De cara a los procesos electorales, se esperan las propuestas de políticas públicas relacionadas a la criminalidad, los feminicidios, la violencia en las comunidades de adultos mayores y la niñez y la educación, entre otros asuntos. Pero uno de los temas que urge y que es transversal a muchos otros es la salud mental en Puerto Rico.
Expertos en el tema recalcaron que es imprescindible discutir durante estos meses el acceso a los servicios de salud mental en Puerto Rico y atender las condiciones sociológicas que atentan contra el bienestar en general.
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El psicólogo clínico de la organización sin fines de lucro Taller Salud, Roberto Fernández, aseguró que se debe cuestionar el modelo de prestación de servicios que está centrado en el “lucro de los dueños de las empresas”.
Como en ocasiones anteriores vuelve a surgir el tema de los servicios de APS Healthcare.
“Una de las cosas que yo veo en mi práctica comunitaria es que llegan a mí personas que están en APS, y es porque no consiguen citas. Conseguir cita es un problema, pasan meses cuando las dan y eso implica un problema de acceso. Yo no creo que nuestro sistema le da la misma importancia a los servicios de salud mental (que los tratamientos de salud física)”, argumentó Fernández.
De acuerdo con el experto, el problema es el modelo del sistema en Puerto Rico. “El problema no son los médicos, es el modelo y las aseguradoras que les impone un límite de tiempo y una cantidad de personas que tiene que atender al día. Muchas veces los psicólogos están media hora o 20 minutos, eso no es suficiente para hacer un trabajo terapéutico”, detalló.
Según Fernández, esto incide negativamente en el proceso de sanación.
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El presidente de la Asociación de Psicología, Ángel Comas, coincidió en que es “fundamental” evaluar en el debate público la funcionalidad del sistema, ya que resulta un “obstáculo”.
El contexto social como origen para la inestabilidad en la salud mental
Por otro lado, Comas instó en implementar programas de prevención, cuyo eje sea educar desde la edad temprana en centros de cuido, escuelas y espacios de adolescentes y jóvenes.
Estos lugares educativos deben priorizar temas de género, diversidad cultural, evaluación de conductas de alto riesgo y el uso de sustancias.
Ambos salubristas aseguraron a Metro que el contexto social es el origen de la inestabilidad en la salud mental. Apuntaron al estatus colonial, la violencia desmedida, la desigualdad social, los problemas de desarrollo económico en la isla, inaccesibilidad en la compra de vivienda, fenómenos de desplazamiento y gentrificación, entre otros.
Comas, quien es psicólogo industrial organizacional, puntualizó que las condiciones sociales de la isla conducen a los desbalances emocionales y atentan contra el bienestar.
“Los trabajos están escasos, la violencia y los feminicidios siguen en aumento y el gobierno dice que los atiende o se hace de la vista larga, pero realmente no atiende las raíces. Las plataformas de gobierno tienen que mirar todos eso aspectos para entonces decir si su programa promueve una buena salud mental. No hay un plan de crecimiento, mejores condiciones de vida, la parte social, ofertas atractivas de empleos y los aspectos de una planificación pobre del país con una Junta que impone unas medidas de austeridad muy severas. Eso afecta la salud mental”, añadió Comas.
Por otro lado, subrayó la necesidad de establecer una infraestructura sólida de educación, en el que se beneficie el estudiantado y el magisterio.
Por su parte, el psicólogo y traumatólogo, David Alcalá, coincidió en que los orígenes de los desbalances en el bienestar surgen en edades tempranas, que luego llevan a repercusiones sociológicas como la violencia, la criminalidad, el abuso en la comunidad de adultos mayores y niñez.
Alcalá subrayó que la atención debe estar el cuidado preventivo, en eliminar el estigma sobre la salud mental y mejorar el contexto social de la isla, pues no aporta para un balance emocional.
Incremento en el abuso contra adultos mayores y envejecientes
Por su parte, la doctora Silma Quiñonez, miembro del consejo ejecutivo de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, en inglés), apuntó a la importancia de considerar la realidad demográfica de Puerto Rico.
Es por ello, que comentó que se debe prestar más atención a la salud mental de esta comunidad, la cual es activa y que se reintegra en el ámbito laboral, pero que vive un rechazo intenso y maltrato.
“Siempre hemos visto la prioridad de proteger la niñez e intervenir de manera preventiva en el asunto del suicidio y el maltrato, pero no es prioridad para el estado atender al adulto mayor. Hay mucha necesidad en esas otras poblaciones”, argumentó.
Quiñonez, quien dirige el programa de Psicología de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, instó en que se debe atender de manera integral a todos, y las condiciones en que viven los ciudadanos impacta directamente al bienestar de esta comunidad.
Sostuvo que el gobierno debe proveer apoyo a los cuidadores para que esa intervención de los familiares sea más “real”. La psicóloga informó que, usualmente, los responsables del cuido suelen ser los agresores. El viabilizar la tarea del cuidador evitaría el abandono, el abuso y fraude económico y todo tipo de violencia.
También recomendó hacer ajustes en los empleos para los familiares cuidadores, agilizar las diligencias médicas para estas familias e identificar qué otras necesidades puedan tener estas familias.
Asimismo, indicó que “el gobierno debe facilitar lo que un individuo no puede hacer solito, hacer las calles accesibles para los que caminan con andadores”, así como proveer acomodos razonables para que puedan trabajar “considerando las necesidades de un adulto mayor”.
Imprescindible analizar políticas públicas actuales y acoplar la Ley 408 a la actualidad
De otro lado, el catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Víctor Rivera, recalcó que todo candidato que aspire a un puesto político debe hacer una evaluación del marco actual de la salud mental.
Rivera indicó que dentro de ese análisis se debe evaluar la Ley 408, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, antes de crear nuevas políticas públicas.
“La ley aborda todos los contornos de la salud mental; la prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud mental, pero eso se hizo desde la óptica del Puerto Rico del 2000. Aprobada a un mes de las elecciones del año 2000, no se ha visto un trabajo adicional, en cuanto a esa ley. La última enmienda fue en agosto del 2012, en los últimos gobiernos no han trabajado en hacerle una enmienda. Imagina cómo se han transformado las necesidades de esas categorías en la actualidad. Se debe revisar y adoptar a la salud mental de hoy. El candidato tiene que establecer un assesment o un diagnóstico y ver en qué áreas esa ley ha fallado. El problema de salud mental es mucho mayor que cuando se aprobó la ley hace 24 años atrás”, recomendó.
También, cuestionó la eficacia de la Reforma de Salud, pues su ejecución crea inaccesibilidad para los ciudadanos.
Town Hall de Salud Mental
Ante los retos monumentales en el campo de la salud mental, Metro Puerto Rico junto con la Fundación Osorio y Barreto se une a un grupo de medios de comunicación para celebrar un town hall con los candidatos a la gobernación sobre sus propuestas. El evento se transmitirá por Radio Isla 1320 y las plataformas digitales de Metro.pr, NotiUno, RadioIsla y el Overseas Press Club el próximo jueves, 29 de febrero a las 8:00 p.m. Además, se une Jugando Pelota Dura. Los aspirantes atenderán preguntas sobre salud mental en las áreas de sustancias controladas, adultos mayores, niñez y criminalidad.
Todos los aspirantes confirmaron menos el gobernador Pedro Pierluisi. La aspirante primarista, Jenniffer González se excusó por su maternidad.
