Un sistema de querellas por impericia médica ineficaz manejado por poco personal en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), es lo que salió a relucir este miércoles en una vista pública ante la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor.
El abogado Rafael García Rodón resaltó un caso en el que un paciente que necesitaba atención ortopédica recibió una intervención quirúrgica del doctor Jorge Rodríguez Wilson. El ortopeda no tenía seguro de impericia médica, contaba con más de 40 querellas y tenía tres sentencias de distintos pacientes por la misma lesión, contó el licenciado.
“Lo fueron amputando poco a poco hasta que murió”, relató García Rodón. Pese al historial de “incompetencia manifiesta”, la JLDM le asignó al galeno 12 créditos de ética provisional adicionales, cuya determinación no sopesa la gravedad de los antecedentes, opinó. Aunque radicaron una moción de reconsideración en 2018, aún no se ha resuelto y el doctor mantiene su práctica.
Según un informe de la Oficina del Contralor que abarca entre 2019 y 2021, la JLDM no resolvió poco más de 500 casos de conducta no profesional ni de impericia médica desde 2001 y 2003, respectivamente. La auditoría, además, señala que la Junta no contaba con un inventario ni un plan de retención de los expedientes médicos y que el área de archivo no tiene iluminación adecuada ni suficientes anaqueles.
La directora ejecutiva de la Junta, la licenciada Dana Miró Medina, aseguró que se atendieron la “mayoría de esos casos” señalados por la contralora e informó que, actualmente, hay 305 casos radicados pendientes. Atribuyó el retraso en atención a los escasos recursos legales disponibles en la JLDM, que cuenta con un abogado contratado por la organización y un oficial investigador asignado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El abogado de la JLDM, Luis Hernández Cardona, detalló que, en los pasados años, se han revocado licencias a alrededor de ocho a doce médicos, en cuanto a impericia. Por conducta no profesional, como fraude, la cifra puede alcanzar hasta 100.
Para atender el área de Archivo de Expedientes, Miró Medina indicó que contrataron a la compañía de almacenamiento de registros Access, que guarda las cajas de expedientes de la JLDM en su instalación en San Juan.
El corporativismo como problema ante calidad de servicios médicos
El licenciado García Rodón, además, denunció el pobre sistema de vigilancia de la calidad de servicios médicos, que, según un estudio académico, se mantiene a través de tres fuentes: una revisión entre pares, un sistema de daños y perjuicios (rendir informes de demandas al Banco de Datos Nacional de Profesionales) y acciones disciplinarios de una junta médica, que, en este caso, es la JLDM.
Según el profesional, las instituciones que se percatan primero de la mortalidad y la calidad de servicios decadentes son los hospitales, pero tampoco hacen el cometido de reportar a la junta médica u otra organización correspondiente.
“El problema se llama corporativismo. Cuando todos son panas y no se vigilan unos a otros, las cosas son de golpes en la mano, pero aquí está envuelta la salud de los pacientes”, denunció García Rodón.
Tanto Miró Medina como el licenciado Hernández Cardona apuntaron a enmiendas a la Ley 139 para mejorar el servicio que ofrece la JLDM, que someterán en mayo. Entre otros cambios, buscan asignarle al oficial investigador un perito fijo — en este caso, médicos retirados — en casos de impericia, pues siempre se consulta con un médico para alcanzar las determinaciones legales.
