El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, convirtió en ley el Proyecto del Senado 837, de la autoría de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme Cabrera, que establece la ‘Ley Anti Discrimen Cibernético’.
Riquelme Cabrera explicó que la Ley 20-2024 obliga a cada dependencia a mantener la alternativa de que dichos servicios pueden solicitarse a través de medios tradicionales, que incluyen en persona o mediante formularios impresos.
“Por fin nuestros adultos mayores y personas con diversidad funcional tendrán una alternativa real y viable para atender sus necesidades de manera convencional. En Puerto Rico, existe una realidad demográfica, sobre 760 mil adultos mayores (65 años o más) viven en la isla, ese número supera los 888,000 en el caso de personas de 60 años o más. Este sector demográfico tiende a ser menos tecnológico y por eso es imperativo que el gobierno y sus dependencias faciliten sus servicios. Menos del siete por ciento de los adultos mayores manejan adecuadamente el Internet, es un reto, por eso esta ley viene a atender una necesidad real”, comentó la funcionaria.
La líder novoprogresista abundó que las agencias y corporación públicas estarán obligadas a entregar información y documentación en formato auditivo aquellas personas con necesidades especiales en esa área.
De la misma forma, las dependencias gubernamentales tendrán que tener computadoras y personal disponible ya sea en la propia agencia o en municipios u organizaciones sin fines de lucro por acuerdos colaborativos para asistir a los ciudadanos en trámites, al momento que surja dicha necesidad.
“No cabe duda que la modernización de los sistemas de servicios públicos mediante la aplicación de nuevas tecnologías es necesaria. Sin embargo, de igual manera es imperativo reconocer que para un sector de la población los sistemas cibernéticos han creado barreras de acceso a los servicios gubernamentales, mucho mayores que las que se pretendieron eliminar. No podemos desatender ni penalizar a este sector de nuestra población mientras resolvemos los problemas que impiden un verdadero acceso universal a los servicios públicos”, añadió.
En meses recientes, grupos de personas de la tercera edad reclamaron que las solicitudes de ayuda para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, (TANF, por sus siglas inglés) sean dadas, también, a papel, ante la realidad de que muchos no dominan los sistemas para aplicar en línea.
