El pasado miércoles, 24 de enero, ocurrió la segunda masacre y quinto feminicidio del año. Luego de la tragedia, las autoridades que atendían el caso de violencia de género se reparten culpas.
Un individuo identificado como Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, asesinó a su expareja, Linnette Morales Vázquez (madre de dos hijos), 30 años; a su exsuegra, Lizzette Vázquez Vélez, de 51; y su excuñado, Luis Miguel Morales, de 28.
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Posteriormente, Santiago Figueroa se privó de su vida. Desde septiembre del año pasado el caso ha estado en las manos de diferentes jueces y fiscales.
Santiago Figueroa tenía un récord criminal desde el 2015, luego de quemarle el carro y la casa de otra expareja. El sujeto estuvo 10 años en la cárcel por estos sucesos.
No obstante, la jueza Ginny M. Vélez Carreras del Tribunal de Ponce dejó libre y sin grillete al individuo, a pesar de que el informe de la Oficina del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) detallaba las convicciones previas de Santiago Figueroa.
En septiembre del año pasado, se expidió una orden de protección contra Santiago Figueroa, la cual era vigente hasta marzo del corriente. No obstante, la pareja reanudó su relación luego que el sujeto le revelara su recién diagnóstico de cáncer. Esto fue a principios de enero, aunque, el patrón de acecho continuó.
De acuerdo con la fiscal de distrito, la Lcda. Marjorie Gierbolini, Morales Vázquez acudió el 7 de enero por ayuda legal nuevamente.
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El 10 de enero, la jueza Ginny M. Vélez Carreras determinó causa contra el sujeto por el artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, que corresponde a maltrato y se le impuso una fianza de $5,000. La fiscal Gierbolini sostuvo que se debió haber adjudicar el artículo 2.8 de la Ley Núm. 54, que se constituye como una violación a la ley de protección.
“La juez determinó por 3.1. Si ella creyó lo hechos que pasaron allí, pues venía obligada a determinar por un 2.8 por que había una orden de protección independientemente de que ellos estuvieron conviviendo. Había una prohibición para el, para poder acercase a ella”, argumentó Gierbolini.
Ante los sucesos, la Oficina de Administración de Tribunales emitió que ”el Ministerio Público no objetó“ ni tampoco “alegó reincidencia” y “supervisión electrónica”.
La Lcda. Gierbolini refutó las aseveraciones, indicando que el Ministerio Público sostuvo que hubo una violación a la orden de protección. Asimismo, agregó que el Art. 3.1, por lo regular, no lleva imposición de grillete. No obstante, si la persona tiene “una convicción previa, lleva la imposición de un grillete”.
Ante los argumentos de que el Tribunal no obtuvo la información sobre el récord previo del sujeto, Gierbolini indicó que el PSAJ entrega un informe antes del juicio que contiene los detalles relacionados a reincidencias.
“Esa obligación es una responsabilidad del juez. Los fiscales no imponen fianza ni imponen grillete, eso una responsabilidad del juez. Nosotros podemos llamarle la atención al juez, que se hizo […] ellos tienen que subsanar esa responsabilidad basándose en un informe que le rinde la Oficina del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). Ese informe, ella tenía que analizarlo, percatarse que el tenía una conviccción previa y ponerle un grillete. En este caso, pues no se hizo”, manifestó.
Por su parte, añadió que el Ministerio Público no tiene acceso, a menos que se solicite; se le rinde al juez.
La fiscal de distrito estableció que los fiscales consideran que el tribunal cometió tres errores:
1. No imponerle el grillete
2. No haberle determinado causa por el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54.
3. De haber determinado por el Art. 3.1, se debía enmendar la denuncia. De acuerdo con Gierbolini, no se hizo y la fiscal lo solicitó.
“Al ella no enmendarla (el 10 de enero) eso provocó que en el día de ayer hubo que enmendar la denuncia, lo cual le da un derecho al abogado de la defensa a tener 5 días más. Es por eso que se suspende la vista de ayer”, informó la fiscal de distrito.
El 24 de enero, el Ministerio Público presentó por escrito una moción ponchada a las 4:55 pm en la cual solicitó la imposición de supervisión electrónica.
Gierbolini detalló que, en lo que se aprobaba la imposición del grillete, ayer se le volvió a ofrecer los servicios de protección a la víctima, como sacarla del país, ubicarla en un albergue, entre otros.
No obstante, la licenciada reveló que “lamentablemente ella rechazó los servicios porque entendía que estaba segura en casa de su mamá”.
En la noche de ayer, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre un feminicidio en el municipio. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo los cuerpos de la familia baleados.
El jefe de la Policía de Puerto Rico, Antonio López, manifestó que la víctima fue diligente en solicitar ayuda.
“Llevaba ocho meses de relación con esta joven. Linnette [Morales Vázquez] fue diligente. Tan pronto se suscitaban las situaciones, ella se querellaba y solicitó una orden de protección, donde el caso fue ayer [miércoles] y fue suspendido por parte de la defensa. Y en la noche de ayer, este individuo decide darle muerte a una familia entera”, sostuvo López en entrevista con el periodista Rubén Sánchez.
Línea cronológica del caso:
El 7 de septiembre de 2023 el juez Ángel Candelario expidió una orden de protección ex parte al amparo de la Ley Núm. 54 contra una persona de nombre Wilfredo H. Santiago Figueroa.
El 26 de septiembre de 2023 se expidió una orden de protección final contra esta persona, con vigencia hasta el 26 de marzo de 2024.
El 10 de enero de 2024 el Ministerio Público presentó una denuncia contra Wilfredo H. Santiago Figueroa por violación a la orden de protección. La vista de Regla 6 fue atendida por la Hon. Ginny M. Vélez Carreras, quien encontró causa para arresto por el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54. Se le impuso una fianza de $5,000, la cual Ministerio Público no objetó. No se alegó reincidencia ni tampoco se solicitó supervisión electrónica. Se pautó la vista preliminar para el 24 de enero de 2024.
En la vista preliminar pautada para ayer, 24 de enero, la defensa solicitó un término adicional para evaluar documentos relacionados al caso. El Ministerio Público se allanó a la solicitud, además, solicitó se enmendara el cuerpo de la denuncia para que los hechos conforme al delito por el cual se determinó causa, el Art. 3.1 de la Ley núm. 54. Se reseñaló para el 28 de febrero de 2024. En esta vista no se solicitó que se revisara la fianza ni sus condiciones. Tampoco se solicitó la imposición de supervisión electrónica.
Linnette Morales documentaba el patrón de acoso de su expareja
Morales Vázquez escribía a puño y letra sobre los abusos de su expareja que cometía en su contra.
Así se detalló a través de un reportaje realizado por la periodista Nuria Sebazco en Las Noticias de TeleOnce.
La periodista expuso que “una persona cercana” a la víctima indicó que Morales Vázquez “nunca se sintió respaldada por el sistema”.
Morales Vázquez denunció al sujeto y, de acuerdo con la periodista, un alguacil de Sabana Grande le indicó que no “revolcara el avispero”, ya que ella también estaba “en violación de la orden de protección”.
El canal obtuvo un documento que precisa día por día lo que la Linnette Morales Vázquez vivió. Algunas de sus expresiones a continuación:
sábado 6 de enero
“Terminamos la relación por todo lo que me había confesado días antes y por unas actitudes posesivas”
domingo 7 de enero
“Entró a casa y se llevó mis pertenencias (teléfono, computadora, dinero, libreta, direcciones e información personal)”
“Cerraron la llave de pase de casa y cuando verificamos mi hermano lo identificó en el área alumbrándolo con una linterna, vimos el carro de el salir del camino vecinal de mi casa”
martes 9 de enero
“Se hizo un facebook fake y me escribió que necesitaba hablar conmigo, me dijo una frase que el solo decía al preguntar quién era para poder identificarlo”
“Me envió una captura de pantalla de un mensaje que yo tenía antiguo en el teléfono que se robaron y me preguntó que si quería la foto nuevamente. Llamé al cuartel y procedieron a arrestarlo”
El 10 de enero, Morales Vázquez fue al tribunal la jueza Ginny M. Vélez Carreras determinó causa contra el sujeto por el artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, que corresponde a maltrato, en vez de adjudicar el artículo 2.8 de la Ley Núm. 54, que se constituye como una violación a la ley de protección. También, se le impuso una fianza de $5,000.
domingo 14 de enero
“Manipularon las cámaras de la casa de mi mamá y entraron a robarse mi yegüa que estaba ahí. Personas avistaron un hombre con la cabeza tapada y de negro caminando con la yegüa amarrada con una correa por le cuello a las 3:54AM”
sábado 20 de enero
“Me quedé sin internet, luego al rato escuché ruido y pasos en el techo, cuando verifico que la perra está ladrando miré por la ventana y vi alguien de negro corriendo cuesta arriba”
martes 23 de enero
“Tiraron un carro en neutro para mi casa, el carro fue robado de la casa de los vecinos de la persona en contra de quién tengo la orden #2024-3-031-00208″
El 24 enero luego de una vista judicial, en la noche regresó a buscar a la mujer para asesinarla junto a su familia.
La trayectoria de los jueces a cargo del caso:
En una evaluación el 10 de octubre de 2023, el juez Candelario Cáliz fue recomendado en solicitud de ascenso al cargo del Juez Superior.
En el 2021, la exgobernadora, Wanda Vázquez designó a Ginny M. Vélez Carreras como jueza municipal.
En el 1999, el Senado aparobó la designación de Rubén Serrano Santiago como juez municipal. Antes, Serrano venía de ser el director de la Oficina de Nombramientos de ese mismo cuerpo legislativo. En abril del 2017, se recomendó su ascenso como Juez Superior.
Supremo ordena investigación sobre manejo del caso contra hombre que asesinó a su expareja
La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, ordenó que se comience una investigación sobre el proceso judicial que se llevó a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce sobre el caso de Wilfredo Hiram Santiago Figueroa quien cometió feminicidio contra su expareja, además de quitarle la vida a la madre y el hermano de esta.
Oronoz Rodríguez ordenó una investigación sobre el caso, además de una evaluación de las gestiones y comparecencias en los tribunales de los fiscales asignados al caso, al Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) del Departamento de Corección y la Policía de Puerto Rico. La jueza indicó que Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública.
“Aunque la denuncia no establecía la reincidencia, la información disponible establece que la persona imputada de delito tenía una convicción previa por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como la fianza y la supervisión electrónica. Por otro lado, durante las vistas celebradas, la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal”, expresó en declaraciones escritas.
“Lo que ha ocurrido es una tragedia y, con la información disponible, no descarto impulsar medidas administrativas adicionales, o proponer las modificaciones que correspondan a los procesos que se ventilan ante los tribunales. Para mí y para el Poder Judicial, atender la violencia de género es una prioridad pero insisto: la violencia de género no solo es un problema legal, es un problema social que se tiene que abordar desde todos los frentes, no solo el jurídico. El Poder Judicial debe y quiere ser parte de la solución de este mal social y asume su responsabilidad en lograrlo”, concluyó.
Los feminicidios en lo que va del año 2024:
9 de enero en Toa Alta - Ada Torres Morales, de 75 años fue asesinada por su esposo Manuel Santiago Alvarado, de un disparo en el pecho. Posteriormente, el hombre se suicidó
11 de enero en Toa Baja - Maraida Rivera Emerson, de 37 años fue asesinada por su pareja Manuel Maldonado Marrero, de 38 años, quien le disparó en un negocio en el que compartían. Posteriormente, el hombre se suicidó.
23 de enero en Cabo Rojo - Milka Ivette Méndez Pérez, de 52 años fue asesinada por su pareja Kelly Felipe Toro Martínez, de un disparo en el pecho con una escopeta.
24 de enero en Yauco - Linnette Morales Vázquez, de 30 años fue asesinada por su pareja Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, quien masacró a la madre y hermano de la víctima. Posteriormente, el hombre se suicidó.
¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?
* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378
* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446
* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800
* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634
* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022
* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525
* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera de área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676
