En menos de una década el número de unidades de vivienda que se utilizan para arrendamiento a corto plazo (ACP) en Puerto Rico aumentó aproximadamente de 1,000 en 2014 a más de 25,000 en 2023. Así lo reflejó el informe “Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo en el desplazamiento de las comunidades” presentado ayer por Hispanic Federation.
El informe, elaborado en colaboración con la organización local El Enjambre, se basó en entrevistas con diversas comunidades afectadas, representantes y expertos del sector de ACP, así como en un análisis de las regulaciones implementadas en Estados Unidos y otras partes del mundo.
“El aumento exponencial de los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico ha transformado la dinámica comunitaria y planteado serias preocupaciones sobre el acceso a la vivienda y la calidad de vida”, dijo Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation. “Es imperativo que el gobierno actúe con urgencia para equilibrar los beneficios del turismo con la protección de las comunidades locales”, agregó.
Según el informe, el aumento vertiginoso de los ACP ha generado varios cambios desafiantes en la dinámica comunitaria y el acceso a la vivienda. Los cambios también han impactado la calidad de vida de los residentes y han generado preocupaciones sobre el desplazamiento, la gentrificación y la competencia comercial desleal.
En el documento se destacan recomendaciones impulsadas por la comunidad para abordar estos problemas de manera efectiva. Entre las más destacadas se encuentran la clasificación de ciertos ACP como negocios con la aplicación de licencias y permisos comerciales correspondientes, así como el aumento del impuesto por habitación del actual 7 % a un rango entre 9 y 11 % para financiar la fiscalización y los servicios públicos.
“El informe busca articular y presentar los puntos de vista y las recomendaciones de comunidades con alta densidad de alquileres a corto plazo, enfocando en los impactos sobre la vivienda y la vida en comunidad”, dijo Alejandro Cotté Morales, cofundador de El Enjambre y coautor del informe, en colaboración con Lyvia N. Rodríguez Del Valle, Mikael Rosa Rosa y Raúl Santiago Bartolomei.
Aunque los participantes del informe no abogan por la prohibición de los ACP, reconocen la necesidad urgente de regularlos para equilibrar los beneficios comerciales con los impactos negativos en las comunidades. Identificaron principios rectores que deben guiar cualquier política pública sobre ACP, incluida la participación ciudadana y el reconocimiento de la vivienda y la permanencia de las comunidades como derechos fundamentales.
Además, se insta a distinguir entre propietarios de múltiples unidades de ACP y aquellos que alquilan ocasionalmente para complementar sus ingresos, así como a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre la regulación de esta industria en rápido crecimiento.
También se sugiere otorgar a los municipios un papel central en la fiscalización de los ACP, reconociendo su conocimiento local y su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad. De igual forma, proponen crear un registro público con un mapa interactivo que proporcione información detallada sobre la ubicación, propietarios, operadores y otros datos relevantes de los ACP. Además, se requeriría que las plataformas de ACP proporcionen datos al gobierno para facilitar la fiscalización.
Asimismo, sugieren delimitar las áreas donde pueden operar los ACP para proteger las tierras de alto valor ecológico y agrícola, zonas históricas y áreas residenciales. Se sugiere ajustar la cantidad y densidad de unidades de ACP a la capacidad de carga de cada ubicación.
Impacto de los ACP
El informe destaca los beneficios económicos de los ACP, como la generación de empleos y actividad económica local, pero también subraya los impactos negativos, como el desplazamiento de residentes, la precarización de la calidad de vida y la competencia desleal en el sector turístico.
Según el informe, los ACP están exacerbando el encarecimiento de la vivienda y el acaparamiento de inmuebles. Esto dificulta el acceso a viviendas asequibles para los residentes locales, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares cuando los propietarios deciden convertir sus propiedades en ACP.
Por otra parte, la actividad turística asociada con los ACP está generando problemas como ruido excesivo, fiestas y uso irresponsable de espacios comunes, lo que entra en conflicto con el uso residencial y afecta negativamente la calidad de vida de los residentes locales. De igual forma, el aumento del turismo impulsado por los ACP está provocando cambios en la oferta de bienes y servicios, priorizando las necesidades de los turistas sobre las de los residentes locales y obligando a estos últimos a desplazarse para acceder a productos y servicios básicos.
“Como persona desplazada en múltiples ocasiones por dueños que prefirieron convertir su propiedad en una de alquiler a corto plazo, entiendo que este fenómeno ha puesto al descubierto la brecha que existe entre las clases sociales y que cada vez se hace más presente en nuestro archipiélago, al igual que en muchos lugares del mundo. Los de mayores recursos siguen adquiriendo mientras los de menos recursos seguimos perdiendo”, explicó Gloria Cuevas, una residente desplazada de su comunidad en Rincón y que ahora vive en Mayagüez.
