Ya son siete feminicidios en lo que va del año y expertos en temas de violencia de género aseguraron que el comienzo del 2024 es uno de los más violentos, en comparación con los últimos años.
En este contexto, Metro indagó sobre programas de desvío para rehabilitar agresores para encontrar que desde hace cuatro años el tema no se toca en el gobierno.
La Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica en Puerto Rico dispone que agresores que no tengan un récord criminal o incidentes previos, pueden ser parte de los programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras o los Programas de Desvío, si ellos lo desean o así lo determine un juez.
La psicóloga de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM), Esther M. Figueroa Ríos, afirmó que dichos programas no “tienen supervisión alguna”, a pesar que la Ley 449 para Crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras establece que deben ser monitoreados.
El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del Departamento de Corrección, del Departamento de Familia, Directora Ejecutiva o Comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, de la Adminsitración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
Figueroa Ríos entiende que al momento solo hay dos miembros; la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana I. Escobar Pabón, y la Procuradora de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria.
“Por conocimiento de la procuradora es que sí el gobernador hizo una serie de nombramientos para la junta, pero todavía están en la espera de que el Senado los confirme. Pero, si la pregunta es si está constituida o no, no está constituida”, confirmó.
Actualmente hay 23 programas en todo Puerto Rico, 18 son entidades privadas y cinco son públicas. Es responsabilidad de la junta, específicamente de Corrección y la OPM, monitorearlos.
De acuerdo con la psicóloga, quien llegó a formar parte de la junta, la última reunión fue para el tiempo de la pandemia del COVID-19. Dijo que, si no hay quorum en la junta, no se pueden efectuar las reuniones.
Ante el cuestionamiento de cómo es la fiscalización, la psicóloga indicó que en estos momentos la OPM tiene una propuesta de ejecutar un estudio sobre la efectividad de los programas, la probabilidad de una reincidencia y más; pero no se le ha dado paso porque no hay una junta constituida que lo apruebe.
“Estas preguntas me gustaría mucho que se las preguntara a la Secretaría de Corrección. […] Si la Junta no está constituida, pues no pueden ser monitoreados los programas. […] En estos momentos no hay un estudio certificado que nos diga cuán efectivos son “, aseveró. Metro contactó a la Secreatría de Corrección, pero no respondió la petición de entrevista.
De otra parte, la funcionaria de la OPM indicó que en muchas ocasiones los jueces establecen el tiempo que la persona estará en el programa, lo que resulta una limitación, pues a veces solo están seis meses. De acuerdo con Figueroa Ríos, se recomienda un periodo de inmersión de uno a dos años para lograr un cambio y evitar reincidir.
Precisamente, esto sucedió el caso de Andrea Ruiz Costas, quien su agresor la asesinó y confesó que fue parte de estos programas. En la masacre de Yauco, el victimario también asistió los programas.
Lo más preocupante, según las expertas, es que después que culminan con el tiempo estipulado, el récord criminal se borra. El agresor sale libre y le remueven los cargos.
Metro solicitó una lista de las entidades que proveen los tratamientos y al cierre de esta edición no había sido entregada.
La analista del Observatorio de Equidad de Género (OEG), Debora Upegui Upegui, al menos conoce que Hogar Crea es una de las organizaciones, pero apuntó que es el lugar menos adecuado para una reeducación.
“No van a estar trabajando desde una perspectiva de género para eliminar y erradicar el machismo. Es preocupante que este tipo de organizaciones sean las que se puedan estar considerando para vender estos servicios”, manifestó Upegui.
La psicóloga de la OPM reiteró que es imprescindible que la junta “sea constituida lo antes posible”.
“Mientras más tiempo pase, tenemos 23 programas que están sin supervisión ninguna. Sin ningún tipo de supervisión”, concluyó.
Inicio violento del 2024
Al observar los casos registrados en menos de tres meses, Upegui puntualizó que desde el comienzo del Observatorio de Género es la primera vez que se registra un inicio “tan violento”.
El ocho de enero, Ada Torres Morales de Toa Alta; 11 de enero, Moraida Rivera de Toa Baja; 23 de enero, Milka Ivette Méndez Pérez de Cabo Rojo; 24 de enero Linnette Morales Vázquez y Lizette Vázquez Vélez en Yauco; 20 de febrero, Elmaris Ortíz Velázquez de Arecibo y el 4 de marzo, Marisol Muñiz González de Aguada. En el caso de Yauco, el agresor asesinó también a otro familiar de las víctimas, Luis Miguel Morales Vázquez.
Según la Policía, desde el inicio del Plan Operacional del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), adscrito a la Unidad de Violencia de Género del Negociado, se procesaron 20.3 % más de las órdenes de protección en comparación con enero de 2023.
“Definitivamente ha llamado la atención tristemente que han sido muchas muertes y la gran mayoría de ellas han sido con armas de fuego.[…] Es que creemos que parte de la razón tiene que ver con la disponibilidad de armas de fuego. Porque han habido más de una masacre, o sea eventos en los que han muerto más de una persona, no ha sido solamente el feminicidio. Y pues esto se facilita por la producción de un arma de fuego que puede ultimar a varias personas a la vez”, apuntó Upegui.
Por otra parte, la analista del OEG puntualizó se ha visto el uso de armas blancas en los casos de feminicidios. Según las autoridades, el COPOP registró un aumento de 214% en ocupaciones de armas, en comparación con enero de 2023.
A pesar de los esfuerzos, los femincidios no cesan y, es por ello que, Upegui reiteró que el gobierno debe “cumplir con la deuda que le tiene al país” en establecer la educación con perspectiva de género que después de “cuatro años que llevamos con el estado de emergencia, todavía no se ha implementado.
“Es una medida a largo y mediano plazo que va a permitir que los estudiantes, los jóvenes, las nuevas generaciones, crezcan con una manera diferente de ver las cosas, una relación diferente con la violencia, crear una cultura de paz y desnaturalizar ese uso de la violencia para tomar control, para resolver sus conflictos”, sostuvo la analista.
Asimismo, hizo hincapié en que el estado debe movilizarse a la prevención para proteger a la víctimas.
En noviembre del año pasado, la OEG recomendó en su informe anual que se consideren los expedientes de casos aislados de los victimarios. Asunto que, en aquel momento, fue ignorado por los Tribunales, según Upegui. Tras la masacre de Yauco, dijo que se ha retomado la evaluación de la recomendación.
