La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) expresó su rotundo rechazo a los Proyectos de la Cámara 1957 y 1958 relacionados con accidentes de tránsito en Puerto Rico, argumentando que las propuestas carecen de justificación y fundamentos para imponer penas más severas y prolongadas, sin abordar adecuadamente las condiciones de confinamiento en las instituciones correccionales.
Los Proyectos de la Cámara 1957 y 1958 proponen enmendar la legislación vigente, imponiendo condiciones más severas a aquellos conductores que abandonen la escena de un accidente. La exposición de motivos destaca la necesidad de abordar la problemática de “hit and run”, argumentando un aumento de fatalidades en accidentes de tránsito, especialmente entre peatones y ciclistas.
La licenciada Yahaira Colón Rodríguez abogó por alternativas más civilizadas y enfocadas en la rehabilitación de los infractores.
“Ante la existencia de alternativas más civilizadas que el confinamiento prolongado para atender situaciones lamentables en las que puede estar involucrado cualquier ciudadano, no podemos apoyar la aprobación de medidas legislativas que desde un inicio solo buscan la penalización excesiva y el castigo. Tomando en consideración el marco jurídico antes descrito, nos oponemos a la aprobación del P. de la C. 1957 y P. de la C. 1958″, reza la exposición de motivos de parte de la SAL.
La licenciada Colón Rodríguez señaló que la imposición de penas más duras no ha demostrado ser eficaz para prevenir delitos y mejorar la calidad de vida. Sostuvo que la certeza de la aplicación de la ley es más efectiva que la gravedad de las penas. Mientras algunos representantes abogan por medidas más restrictivas para prevenir el “hit and run”, la SAL insiste en la ineficacia de abordar el problema mediante el aumento de penas y la eliminación de opciones de libertad condicional.
Argumentó que medidas como las propuestas en los proyectos 1957 y 1958 perpetúan errores del pasado y agotan recursos económicos sin abordar de manera efectiva el problema de la criminalidad.
Durante la vista pública surgió el testimonio de Jenniffer Rivera López, madre de la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, quien realizó un llamado para la aprobación apremiante de ambos proyectos. El 9 de noviembre de 2023, Carlos Julián Maldonado Dávila fue sentenciado a 10 años de sentencia suspendida por el “hit and run” que le causó la muerte a Ayala Rivera.
“Esta persona le arrebató la vida a mi hija… Él se va a la huida después de haberle quitado la vida. Va a un cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para poder no responsabilizarse de lo sucedido”, expresó Rivera López, quien estuvo acompañada de Edwin Serrallés, padrastro de Ayala Rivera.
“Si hubiera tomado otra acción de responsabilizarse, yo no estuviera aquí. Este accidente puede sucederle a cualquier persona, pero es la acción”, abundó.
Por otro lado, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CTS), se pronunció a favor de la aprobación de las medidas.
“Entendemos que esta medida incide en lo que nosotros, todos los días, promulgamos en nuestras redes sociales, en la prensa y demás. Por ende, compartimos el pensar de que es necesario revisar y atender las disposiciones legales que regulan este tipo de accidentes de tránsito para que mediante la imposición de condiciones más severas, aquellas personas que luego de estar involucradas en un accidente de tránsito no abandone la escena”, expuso Ariana Peña del CTS.
De igual forma, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) concuerdan que es necesario promover medidas más restrictivas y agresivas para penalizar este tipo de acto.
“En el DSP y el NPPR reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía, así como para lograr la consecución de piezas legislativas como las que hoy nos ocupan. No obstante, aunque reconocemos la necesidad de reforzar los estatutos vigentes y que, la rigurosidad que se pretende añadir a los mismos operará como disuasivo para disminuir la conducta delictiva, en esta ocasión, respetuosamente otorgamos entera deferencia a las agencias antes mencionadas, las cuales entendemos deben refrendar la aprobación de ambas piezas legislativas”, expone el memorial explicativo del DSP.
Según el Negociado de Patrullas de Carreteras a finales del 2023 hubo un total aproximado de 35 choques de auto ‘hit and run’. El Negociado de la Policía de Puerto Rico reconoció la necesidad de reforzar los estatutos vigentes y que la rigurosidad que se pretende añadir operará como un disuasivo para disminuir esta conducta delictiva. Sin embargo, la agencia otorgó deferencia al Departamento de Justicia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
“La intención de la legislación es que no se repita. Que sea un disuasivo. Que la gente sepa que si cometen una falta como esta y se va (de la escena), va a haber una pena”, afirmó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Rafael Hernández Montañez. “No queremos menoscabar los derechos que hemos protegido, pero algo vamos a hacer”.
El Proyecto 1957 busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, introduciendo medidas más severas para casos de “hit and run”, incluyendo supervisión electrónica obligatoria y eliminación de beneficios como la fianza diferida. La exposición de motivos destaca el aumento de accidentes con abandono del lugar y busca penalizar esta conducta de manera más agresiva.
El Proyecto 1958 propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Busca excluir la probatoria o libertad a prueba como alternativa para casos donde un conductor cause la muerte a otra persona de manera imprudente y se dé a la fuga.
