La representación legal de la representante del partido Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, buscará que el tribunal determine si el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, cuenta con la facultad para emitir órdenes que suspendan los trabajos legislativos.
Así surgió durante la vista, esta mañana, en el caso radicado por la representante Burgos Muñiz cuando su abogado, Juan M. Frontera Suau, adelantó que someterá una enmienda a la oposición de la moción de desestimación para que el juez Anthony Cuevas Ramos evalúe la acción del magistrado presidente de la Cámara de Representantes.
“Lo que yo tengo que analizar es si— no el cuerpo, porque esto no fue traído al cuerpo— sino el presidente de la Cámara, unilateralmente puede emitir la orden, la cual de por sí afecta las prerrogativas constitucionales”, expresó el juez Cuevas Ramos.
“A mí lo que me luce es que esto es una orden tajante porque no hay prueba de que en la Cámara un legislador pueda llevar a cabo sus prerrogativas constitucionales mediante el mecanismo del Zoom”, continuó.
Tras la orden de entredicho provisional emitida por Cuevas Ramos el pasado martes, ordenando el cese y desista de prohibirle el acceso a la representante al Hemiciclo, la defensa de Burgos Muñiz argumentó hoy, viernes, la necesidad de una orden de entredicho permanente.
Mientras los trabajos legislativos permanecen de forma remota hasta el 4 de marzo, bajo la orden de estado de emergencia emitida el 13 de febrero por Hernández Montañez, la defensa de Burgos Muñiz solicita que se le permita el acceso sin mascarilla una vez se retomen las sesiones presenciales.
Cuevas Ramos expresó que no atenderá “el asunto de si es o no razonable” el uso de las mascarillas. “El issue principal es si procede o no un injunction (entredicho) permanente”, dijo el juez.
Controversia por el número de contagios en la Cámara
Frontera Suau además señaló la “mendacidad” de las declaraciones escritas de Hernández Montañez, en la Orden Administrativa emitida el pasado 8 de febrero, donde este último estipuló que “en el caso de la Cámara de Representantes, en la última semana 14 empleados han dado positivo al virus” (Covid-19).
El abogado de la legisladora sostuvo que ayer el cuerpo cameral certificó, al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que al 13 de febrero habían cinco casos positivos de Covid-19 en el cuerpo cameral.
Sin embargo, el licenciado Jorge Martínez Luciano, en representación de las partes demandadas, refutó las alegaciones de Frontera Suau sobre “la mendacidad” del presidente cameral, al detallar que, según la certificación sometida, hubo 11 contagios del virus en enero y cinco contagios hasta el 13 de febrero.
Además, Martínez Luciano indicó que la certificación únicamente incluyó los casos de Covid-19, por lo que no contiene las cifras de contagios de micoplasma u otras enfermedades respiratorias.
Todo esto luego de que, a consecuencia de la orden administrativa exigiendo el uso de las mascarillas en la Cámara de Representantes, la portavoz del PD, quien se negó a seguir tales directrices, fuese expulsada del Hemiciclo la semana pasada.
El pasado lunes, Burgos Muñiz radicó una demanda en contra de la Cámara de Representantes, argumentando que sus derechos constitucionales fueron violentados al exigir el uso compulsorio de una masacarilla y al privársele su derecho a participar del debate y votación de las medidas legislativas.
El pleito se reanudará el próximo miércoles, 21 de febrero, a las 9:30 a.m.
“Si la orden de entredicho provisional ha vencido en ese término, voy a evaluar la posibilidad de extenderla por un periodo adicional de 10 días para yo tener el espacio, aunque yo voy a resolver este asunto rápido”, adelantó Cuevas Ramos.
