Varias organizaciones del sector privado en unión a la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico exigieron la aprobación del proyecto que busca posponer la entrada en vigor de la ley que prohíbe el expendio y utilización de plásticos de un solo uso desde junio.
En una vista pública que se llevó a cabo en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico donde buscan que se de paso al Proyecto del Senado 1374.
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“Estamos a favor de implementar medidas dirigidas a aminorar el impacto ambiental. Sin embargo, esto debe hacerse de forma ordenada, en fases y contando con una base legal clara. A menos de cinco meses de que entre esta ley en vigor, ni siquiera se ha promulgado el reglamento que regirá la implementación de la misma y que debería aclarar todas las lagunas que la ley tiene”, expresó José González, presidente de la ACDET en declaraciones escritas.
La Ley 51 provee para que a partir del mes de junio quede prohibida la venta y expendio de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido, comúnmente conocido como foam. Sin embargo, la ACDET presentó preocupaciones y varios puntos que profundizan en por qué dicha ley debe aplazarse y pasar por un proceso de enmiendas que permitan su viabilidad y efectividad, ya que, aunque la discusión pública se ha limitado a productos como sorbetos, platos y cubiertos desechable, su impacto al consumidor sería de mayor alcance.
El sector privado señaló que la Ley 51 resulta ambigua y carece de claridad. Si bien están de acuerdo en apoyar programas y medidas para frenar el impacto del calentamiento global y en promover la responsabilidad empresarial en torno a la conservación del medioambiente, debe hacerse de forma ordenada, planificada y en fases.
“Existe gran preocupación sobre los materiales que estarán permitidos al entrar en vigor la prohibición, pues la Ley 51 guarda silencio sobre el particular y aun no se ha promulgado ni adoptado el reglamento que viabilizará su implementación. Dicho reglamento es responsabilidad conjunta del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)”, añadió.
Al presente, el comercio y los distribuidores cuentan con inventario para satisfacer las necesidades del consumidor para todo el 2024, tanto con materiales que estarán prohibidos como otros que razonablemente se presume que podrían estar autorizados para la venta.
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“Es decir, el impacto de la implantación de esta ley, de la forma que hoy está redactada, sería de grandes proporciones. Esto provocaría pérdidas millonarias en las operaciones de todo el comercio, desde las PyMes hasta cadenas multinacionales, impactando así el costo y la oferta al consumidor”, señaló González.
Otro aspecto es que como secuela de la falta de claridad de la Ley 51 y de la aprobación de un reglamento, se han dilatado las compras que deben realizar los suplidores y comercios para satisfacer la demanda de productos de consumo diario.
“Hoy no podemos garantizar que, si la prohibición entra en vigor en junio, contemos con inventario suficiente para suplir las necesidades del consumidor puertorriqueño y los comercios, en especial los pequeños que sabemos dependen de toda la cadena de distribución. Una implementación a destiempo y poco planificada, creará una escasez de productos riesgosa e innecesaria”, acotó González.
“Además, hemos levantado bandera de que existen dudas sobre determinados artículos que están empacados o que tienen que ser servidos en plásticos. Por ejemplo, debido a la reglamentación federal, los productos de uso médico y medicamentos tienen que ser empacados o dispensados en plásticos. Otros productos como los electrónicos, muebles, agua embotellada, productos de higiene personal, entre otros, ya vienen empacados con plásticos o foam, y estando éstos en el comercio interestatal e internacional, no pueden ser regulados por las autoridades de Puerto Rico”, añadió.
Otras preocupaciones esbozadas por el sector privado giran en torno a la competencia desleal por las ventas por internet y la falta de capacidad del gobierno para el manejo de compostables, ya que en la isla solo operan unas cinco plantas de composta, que no cuentan con la capacidad para procesar la inminente avalancha de productos compostables que generaría la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un solo uso y foam.
