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Héctor Ferrer dice que el PNP está accediendo a información confidencial de los endosos y cometiendo fraude

El representate popular además arremetió contra Elmer Román y lo llamó “Capitán fraude”

Hector Ferrer Santiago
Hector Ferrer Santiago Representante Hector Ferrer Santiago. Anuncio de la candidatura del presidente del PPD, Jesus Manuel Ortiz. Centro de Convenciones, Barceloneta. Metro PR 16 de diciembre de 2023 (Dennis A.Jones)

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El representate del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que todo apunta que los equipos de campaña de los candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) están accediendo a información confidencial sobre los endosos y cometiendo fraude.

“Todo parece indicar que en el PNP se están pasando información de los endosos y, por x o y forma, algunas personas están comentiendo fraude. El problema es que ellos no se han dado cuenta que esto son violaciones a las leyes federales [...] Ellos tendrán que explicar las cosas en su momento dado”, afirmó Ferrer Santiago.

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Fue el pasado viernes que Nelsa López Colón, la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, sometió una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ya que presuntamente la campaña del aspirante a la comisaría residente en Washington por la Palma, Elmer Román, falsificó su firma para un endoso electrónico. López Colón reveló que la noche del lunes, 5 de febrero recibió una notificación por mensaje de texto donde se le informó que había endosado al exmilitar y le proveyeron un enlace de la CEE para descargar copia de dicho endoso.

La denuncia especifica que el funcionario autorizado que alega haber recogido el endoso se llama Abimanuel Hernández Calderón, quien según en un informe de recaudos y gastos del comité de González Colón ante la Federal Election Commission (FEC, por sus siglas en inglés), es oficial en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) e hizo tres donativos de $250 dólares a la actual comisionada residente en agosto del año pasado.

Por su parte, el equipo de campaña del compañero de papeleta de la precandidata a la gobernación, puso en tela de juicio la denuncia presentanda por López Colón y lo catalogaron como una estretagia política de su contrincante del PPD, Pablo José Hernández, quien es considerado como un nieto para López Colón. Además, comentaron que Román es el “rival más formidable” del aspirante popular.

Precisamente en días antieriores, durante una entrevista en el segmento de la periodista Milly Méndez en el programa televisivo “Día a Día” (Telemundo), Ferrer Santiago llamó a Román “Elmer Fraudulento Román” y “Capitán fraude”, luego de que se revelara el alegado falso endoso.

“El Capitán fraude más vale que en el próximo informe que someta de la Federal Election Commission (FEC, por sus siglas en inglés), que es el que está encargado de fiscalizar los ingresos y los gastos de una campaña a nivel federal, tenga que incluir que haya pagado por la encuesta o que alguna persona le enseñó una encuesta y eso cuenta como un donativo interno”, sentenció Ferrer Santiago en entrevista con Metro Puerto Rico, al preguntarle sobre la controversia.

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“Desconocemos si ha hecho una encuesta, entendemos que no, hasta este momento. Así que está cometiendo otra posible violación a leyes federales, igual que al principio estaba violando el Hatch Act y eso está en investigación”, agregó.

Asimismo, el legislador tronó contra el aspirante a la silla en la capital federal por “atacar” a López Colón, en vez de investigar si se había cometido fraude por parte de una persona de su equipo de trabajo.

“¿Así es que van a atarcar la corrupción en el Partido Nuevo Progresista de ahora en adelante?”, cuestionó.

En diciembre de 2023, un grupo de líderes del PPD, incluído Ferrer Santiago, presentaron una querella en la Oficina del Special Councel (OSC, por sus siglas en inglés) contra Román por entender que su candidatura viola una ley federal llamada el “Hatch Act”.

El estatuto, convertido en ley en 1939, restringe la actividad política de los empleados públicos federales, estatales y locales en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando el “Hatch Act” se enmendó en 1993, estableció que un empleado federal puede presentarse a un cargo público en elecciones no partidistas.

Román, quien funge como director de Integración de Misión en la Subsecretaria de Defensa para Investigación e Ingeniería, aseguró que la OSC le permitió permanecer como empleado federal y aspirar a la silla en la capital federal, siempre y cuando, “ninguno” de los candidatos represente al Partido Republicano o al Partido Demócrata.

Cabe señalar que el aspirante a liderar la Cámara de Representantes en las próximas elecciones, con su argumento inicial donde expresó que los equipos de campaña de varios candidatos novoprogresistas están cometiendo fraude con la información de los endosos, hizo referencia al caso del otro precandidato a la comisaría residente en Washington por el PNP, William Villafañe Ramos, quien también está siendo acusado de presentar un endoso fatulo.

El domingo, Johannie Pérez Santos, denunció que recibió una notificación oficial de la CEE certificando el endoso que había presentado a favor del aspirante. Sin embargo, la joven oriunda de Villalba afirmó que era “falso” y que “fasificaron su firma”.

“Yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Lo que han hecho es ilegal. Han falsificado mi firma”, detalló Pérez Santos en las redes sociales.

Según el documento de la CEE que recibió Pérez Santos, quien tramitó dicho endoso falso fue Sol Iris Ortiz Bruno, activista del PNP y quien ha publicado fotografías en las redes sociales precisamente con el actual senador.

En el caso de la Ley de Ética Gubernamental, queda claro en su Artículo 4.2, que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. En ese caso, el estatuto señala que toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en los reglamentos, órdenes o normas promulgadas a su amparo, puede ser castigada por la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) con multa administrativa, que no excederá de veinte mil dólares ($20,000) por cada violación. Lo anterior no limita la facultad de la Dirección Ejecutiva de imponer, además de la multa administrativa, la sanción de triple daño.

Mira la entrevista completa con Héctor Ferrer aquí:

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