Ante el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para liberar unos $23.5 millones de dólares al Departamento de Salud (DS) de forma que la agencia compre el edificio Mercantil Plaza en Hato Rey, se vuelve a plantear la importancia de la transparencia en este tipo de proceso.

De hecho, la JSF aprobó la liberación de los fondos con observaciones que incluyen que se les presente el contrato de compra-venta para “revisión y aprobación previa a su ejecución”.

Para el expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Heriberto Martínez Otero la transparencia en el trámite es crucial.

“Esa ha sido la gran preocupación histórica en Puerto Rico cuando se asignan fondos federales para las contrataciones privadas o para la acción de edificios, que no haya un tercero beneficiándose por razón de afinidad personal”, explicó el también exdirector de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes.

Aunque, el economista aseguró que se debe evaluar lo que se estipula en el contrato de compra-venta para determinar con mayor rigurosidad si los fondos atribuidos están por encima o por debajo del costo de la propiedad. “Hasta el momento, con la información que se ha publicado es que el edificio podría ser funcional, y las rentas podrían beneficiar al Departamento de Familia o al FEI, que están allī presente. De nuevo, hay que evaluarlo con mas rigurosidad y ver al final que es lo que se está estipulando en el contrato de compraventa. Para mi las cantidades pueden variar, pero se tiene que cumplir con criterios bien estricto de transparencia y del valor de la propiedad de la tasación”, explicó Martínez Otero.

Martínez Otero hizo hincapié en que es imprescindible tener una tasación justa, que no se inflen los precios por ser la naturaleza de esta compra y que “se haga justicia con el dinero de los contribuyentes”.

“Cuando estamos hablando de dinero público, tiene que haber un escrutinio total por parte de agencias locales y federales, porque hemos visto que cuando no hay un escrutinio sólido con respecto a las transacciones, por ahí es que se dan los casos de corrupción”, opinó el economista.

Este fin de semana, el analista de políticas del Center on Budget (un grupo de expertos que analizan la efectividad de políticas federales y estatales), Javier Balmaceda, publicó en X información sobre el edificio y sus propietarios. Detalló que el edificio de 16 pisos, construido en el 1974, figuraba para el 2005 un valor de $5 millones y que el espacio fue adquirido por la empresa Union Holdings, en una transacción con su empresa hermana Unión de inversiones en el mencionado año. Detalló en su publicación que la empresa tiene un déficit acumulado de $21 millones de dólares.

De acuerdo a su búsqueda, el informe anual de la compañía también mostró que todas las propiedades de la empresa sumarían a un valor total de $18.5 millones al tomar en cuenta la depreciación. “Es probable que los aprietos financieros de Union Holdings provocan la venta del Mercantil Plaza. Viendo el valor de sus propiedades, que está muy por debajo del pedido del Departamento de Salud de Puerto Rico, habría que ver para qué más es la partida que han solicitado a la Junta”, sotuvo el analista de políticas, quien fue un reportero en temas de finanzas para la plataforma noticiosa Debtwire Municipals.

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De otra parte, ante el planteamiento de que existen edificios de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) que el gobierno podría utilizar, Martínez Otero comentó que lo ideal sería que el Gobierno apueste a sus recursos primeros para así promover “niveles de sana administración”.

“Lo que hay que preguntarse es si ese edificio de PRIDCO u otros edificios de PRIDCO son funcionales para poner ahí las oficinas del Departamento de Salud y eso también hay que evaluarlo por que eso tiene unos requisitos y tiene que cumplir con unos espacios”, argumentó.

Por otra parte, expresó que no existe un “problema” en que el Gobierno compre edificio, pero reiteró que se debe cumplir con los procesos de transparencia y hacer su debida evaluación. Explicó que se debe considerar si las instalaciones cumplen con los estándares; tener estacionamiento, funcionalidad, que no esté ubicado en una zona inundable, entre otros.

“Me parece que hay que ser lo más transparente posible con el público, liberar la información relacionada a lo que es el resultado de la tasación y explicar por qué es mejor comprar un edificio en Santurce que utilizar cualquier otra infraestructura de PRIDCO, si esas cosas se le explican y hay transparencia total no debe haber ningun problema. Ahora, si no es transparente la transacción, tienen que entrar entonces las demas instituciones para ver qué es lo que está pasando”, concluyó Martínez Otero.

El secretario de Salud, Carlos Mellado dijo al periódico Primera Hora que la compra del edificio responde a que las facilidades donde ubican actualmente en la zona del Centro Médico son edificios enfermos. Utilizarían luego dinero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para cubrir la transacción.