La pediatra Ana “Tati” Medina aún recuerda cómo, a finales de la década de los 80, recorría los pasillos del Centro Médico para salvar niños infectados con la bacteria Haemophilus influenzae tipo b. Relató cómo iba a toda velocidad para buscar el equipo necesario para entubar y estabilizar niños con inflamación en la vía aérea, conocido como epiglotitis, una de las manifestaciones de la bacteria.
En ese período, se había desarrollado y se implementó la vacuna contra esta enfermedad, que proveyó alivio en el tratamiento de pacientes pediátricos con efectos nefastos de la infección.
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“Es casi imposible olvidar cosas que me impactaron. Saber que hay vacuna y que alguien no quiere que se vacune, para mí, es difícil”, expresó la pediatra veterana, quien también atendió casos de sarampión en la epidemia que atravesó Puerto Rico entre 1989 y 1992.
El riesgo de que se propaguen estas enfermedades infecciosas en Puerto Rico aumentaría, si se deroga la ley actual de inmunización compulsoria (Ley 25-1983) a la población más vulnerable — niños preescolares y jóvenes estudiantes —, denunciaron cinco organizaciones de pediatría y catedráticos.
Los pediatras y profesores se unieron nuevamente para oponerse al Proyecto de la Cámara 1984, que busca eliminar la Ley 25 e instaurar una nueva legislación que adjudique la decisión de vacunación a los padres o tutores de un niño para “proteger los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, el doctor Gerardo Tosca Claudio, hizo un llamado a la legislatura para “evitar el caos” que conllevaría la derogación de la ley. Enfatizó la importancia de la vacuna como medida de protección para la salud pública y prevención de enfermedades como sarampión, polio, meningitis, hepatitis B y varicela.
La tasa de vacunación de Puerto Rico está por encima del 90 % y es de las más altas de las jurisdicciones de Estados Unidos, lo que ha detenido la prevalencia de infecciones en la comunidad, precisó la infectóloga pediátrica Inés Esquilín Rivera.
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Esquilín Rivera añadió que rescindir la vacunación tendría mayores implicaciones en el sistema de salud, como mayor preparación de hospitales y salas de emergencia para aislamiento, separar a los niños enfermos de recién nacidos y evitar contagios entre pacientes que acuden a centros de salud.
“Tendríamos que someter a nuestros niños a unos protocolos de evaluación diagnóstica que ya no estábamos utilizando gracias a la vacunación. Derogar la Ley 25 sería terrible para nuestra población puertorriqueña y nos haría retroceder en lo que hemos logrado por todos estos años”, apuntó.
Por su parte, la presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Pediatría, Nilka de Jesús González, distinguió que las dos intervenciones fundamentales para mantener las tasas altas son el acceso a las vacunas — un privilegio que Puerto Rico tiene, contrario a otros países latinoamericanos — y las leyes compulsorias de inmunización.
“En los lugares donde no existe, o donde hay muchas exenciones, empezamos a ver que las tasas de vacunación bajan y los brotes aumentan”, señaló.
El proyecto, presentado por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Sol Higgins Cuadrado, coincide con un aumento en brotes de sarampión en Estados Unidos y de influenza en Puerto Rico. No obstante, los legisladores buscan defender derechos de participación ciudadana y libertad religiosa y garantizar el consentimiento informado de padres, madres o tutores por los niños y niñas, según establece la exposición de motivos.
“[El sarampión] Es bien contagioso y, si no tenemos vacunación en espacio cerrado, se les pega a todos los que están en el salón escolar”, dijo Sanet Torres Torres, infectóloga pediátrica y representante del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Además de que la Ley 25 da paso a un ambiente “sano”, Torres Torres recalcó que “no se limita al aspecto de salud; envuelve también el ambiente escolar y el desarrollo social del paciente pediátrico”. Mencionó, como ejemplo, el impacto social y educativo “devastador” que la pandemia de COVID-19 provocó en 2020 y las secuelas que han experimentado desde entonces.
Torres Torres, asimismo, denunció el comportamiento de personas que prefieren exponerse a la enfermedad para recibir “protección a largo plazo” y refirió a pediatras como fuentes de información confiables para tomar decisiones salubristas.
La neonatóloga Sylvia Arce Cardona, presidenta de la Asociación de Médicos Pediatras del Oeste, también reconoció el impacto debilitante que la pandemia causó al sistema de salud y la sobrecarga que provocaría si se aprueba el proyecto legislativo.
Mientras, el presidente de la Asociación de Médicos Pediatras del Este, Juan Delgado Rodríguez, sostuvo que los pediatras que quedan en Puerto Rico deben seguir luchando por la inmunización. “No entendemos por qué se quiere erradicar la vacuna. Hay que mantener un frente común”.
Todas las partes coincidieron que, en los asuntos de salud pública, no se debe pensar solamente en el individuo, sino que la responsabilidad de protección al colectivo le corresponde al país.
