La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no entrará a evaluar si el Código de Orden Público en San Juan afecta la actividad económica de Puerto Rico, pues concluyeron que la ordenanza municipal está fuera de su jurisdicción.
Así lo hicieron constar en una carta con fecha del 18 de enero en la que responden a una petición de los comerciantes de la Capital para que intervinieran con el estatuto municipal. La misiva firmada por el asesor principal de la JSF, Jaime A. El Kouri está dirigida a la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Diana Font y al presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle Loíza, Rafael Isaac Fernández. Estos habían escrito al ente creado bajo la Ley Federal PROMESA el pasado 9 de octubre de 2023 planteando preocupaciones sobre el impacto económico del Código de Orden Público. Se le solicitaba a la JSF que interviniera para frenar la puesta en vigor del estatuto municipal.
El Código de Orden Público de San Juan entró en vigor el 9 de noviembre pasado.
“La Junta de Supervisión le agradece su carta y su interés en la recuperación económica de Puerto Rico. Sin embargo, como se explica a continuación, la Junta de Supervisión no tomará medidas con respecto al Código, ya que es una regulación municipal fuera del alcance de la revisión estándar de la Junta de Supervisión procesos”, lee la carta de la semana pasada.
Según el análisis de la JSF, l Sección 204 (a) de PROMESA requiere que el Gobernador someta cada ley firmada al organismo con su respectivo análisis sobre el impacto fiscal y si está alineado al plan fiscal, pero esto no aplica a los municipios.
También expresaron que analizaron la Sección 204 (b) que le requiere a la JSF analizar el impacto de determinadas regulaciones, pero concluyeron que tampoco aplica a los municipios, pues estos no tienen que preparar planes fiscales.
“Por estas razones, el Código está fuera del estándar de PROMESA y de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión supervisará este asunto y tomará las medidas apropiadas si determina que el Código perjudica o frustra los propósitos de PROMESA”, concluye la misiva.
Hace unas semanas, Metro Puerto Rico reportó que, a pesar de la disminución de delitos reportada por las autoridades municipales, los dueños de negocios catalogan la criminalidad como una “excusa” para justificar las nuevas normativas, mientras que los vecinos de la capital aseguran que continúan los problemas de ruidos excesivos y peleas.
El Comité Evaluador del Código de Orden Público del Municipio de San Juan, integrado por cinco miembros designados por el alcalde, evaluará los resultados de la implementación del estatuto luego de 90 días desde su vigencia.
