Durante la 43a reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), esta mañana, el director ejecutivo del ente, Robert Mujica, advirtió sobre los potenciales riesgos al Plan Fiscal Certificado, incluida la tendencia de la Legislatura de aprobar y promulgar leyes que representan cambios en el gasto o los ingresos del gobierno.
La JSF señaló la aprobación de ocho proyectos de ley, durante el segundo trimestre de este año fiscal, que añadirían costos no presupuestados.
Estas iniciativas legislativas que está revisando la Junta pueden tener un costo anual estimado de entre $10 millones y $26 millones, conforme al director ejecutivo.
“Esto se suma a la legislación que aprobaron en el primer trimestre y que promulga un recorte de impuestos muy considerable”, expresó Mujica durante su presentación de la actualización financiera de mitad de año fiscal.
Entre las medidas legislativas adoptadas se encuentra la Ley 116, que modifica la distribución de los ingresos de las máquinas tragamonedas de los casinos; la Ley 58, que eliminó la transferencia de $3 de cada infracción de estacionamiento al Fondo General; y la Ley 88, que reforma el Código Militar de Puerto Rico, alterando los salarios de algunos oficiales y el número de días de licencia permitidos.
Sobre la ley que abarca las máquinas tragamonedas, Mujica indicó que la Junta está revisando la medida aprobada, pues quieren asegurar que los fondos que se están recaudando como resultado de estas máquinas, “terminen verdaderamente en el lugar donde la legislación dice que tiene que ir para poder apoyar los sistemas de retiro de la Policía. Queremos asegurarnos de que la legislación realmente haga eso de una manera puntual y oportuna”.
Gastos del gobierno permanecieron por debajo de los recaudos del Fondo General
En la discusión del rendimiento de ingresos y gastos, y el saldo en efectivo del Commonwealth, Mujica informó que hasta diciembre de 2023, los ingresos reales acumulados del Fondo General han superado los ingresos esperados en aproximadamente $540 millones, y los ingresos del año pasado en $400 millones.
Sobre los gastos del Fondo General, Mujica comunicó que, hasta el segundo trimestre del año fiscal actual, fueron $111 millones por debajo del mismo período en el año fiscal anterior y $900 millones por debajo de lo previsto, “principalmente debido a retrasos en el registro de gastos”.
“Los gastos inferiores a los esperados se debieron principalmente a retrasos en el registro de $355 millones, mayormente relacionados con el Departamento de Educación. Los retrasos en la presentación de informes se deben a desafíos del sistema de información y deficiencias contables, lo que destaca la necesidad de mejoras continuas en los controles internos y las prácticas de gestión financiera”, estableció el presidente de la JSF.
Sin embargo, el director ejecutivo del cuerpo fiscalizador indicó que diciembre presentó el primer mes con ingresos por debajo de lo proyectado y por debajo de los ingresos del año fiscal 2022-2023.
Al respecto, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia sostuvo que considera que el pobre desempeño en cuanto a los recaudos en diciembre del año pasado, en comparación con el mismo periodo en 2022, es el resultado principalmente de la diferencia en los bonos que el gobierno le otorgó a los empleados gubernamentales.
“Fue un estímulo grande que se dio y fue un mandato que vino como parte del Plan de Ajuste. Este año (fiscal) esos bonos no se parecieron a eso, así que no tuvimos el estímulo este año pasado”, expresó el primer ejecutivo durante la reunión.
Mujica comunicó que los objetivos presupuestarios para el año fiscal 2024-2025, presentados por la Junta al gobierno ayer, son un 3% más altos en comparación con el presupuesto certificado para el año fiscal 2023-2024.
La Junta de Supervisión proyecta que los recaudos del Fondo General serán de más de $13,000 millones para el año fiscal 2024-2025.
Durante su turno, Pierluisi Urrutia enfatizó que “los gastos no sobrepasaron los recaudos y había una diferencia marcada entre ambos años. Hemos visto que se ha gastado menos en los últimos años de parte del gobierno. Y eso es algo que debe ser considerado en el proceso de presupuestar”.
Continúa el diálogo entre JSF y UPR
Más adelante, en conferencia de prensa, Mujica dijo que las conversaciones con la Universidad de Puerto Rico (UPR) van más allá del tema de las bonificaciones a los empleados no docentes.
Según el director ejecutivo de la JSF, la institución universitaria tiene que asegurarse de que los recursos se inviertan adecuadamente a beneficio de los estudiantes y tomar en cuenta los cambios demográficos y la baja en matrícula.
“Continuamos las conversaciones con la Universidad sobre eso, identificando tanto los recursos como también los términos mismos. Hubo conversaciones tan recientes como ayer. Esperamos poder llegar a un acuerdo que sea justo para la Universidad. Para ser claros, hemos trabajado con el gobierno para aumentar el presupuesto en aproximadamente un 20 por ciento para la Universidad este año, más de $102 millones”, expresó Mujica.
El ente federal creado bajo la Ley PROMESA todavía no ha emitido una determinación final sobre el pago de la bonificación de $3,000 a los afiliados a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).
“Una prioridad nuestra es llevar dinero al aula y enfrentar algunos de los desafíos que enfrenta la UPR, que muchas universidades enfrentan y muchas universidades públicas están enfrentando. Desafíos relacionados con cambios demográficos”, dijo el director ejecutivo de la JSF.
Mujica especificó que la UPR ha enfrentado una disminución del 32 por ciento en la matrícula, por lo que parte de los diálogos con la Universidad han sido sobre cuatro iniciativas estratégicas diseñadas para mejorar las ofertas de clases.
“(Las iniciativas) están diseñadas para mejorar cómo los estudiantes obtienen clases y asegurarse de que tengan clases disponibles, asegurarse de que sus créditos se transfieran y asegurarse de que las ofertas sean las que los estudiantes necesitan. De forma que estén eligiendo la UPR sobre otros sistemas universitarios”, informó.
Cuestionado sobre si la Junta iba a entrar en la oferta académica, Mujica contestó que “no vamos a tomar decisiones por la Universidad, sobre qué cosas necesitan ser. Y nuevamente, por eso hemos tenido muchas conversaciones tanto con la Junta de Gobierno, el presidente de la Universidad y otros. El punto es que van a tener que tomar esas decisiones y hacer esos cambios. Pero solo queremos asegurarnos de que esas conversaciones realmente estén sucediendo y en la medida en que vamos a agregar recursos adicionales, no los agreguemos al ‘status quo”, puntualizó.
