El Cuerpo Consular de Puerto Rico y el Negociado de la Policía, con apoyo de otras entidades gubernamentales, acordaron unir esfuerzos con el fin de orientar a las víctimas de violencia de género en las comunidades de inmigrantes y poner a su disposición recursos y herramientas para su ayuda y protección en la Isla.
En la reunión participaron la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, el Departamento de Salud con su Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el Departamento de Justicia con la Oficina de Servicios y Compensación a Víctimas de Delito y el Poder Judicial.
La oficial de Cumplimiento PARE, la fiscal Ileana Espada, explicó que esta es la primera vez que se lleva a cabo un cónclave de esta índole, dirigido a familiarizar a los diplomáticos de otros países que residen en la Isla con las leyes y los mecanismos existentes para la protección de sus conciudadanos que son víctimas de violencia de género. Igualmente, se les presentaron los contactos con las agencias públicas que brindan servicios, independientemente del estatus migratorio de la persona afectada por la violencia intrafamiliar. Entre las agencias destaca el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), un organismo a cargo de la Policía de Puerto Rico con apoyo de policías municipales.
“Una persona que llega de un estado con una orden de protección a su favor está cobijada por la cláusula constitucional de Plena Fe y Crédito, que obliga a una jurisdicción, en este caso Puerto Rico, a seguir los actos públicos y procedimientos judiciales de la otra jurisdicción. Esto no es así con las personas procedentes de otros países, que generalmente desconocen las protecciones que Puerto Rico puede proveerles, y por eso estamos aquí, para dialogar sobre los recursos existentes para apoyar a las víctimas, sin importar su lugar de origen”, indicó el comisionado Antonio López Figueroa.
Según el Comisionado de la Policía, por las razones anteriores, la agenda de la actividad celebrada en el día de hoy se enfocó en exponer a los cónsules de una decena de países hermanos a la legislación sobre violencia de género vigente Puerto Rico, qué son y cómo solicitar las órdenes de protección y dónde comunicarse o referir a las personas para recibir servicios. Asimismo, se les presentó los servicios que ofrece en COPOP para monitorear las órdenes de protección y proveer vigilancia a las víctimas.
“Esta iniciativa está alineada a la política pública de protección de los derechos humanos y de acceso de las víctimas a la justicia. Presentamos la idea al cónsul de la República Dominicana, César Cedeño, quien de inmediato a activó a sus pares a través del Cuerpo Consular y fue adoptada por el decano de este organismo y cónsul de El Salvador, Humberto Zacapa. A ambos, así como a todos los cónsules que atendieron nuestro llamado, les agradecemos su proactividad a la hora de facilitar servicios a sus compueblanos y a todas las víctimas de violencia de género”, señaló la fiscal Espada.
“Con este acto, además, seguimos la recomendación del comité asesor del gobernador Pierluisi, PARE, en cumplimiento con los objetivos de la Orden Ejecutiva que declaró un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico”, indicó López Figueroa.
Además de los miembros del Cuerpo Consular, estuvieron presente la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; el equipo del Departamento de Seguridad Pública, Vicenta Pérez, directora de la Oficina de Servicios al Inmigrante del Departamento de Estado, y representantes del Poder Judicial.
Por su parte, la directora del COPOP, sargento Ivette Rivera, explicó que durante el encuentro se presentaron situaciones reales. Uno de los incidentes recientes involucró a una mujer que obtuvo una orden de protección en su país natal y vino a la Isla, de donde es su pareja maltratante, pero como no conocía los procedimientos para darle vigencia y validez a la orden, llevó su situación al consulado y el consulado contactó a la Policía.
“De ahí se hace evidente la importancia de orientar al Cuerpo Consular la Ley 54 y su aplicación a personas no nacidas en la Isla, discutir los escenarios posibles, como, por ejemplo, que el incidente violento ocurra aquí, e intercambiar informaciones”, agregó la teniente Aymee Alvarado, directora de la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía.
“No importa el estatus migratorio de la víctima; para darle servicios de protección no vamos a mirar su estatus migratorio”, estipuló la teniente Alvarado.
