El proyecto legislativo que pretende derogar la ley que dispone la vacunación compulsoria de niños pre-escolares y estudiantes volvió a ser rechazado en el último día de vistas públicas en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Entre los deponentes en la audiencia celebrada el miércoles estuvo el doctor Humberto Guiot, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico (SEIPR), rechazó el proyecto debido a que debe prevalecer la noción de que las vacunas son seguras.
“Las vacunas pasan por un estricto proceso de desarrollo y elaboración, donde la seguridad y efectividad se evalúan científicamente en diferentes fases a través de la rigurosidad de la investigación”, planteó el médico infectólogo.
Guiot argumentó que “debemos seguir vacunando rutinariamente para algunas de las enfermedades que raramente vemos hoy (polio, tos ferina, sarampión, difteria), para evitar que vuelvan a aparecer”. “Con los viajes, la inmigración y la globalización es muy fácil, actualmente, entrar en contacto con esas enfermedades contagiosas y que se desarrollen brotes en la población”, afirmó el Presidente de SEIPR.
Por su parte, el pediatra y expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), el doctor Víctor Ramos Otero, quien denunció que el Proyecto de la Cámara 1948, que derogaría la vigente Ley de Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-Escolares y Estudiantes (Ley Núm. 25 de 1983), está basado en la desinformación.
“No hay que arreglar lo que no está roto, cuando hay tantas cosas rotas en Puerto Rico y en nuestro sistema de salud”, puntualizó el galeno.
Mientras tanto, el licenciado y profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUCPR), Pedro Ortiz Álvarez, calificó el proyecto de ley como “insostenible” debido a que obligar a los niños a vacunarse ha sido avalado por las jurisprudencias federales desde 1905.
“La Corte Suprema federal ha sostenido que ni los derechos religiosos ni los de paternidad están más allá de limitaciones razonables impuestas por el Estado en aras del bienestar de los menores y de la comunidad en general. Por lo tanto, la objeción a la vacunación basada en la libertad religiosa no puede prevalecer sobre el mandato de vacunación establecido por el Estado para proteger la salud pública”, opinó el profesor universitario.
Ortiz Álvarez también expresó que las objeciones por conciencia o motivos filosóficos no tienen base en el derecho constitucional. “El gobierno tiene el poder de promover el bienestar general y la seguridad pública. Por lo tanto, las leyes de vacunación obligatoria y otras regulaciones de salud pública tienen un fundamento sólido en la autoridad constitucional para proteger la salud y seguridad de la población en general”, abundó el licenciado mediante escrito.
De otro lado, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, se expresó a favor de las vacunaciones en un memorial escrito.
“La responsabilidad por el bienestar de un menor conlleva el desarrollo de destrezas de crianza, conocimiento en aspectos relacionados con su salud, educación, entre otros. Es por ello que, en el caso de las vacunas, fomentamos su administración en pro de la salud de estos”, leyó la licenciada Carolina Guzmán Tejada en representación del DF.
Mientras, la directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR), Joyce Dávila Paz, la dentista Ruth Carro Feliciano, la pediatra y salubrista Rosalina Valcárcel-Ruiz, y la portavoz de Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas, se expresaron a favor del proyecto.
