La Oficina de la Contraloría de Puerto Rico emitió una auditoría en la que se revelan las deficiencias con la fiscalización de negocios o inversionistas que tienen decretos de Leyes 20 y 2012 (Ley 60-2019) de decretos contributivos a en la isla por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Del examen de una muestra de 10 de los 2,226 decretos a negocios, se identificó que la Oficina de Incentivos del DDEC no requirió a uno de los negocios la creación de tres empleos directos, no requirió la declaración jurada de la fecha de comienzo a otro de los negocios, no requirió informes anuales contributivos a dos negocios, ni requirió ocho planillas de contribución sobre ingresos a cuatro accionistas de tres negocios.
Además, la Oficina de Incentivos no le requirió los informes anuales a un inversionista, ni requirió evidencia de Statement for Individual del Internal Revenue Services a cinco inversionistas, ni solicitó evidencia a dos inversionistas de donaciones obligatorias de al menos $5,000 a entidades sin fines de lucro.
“Estas situaciones impiden validar el cumplimiento de los requisitos de los decretos otorgados ni permite al departamento tener la información necesaria para propósitos estadísticos y estudios económicos”, lee el informe de la Contraloría.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que luego de nueve años sin auditar el cumplimiento de los decretos, el DDEC formalizó un contrato el 7 de abril de 2021, con una firma de consultoría financiera para realizar la auditoría. Con respecto al requisito de tener oficina o establecimiento localizado en Puerto Rico, los auditores no localizaron la oficina de uno de los negocios, no pudieron validar la existencia de otra oficina que había sido disuelta y otro negocio tenía arrendada una oficina virtual.
“Estas situaciones impiden detectar errores, deficiencias e irregularidades para fijar responsabilidades y tomar medidas correctivas. Además, los negocios pueden beneficiarse de incentivos contributivos sin cumplir con los requisitos de los decretos otorgados”, añade el informe.
Del mismo modo, el informe señala que los secretarios del DDEC en funciones, no prepararon los informes anuales del 2016 al 2019 que por ley deben presentarle al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.
Además, al 23 de julio de 2020, el DDEC no había promulgado un reglamento, carta circular o determinación administrativa que regulara la presentación de la solicitud del decreto, la imposición de penalidades por incumplimiento y los procesos de fiscalización y elaboración de auditorías de cumplimiento, entre otros. Esta ausencia de reglamentación pudo haber dejado sin mecanismos legales al departamento para hacer cumplir los decretos otorgados.
Las actividades operacionales del DDEC se financian del presupuesto general, asignaciones especiales, ingresos propios o fondos especiales estatales y federales. Los estados financieros auditados reflejaron que el Departamento generó ingresos por $1,279,260,303 y gastó $1,218,857,652 con un sobrante de $60,402,651.
Este informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2022.
Reacciona el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Tras la publicación del informe, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), quiso aclarar que la auditoría hace referencia a periodos previos a la actual administración. Además, aseguran que han implementado esfuerzos para fiscalizar a quienes reciben estos incentivos.
“Desde que entramos en funciones en el 2021, hemos sido enfáticos y rigurosos en la fiscalización de decretos de exención contributiva como función medular del desarrollo económico de Puerto Rico. De conformidad, hemos implementado esfuerzos fiscalizadores sin precedentes, que nos han permitido emitir múltiples multas a concesionarios de Ley Núm. 20-2012 (Exportación), así como la revocación de más de 300 decretos de Ley Núm. 22-2012 (Individuo Residente Inversionista). Estas acciones afirmativas han resultado en un aumento en el nivel de cumplimiento de los beneficiarios”, lee la comunicación.
“Reiteramos que el cumplimiento con los términos y condiciones de los decretos es indispensable para mantener su efectividad. Acorde con ello, aquellas entidades o individuos que incumplan con sus responsabilidades bajo las leyes de incentivos aplicables, se expondrán a las penalidades en ellas establecidas, incluyendo la revocación retroactiva o anulación del decreto, con todas las consecuencias contributivas y legales que ello conlleva”, añade.
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