El Departamento de Justicia (DJ) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informaron esta tarde que se cuentran esperando por el resultado de las pruebas periciales para determinar si acusaran a nivel local la maestra arrestada ayer, miércoles, en Mayagüez por presuntamente abusar de un estudiante menor de edad.
“El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico nos encontramos trabajando en el caso, de manera simultánea a las agencias federales. Como parte del proceso investigativo, esperamos por el resultado de pruebas periciales que permitirán confirmar si se configuraron delitos procesables en la jurisdicción local”, detalló la jefa de los fiscales de Justicia, Jessika Correa.
La mujer, identificada como Kiara Ramos Meléndez, maestra de la Academia Adventista del Oeste, fue apresada por la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés). Asimismo, acusada por un gran jurado federal por un cargo de coerción e incitación a un menor y un cargo de recepción de material de explotación infantil.
Fuentes de Metro Puerto Rico apuntan que la mujer dio a luz hace tres meses producto de los encuentros con el menor de edad.
Según documentos judiciales, desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2023, la acusada, 29 años, utilizó su teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir a un menor de edad, de entre 13 y 14 años, para que participara en actividades sexuales y solicitar y recibir imágenes sexualmente explícitas del menor.
Desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023, Ramos Meléndez recibió imágenes sexualmente explícitas del menor vía WhatsApp.
“La Oficina del Fiscal Federal continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y procesar agresivamente a las personas que explotan a menores con fines sexuales”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“La acusada, a quien la comunidad le había confiado la tarea de proteger y enseñar a nuestros niños, violó ese encargo sagrado al agredir a un niño. Como lo demuestra este caso, atacaremos agresivamente a aquellos que se aprovechan de los niños”, añadió.
Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, dijo: “Las personas en una posición de confianza pública tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Un docente es una de las primeras líneas de protección de nuestros menores. Los depredadores no tienen un perfil, los hay de todos los géneros, es nuestro trabajo investigarlos a todos y proteger a nuestros hijos. HSI está alerta y no permitiremos que un solo individuo manche el nombre de todos los increíbles maestros que tienen un compromiso real de enseñar y, lo más importante, proteger a sus estudiantes”.
De ser declarada culpable de los cargos de coerción e incitación a un menor a participar en conductas sexuales ilícitas, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua, y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 5 años. Hasta 20 años, todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada después de una pena de prisión de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta (AUSA), Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está procesando el caso.
Casos similares a este han ocurrido en los Estados Unidos. Precisamente una película de Netflix titulada “May December” cuenta la historia de Mary Kay Letorneau de 34 años que tuvo encuentros con su estudiante de 12 años en el 1996 en Seattle.
