El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) celebró este domingo una conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para denunciar que la demanda presentada por miembros del Partido Popular Democrático (PPD), que busca descalificar a aspirantes a candidaturas por no recoger endosos, es un intento de “obstaculizar el crecimiento” de la colectividad.
El candidato portavoz a la gobernación por la Alianza, Javier Córdova, expresó que la querella realizada por la Pava es “frívola” y que socava los principios fundamentales de la democracia.
“Nos dirigimos al pueblo de Puerto Rico con el propósito de abordar el más reciente intento del bipartidismo para obstaculizar el crecimiento del Movimiento Victoria Ciudadana. La querella frívola presentada por un grupo de aspirantes del Partido Popular en contra de nuestras candidaturas nacionales es una afrenta a la democracia. Se pretende hacer un claro uso político del sistema judicial del país, y con ello alterar la voluntad de las afiliadas y los afiliados de nuestro Movimiento. Enfrentamos estos desafíos con la convicción de que nuestra causa es justa y que cuenta con el apoyo abrumador de aquellos que anhelan un cambio positivo en nuestro amado Puerto Rico”, sostuvo Córdova.
Además, señaló que el MVC lleva a cabo un proceso transparente y democrático para elegir a las personas que los representarán en las elecciones generales de noviembre.
“En el caso que hoy nos ocupa, nuestro Movimiento aprobó en asamblea nacional, con la participación y aprobación de nuestra matrícula, las reglas que rigen nuestras candidaturas en estas contiendas internas mediante un método alterno, según lo reconoce la ley. Dicho método alterno nos ha provisto, como aspirantes, todas y cada una de las garantías mínimas que establece el Código Electoral. Este método alterno es un proceso abierto, transparente, y que no le cuesta ni un solo centavo al pueblo de Puerto Rico”, especificó.
A la conferencia de prensa asistieron todos los aspirantes mencionados en la demanda: Mariana Nogales Molinelli, Myrna Conty, Olvin Valentín, Rafael Bernabe, Edwin Marrero Martínez, Ramón Cruz, Alejandro Santiago Calderón, Edgardo Cruz Vélez y Ana Irma Rivera Lassén.
En la demanda, el grupo de aspirantes populares señala que el MVC y el Proyecto Dignidad (PD) llevarán a cabo primarias para varias candidaturas utilizando un método alterno y no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos por el Código Electoral.
“La determinación por reglamento del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad eximiendo de manera unilateral y acomodaticia para sus candidatos para que no presenten endoso es contraria a la Ley”, lee parte del documento.
La querella va específicamente contra la candidata a la comisaría residente del MVC, Ana Irma Rivera Lassen y Edgardo Cruz Vélez, quien también aspira a la misma posición y varios candidatos a la legislatura por acumulación de los partidos MVC y Proyecto Dignidad.
“Culminado el término de presentación de endosos y revisado en la Comisión Estatal de Elecciones el listado oficial de personas descalificadas por no presentar endosos no encontramos a los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana. Debemos concluir que es un hecho indubitado que los aspirantes de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad que estarán en un proceso de primaria interna no cumplieron con el requisito de presentación de endosos lo que le da jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia a descalificar a estos candidatos por la violación a las disposiciones del Código Electoral”, añade.
Los demandantes, que incluyen al representante del Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, y al senador del Distrito de Guayama, Héctor Torres Santiago, argumentan que los candidatos del MVC no cumplieron con los requisitos de recolección de endosos establecidos por el Código Electoral de 2020.
La querella, también respaldada por los aspirantes Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo, describe como “arbitrario” el método alterno adoptado por el MVC, el cual se llevó a cabo después del plazo establecido para la radicación de candidaturas. Según los demandantes, este procedimiento representa una aplicación “desigual” y “discrecional” del Código Electoral.
