Desde el CPI

Alrededor de 165,000 compañías y otras entidades jurídicas en Puerto Rico tendrán que, a partir de este año, informar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la identidad de todas las personas que son dueños o mantienen control de la entidad, ya sea directa o indirectamente.

Sin embargo, la información que obtendrá el Gobierno federal será confidencial y solo será compartida entre agencias de ley y orden, y algunas empresas bancarias para cumplir con otras leyes federales antilavado de dinero.

La nueva regla entró en vigor con el comienzo del nuevo año, como resultado de la Ley Federal de Transparencia Corporativa de 2021. Según el estatuto, el objetivo es combatir los crímenes financieros cometidos por medio de entidades registradas en jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que tienen poca o ninguna información disponible sobre sus dueños o beneficiarios.

“Efectivo el pasado 1 de enero de este año, básicamente ya todas las corporaciones y otras entidades jurídicas [en Puerto Rico] deben someter cierta información acreditativa de la identidad de sus dueños beneficiarios, o ‘beneficial owners’ en inglés”, confirmó en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el secretario de Estado, Omar Marrero.

En Puerto Rico existen 168,577 entidades jurídicas activas, según datos del Departamento de Estado entregados al CPI. La cifra se divide mayormente entre corporaciones (75,118) y compañías de responsabilidad limitada, o LLC (79,781). Esta última es una de las formas más atractivas para organizar ciertos tipos de negocios por su flexibilidad y requisitos mínimos de divulgación.

Entidades jurídicas activas en Puerto Rico

Las entidades existentes tienen un año, hasta enero del 2025, para informar al Gobierno federal el nombre, fecha de nacimiento, dirección y la licencia o pasaporte de aquellas personas que controlan o son dueños de la empresa. Aquellas compañías creadas a partir del 1 de enero de 2024 tendrán 90 días desde su inscripción para presentar su informe.

Incumplir con la nueva regla conlleva sanciones que van desde una multa de $500 por cada día de incumplimiento hasta cárcel por dos años o una multa de hasta $10,000. La responsabilidad de rendir el informe y cumplir con la nueva ley federal también recae sobre los oficiales de alto rango de la empresa.

Los informes, que no conllevan el pago de impuesto o arancel ni requieren la intervención de un abogado o contable, pueden rendirse en línea. En septiembre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCen en inglés, la división del Tesoro encargada de implementar la nueva ley, publicó una guía de cumplimiento para pequeñas empresas.

La lista de las 23 tipos de empresas que están exentas de rendir estos informes incluye a bancos, cooperativas, corredores de valores, compañías y productores de seguros, compañías con operaciones grandes, firmas de inversiones, firmas de contabilidad y entidades con exenciones contributivas, entre otros. Según la guía de cumplimiento, se consideran compañías grandes aquellas que tengan más de 20 empleados a tiempo completo, oficina principal en EE. UU. y que declaren $5 millones o más en ingresos brutos al Servicio de Rentas Internas (IRS).

Según el secretario de Estado, muchas de las entidades exentas son altamente reguladas y ya se les requiere divulgar la información de dueños beneficiarios a distintas agencias reguladoras. Aquellas compañías que estén inactivas tampoco tendrán que rendir los nuevos informes a FinCen.

“Fuera de esas excepciones, bien limitadas, todas las corporaciones, todas las LLC, todas las entidades jurídicas foráneas en Estados Unidos, tanto continentales como en sus territorios, tienen que someter esa información directamente a FinCen”, añadió Marrero.

Aseguró que la responsabilidad de implementar esta nueva regla recae en el Tesoro, y no en el Gobierno de Puerto Rico.

Explicó que el rol que jugará el Departamento de Estado se limita a informar y educar a las compañías inscritas en Puerto Rico sobre el nuevo requisito federal, por medio de la prensa, organizaciones profesionales como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y notificaciones directas en línea.

La agencia envió una notificación en diciembre al correo electrónico de todas las entidades registradas en ese momento, según Marrero.

Información recopilada será ‘confidencial’

Aunque otros lugares en el mundo, como la Unión Europea, dan mayor acceso al público a algunos de los datos sobre “beneficial owners”, como los nombres, la ley federal declara como confidencial la información obtenida por medio del nuevo informe.

Aún así, la entrada en vigor de la ley es un evento importante, dijo Erica Hanachak, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition), con base en Washington D.C., que reúne a un centenar de organizaciones dirigidas a combatir la corrupción financiera.

“Es la actualización más significativa a las leyes antilavado de dinero en Estados Unidos en los últimos 20 años”, dijo Hanachak. “Obtener una tarjeta en una biblioteca requería más información que formar una entidad, compañía o corporación [en Estados Unidos]”, añadió.

Hanachak explicó que, aunque la información obtenida no será pública, agencias de ley y orden, como el Servicio de Rentas Internas (IRS), podrán utilizarla para detectar e investigar delitos financieros. Se estima que más de 32 millones de entidades tengan que cumplir con la regla durante el primer año de vigencia.

A nivel mundial, EE. UU. es una de las jurisdicciones donde menos transparencia corporativa existe, según Hanachak. En el 2021, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió que Estados Unidos es probablemente uno de los mejores lugares en el mundo para ocultar y lavar dinero.

Esto incluye a Puerto Rico.

En febrero del 2019, la Comisión Europea añadió a Puerto Rico a su lista de jurisdicciones de alto riesgo por sus “deficiencias estratégicas” en sus prácticas contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. En aquel momento, el Tesoro de EE.UU. rechazó la inclusión de Puerto Rico y levantó bandera sobre el proceso de evaluación que siguió la Comisión Europea.

Investigaciones recientes del CPI muestran fallas sistémicas y la falta de recursos económicos en la fiscalización de entidades en Puerto Rico y sus dueños, algunos de los cuales han sido investigados y acusados de crímenes financieros por autoridades federales.

Además, en el 2021, como parte de la investigación multinacional del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos Pandora Papers, el CPI reveló cómo algunos bancos internacionales establecidos en Puerto Rico son utilizados para abrir cuentas y transferir dinero de compañías opacas y negocios offshore, cuyos dueños suelen permanecer tras bastidores para ocultar activos del pago de contribuciones o, en el peor de los casos, lavado de dinero y otras transacciones ilegales.

“Debido a los beneficios de secretividad que brindan, [estas entidades opacas] se han convertido en una parte esencial de redes complejas destinadas a ocultar activos, a evadir impuestos y a hacer mucho más difícil entender quién está realmente detrás de una operación”, dijo Hanachak.

Aunque en Puerto Rico ya se divulga la dirección física, teléfono y nombres de las personas autorizadas, agentes residentes, oficiales e incorporadores de una empresa, el Departamento de Estado no requiere datos sobre dueños beneficiarios, al igual que la mayoría de los estados y territorios estadounidenses. Bajo la nueva regla, la compañía tendría que presentar un nuevo informe con FinCen cada vez que ocurra un cambio en el control de la entidad.

Un dueño beneficiario, o “beneficial owner” en inglés, es todo aquel que “tiene propiedad o control directo o indirecto de una empresa”, según FinCen.

Marrero aseguró al CPI que no habría cambios en la información que se requiere y que ya se divulga en la página web del Departamento de Estado, aunque esta podría coincidir con la información que se brinda en el informe de dueños beneficiarios a FinCen.