia en los hogares.
“Pueden haber mil programas, pero si no hay un interés por parte de las personas, seguiremos viendo estos incidentes”, manifestó Espada.
El trabajo de la comunidad
La Lcda. Josefina Pantojas, quien labora en el OEG, indicó que el gobierno realiza una labor, la mayoría del trabajo lo ejecuta la comunidad.
Pantojas asegura que hay una “continuidad”, pero el movimiento no está satisfecho pues “no se está haciendo lo suficiente”.
Una de las preocupaciones de las organizaciones es garantizar la protección de la víctima, pero en ocasiones el “sistema le falla”. No obstante, reconoció que los esfuerzos y cambios en el sistema de Justicia es muy positivo.
“Tengo que decir que están ofreciendo el adiestramiento; se han ocupado de que compañeras y profesoras de materias de género y feministas activas son las que ofrecen los adiestramientos. Pero, como se dice popularmente, ‘puedes llevar las vacas al río, pero no lo puedes obligar a que tome agua’”, manifestó.
A esto agregó que, de acuerdo con los expertos que ofrecen los talleres, muchos no muestran interés. Lo mismo sucede en los programas de desvío, los cuales están centrados en rehabilitar al agresor.
Pantojas argumentó que hay quienes escogen ser parte para evitar ir a la cárcel, pero “no por que sean creyentes y aspiren a cambiar”.
Aunque la violencia de género está presente en Puerto Rico, la licenciada comentó que hay numerosos casos que no llegan a feminicidios”, lo que atribuyó a “la labor de las organizaciones de comunidad que trabajan “incansablemente por las víctimas con los pocos recursos que a veces hay”.
