El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal llegaron a un acuerdo para la estipulación final de la implementación parcial de la Ley 80-2020 conocida como la “Ley del programa de Retiro Incentivado” para empleados con plazas “no esenciales”.
Según indicó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar J. Marrero, el acuerdo final se dio atemperado a las exigencias de la Ley PROMESA.
“Hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50 por ciento a la vez que logramos ahorros significativos para el Gobierno. Una vez más cumplimos nuestro compromiso para que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno”, expresó Pierluisi.
Por su parte, Marrero Díaz indicó que, “este acuerdo final se logró tras más de dos años de arduas negociaciones con la Junta de Supervisión al culminar un proceso de evaluación exhaustivo y detallado para viabilizar el retiro de cada uno de los 1,130 servidores públicos que finalmente participarán del retiro incentivado. Es importante destacar también que este acuerdo final también viabiliza contribuciones adicionales de aproximadamente $103 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones, de los ahorros logrados mediante la implementación parcial de la Ley 80-2020″.
Los 1,130 empleados públicos, cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse. Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas. La fecha de efectividad de salida de estos empleados será para 31 de marzo de 2024.
