El activista ambiental arremetió contra lo que considera un sistema diseñado para marginar a las personas que no están vinculadas a ningún partido político y aspiran a ocupar puestos electivos, esto en el comienzo de la primera vista argumentativa que se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Molina, presentó una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) donde se está impugnando su descalificación como candidato al Senado por acumulación, denunció una serie de requisitos que calificó como inconstitucionales, alegando que los partidos políticos han construido un entramado para dificultar que personas independientes accedan a cargos públicos.
“Este esfuerzo se está haciendo para que se acabe de discriminar contra todas las personas que no son pertenecientes a una estructura partidista. Por ejemplo, hay muchos requisitos que son inconstitucionales, pero los partidos políticos han creado todo este esquema para hacer difícil que las personas puedan ostentar un cargo público y que ellos sean desplazados de la administración pública, con la cual nos han estado robando nuestro futuro y hasta nuestro pasado”, expresó Molina durante un receso en la sala judicial.
Molina, quien anteriormente buscó candidaturas independientes para la gobernación en procesos electorales anteriores, acusó a los partidos políticos de perpetuar un sistema que excluye a aquellos que no están afiliados, destacando la dificultad que enfrentan los candidatos independientes para cumplir con los requisitos exigidos.
“Nosotros completamos todos los requisitos. Está puesto en el propio email de ellos (CEE). Recogimos sobre mil endosos”, aseguró Molina.
Por otra parte, el activista sugirió que la presencia policial exagerada podría interpretarse como una medida de vigilancia constante sobre sus movimientos y acciones. “Me parece que miden cada paso que damos”, denunció Molina, enfatizando la necesidad de una revisión sobre cómo se distribuyen y utilizan los recursos estatales.
“A mi llegada al tribunal, me percaté de una gran cantidad de policías en el área, lo que entiendo es completamente innecesario”, declaró Molina. Expresó su preocupación por la asignación de recursos estatales, especialmente en un momento en que Puerto Rico enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad pública.
Según la CEE, el aspirante al puesto electivo no presentó pruebas suficientes para demostrar que se cometió un error al no certificar su candidatura y que sus alegaciones nos son suficientes para la concesión de un remedio en derecho. Además, la CEE fue enfática en la moción en que Molina no presentó las certificaciones necesarias y que su prueba de detección de sustancias controladas se encuentra incompleta.
“Las alegaciones de la parte demandante se limitan a exigir que debido a que la CEE le permitió́ recoger endosos; los demás requisitos que establece el Código Electoral no le son de aplicación. Por lo tanto, pretende la parte demandante que se le tenga que certificar como candidato; aun habiendo incumplido con los requisitos de ley para dicha certificación”, indica la moción presentada por la CEE. Además, señala que Molina pretende que se le brinde un “trato preferencial o distinto a las demás personas que aspiraban a ocupar un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico”.
La CEE acusó a Molina de “obviar convenientemente” en su demanda la fecha límite para la entrega de documentos, alegando que Molina interpretó erróneamente el plazo para subsanar los documentos faltantes. Según la moción presentada por la CEE, la fecha límite para la presentación de documentos era el 2 de enero, no el 1ro de febrero como Molina había sugerido.
En su declaración, la CEE explicó que Molina debía haber proporcionado evidencia de que había gestionado los documentos requeridos ante las agencias pertinentes antes del 2 de enero de 2024. Sin embargo, la agencia afirmó que Molina no presentó prueba alguna de haber cumplido con este requisito, lo que invalida su intento de subsanar los documentos faltantes después de la fecha límite.
Además, la CEE señaló que Molina no proporcionó la evidencia requerida sobre la solicitud de certificaciones de deuda con el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Según la agencia, esta falta de diligencia por parte de Molina socava su argumento para subsanar su expediente con los documentos presentados posteriormente.
