En conmemoración de su 25 aniversario, el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentó hoy, martes, un resumen de su trayectoria, destacando particularmente el logro de obtener la aprobación y financiamiento federal para el programa de Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), un beneficio por el que han abogado por más de dos décadas.
Fundada en 1998 por Miguel Soto Class, la institución, que sentó el precedente como think tank o grupo de expertos en Puerto Rico, ha conducido análisis e investigaciones en las áreas de energía, reconstrucción, salud, vivienda, asuntos fiscales, entre otros, e impulsado la implementación de política pública para el desarrollo de la economía.
“CNE creó un espacio que hoy comparten con nosotros un sinnúmero de otras organizaciones importantes para la isla. Hace 25 años, las oportunidades para hacer una carrera en una ONG eran bien limitadas. Y aparte de unos temas muy puntuales, toda la política pública la monopolizaba el gobierno y los partidos políticos”, declaró Soto Class.
Sobre el EITC, reestablecido en 2018 gracias a la gestión del CNE en el gobierno estatal, el director de Política Pública de la organización, Sergio M. Marxuach, indicó preliminarmente que ha sido un éxito.
“Los resultados iniciales apuntan en la dirección correcta. Más de 600,000 familias lo han recibido. 646,000 familias. Eso es más del 60% de los contribuyentes en Puerto Rico”, detalló.
El CNE intercedió a favor de la implementación de dicho beneficio desde 2003, logrando su primera aprobación en 2006. No obstante, debido a la situación fiscal del país, el EITC fue eliminado en 2014.
Una vez aprobado nuevamente en 2018, el CNE continuó sus esfuerzos para que el gobierno federal reforzara el programa.
“La idea entonces que se desarrolló es: si queremos hacer un EITC de verdad en Puerto Rico, como quiere la Junta de Supervisión (Fiscal), pues va a costar alrededor de $800 millones. La idea era que el gobierno federal pagara $600 millones y Puerto Rico pusiera $200 millones, o sea, que hubiera un pareo de 3 a 1. Finalmente eso se logra en 2020, se incluye en legislación federal y se comienza a implementar en el 2021″, recordó Marxuach.
El director de Política Pública en el CNE reconoció que el principal desafío que implica dicho beneficio, para el gobierno, es su elevado costo.
“El crédito ya está costando más de $1,000 millones, que es un asunto que tenemos que ver porque está ahora básicamente Puerto Rico poniendo casi 50% del costo. La aportación federal se quedó en $600 millones, o sea que, lo que cueste por encima de $600 millones, lo tiene que poner Puerto Rico”, dijo.
Marxuach informó que el año pasado, el EITC ascendió a aproximadamente $1.1 billones, con una contribución estatal de alrededor de $500 millones.
No obstante, el portavoz de la organización enfatizó el impacto positivo de este beneficio en la sociedad, al ser uno de los factores que seguramente ha incidido en el alza de la tasa de participación laboral y en la baja en la tasa de desempleo.
Entre las gestiones del Centro, también estuvo el análisis de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en 2005, que resultó en la petición de una amplia reestructuración de la empresa de servicios públicos. Dicho informe de políticas reveló las ineficiencias de la AEE, incluido un recargo oculto del 11%, y provocó audiencias públicas.
Además, en 2006, el CNE fue el primero en alertar al público sobre la insostenibilidad y las consecuencias del creciente déficit fiscal del gobierno. “Ya estábamos atisbando por dónde venía la ruta de las finanzas de Puerto Rico”, dijo Marxuach.
En 2015, el ente fue el primer orador no gubernamental de Puerto Rico en ser invitado a brindar testimonio experto sobre la crisis fiscal de PR y la necesidad de reestructuración de la deuda ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos.
Al siguiente año, para representar los intereses de Puerto Rico en la capital federal, establecieron una oficina en Washington D.C., dirigida por Rosanna Torres Pizarro.
De cara al futuro, Marxuach aseguró que “seguiremos trabajando por el bienestar de la gente de Puerto Rico, a la vez que nos enfrentamos a nuevos retos que surgen del cambio climático, los realineamientos geopolíticos y la inteligencia artificial que provocan un cambio en la conversación del desarrollo económico”.
En cuanto a la inteligencia artificial, el director de Política Pública insistió en la necesidad de un marco ético para gobernar la utilización de estas tecnologías “para que no se nos vaya de control”.
Por su parte, Soto Class destacó que “Puerto Rico necesita a CNE ahora más que nunca, en parte porque la situación económica y social está peor, pero además hay dos agravantes relativamente nuevos: la polarización y el quebrantamiento institucional. CNE siempre ha sido una entidad de centro que toma decisiones y hace recomendaciones basadas en la investigación empírica y no en ideologías”.
