El caso donde un grupo de aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD), busca que se descalifique a 12 candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) que no recogieron endosos por estar en métodos alternos de primarias se llevó a cabo hoy ante el juez Anthony Cuevas Ramos en la sala 907 del Centro Judicial de San Juan.
La vista, que inició a las 10:00 de la mañana, concluyó cerca de las 5:00 de la tarde, después de que todas las partes presentaron sus argumentos y se dio por sometido el caso.
Con más de veinte abogados representando a ambas partes, se presentaron argumentos sobre la legitimación activa de los demandantes y el respeto a los procesos electorales federales en el caso de ciertos candidatos.
Hay decenas de mociones radicadas en las últimas horas en este caso y se determinó comenzar por esas de desestimación.
“Hay mociones de desestimación, mociones de sentencia sumaria de muchos de los demandados, algunas duplicadas, no. La misma parte presentaba, desestimó y moción de sentencia sumaria que parece un poco contradictorio, pero cumpliendo con las reglas, contestamos todas.”, explicó el abogado de los demandantes, licenciado Iván Rivera a Noticentro (WAPA TV).
El licenciado Frank Torres Viada, abogado de los demandados, argumentó sobre la legitimación activa de los demandantes, haciendo referencia a la notificación de intención de candidatura y al monitoreo de endoso por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“Yo hago referencia su señoría a la notificación de intención de candidatura y al monitoreo de endoso que obra como anejo para cada uno de mis representados en el escrito dispositivo donde se le indica la Comisión Estatal de Elecciones en la agencia con expertise cuando recibe sus documentos y los acredita como aspirantes si su partido y si todo el documento, ‘si su partido ha sido acogido por método alterno de selección según el código electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar sus peticiones de endosos”, explicó Torres Viada.
El abogado Guillermo Ramos, en representación de la senadora Ana Irma Rivera Lassen, resaltó que el cargo al que aspira su cliente es de naturaleza federal, cuyos requisitos y procesos están regulados por el Congreso de los Estados Unidos.
En su intervención, Ramos señaló la falta de evidencia que demuestre que el Congreso haya delegado en el Gobierno de Puerto Rico la autoridad para regular estos procesos electorales federales. Además, hizo alusión al reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del expresidente Donald Trump, argumentando que los estados no pueden contravenir determinaciones a nivel federal en asuntos electorales.
Los demandantes, basándose en el artículo 7.15 de la ley electoral, argumentan que los candidatos del MVC y del Proyecto Dignidad no cumplieron con los requisitos necesarios, específicamente en la recolección de endosos antes del 31 de enero. Por otro lado, los abogados de los demandados sostienen que los demandantes carecen de “standing” o legitimidad activa para presentar la demanda, y cuestionan su interpretación de la ley electoral.
“Sencillamente no tienen razón, no tienen razón por partida triple, no tienen standing, es una acrobacia jurídica lo que proponen como interpretación de la ley electoral no conocen la tradición electoral puertorriqueña. Trastocan los principios más elementales de la figura del método del terreno desde que fue instituido en 1982”, dijo el abogado Frank Torres durante receso en sala.
“Los que aspirantes primaristas demandante los aspirantes demandados que no son primaristas, no se encuentran en la misma situación, por lo tanto, no hay que tratarles igual y la ley no los trata igual. La carga, con que tienen que cumplir las partes demandantes de interventora no fue impuesta por victoria ciudadana ni proyecto de unidad, sino por sus propios partidos, que optaron por el método de primarias sujetas a la validación de candidaturas diputadas internamente, mediante la producción de endosos para justificar la erogación de los fondos públicos y el esfuerzo de Recursos Humanos de la comisión en torno a la celebración de una primaria”, dijo el licenciado Carlos Gorrín, quien representa al Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)
Además, el abogado de Rivera Lassen destacó que ninguno de los demandantes compite directamente contra su cliente, lo que plantea interrogantes sobre la validez de la demanda.
El licenciado Torres Viada expresó durante un receso de la vista argumentativa que la interpretación propuesta por los demandantes sobre la ley electoral es una “acrobacia jurídica” que no tiene en cuenta la tradición electoral de Puerto Rico y distorsiona los elementos fundamentales del método alterno desde su institución en 1982.
Por otro lado, el abogado Iván Rivera Reyes, en representación de los demandantes, argumentó que estos tienen la capacidad para presentar la demanda porque, además de aspirantes, continúan siendo electores según lo establecido en la ley electoral.
Por su parte, Ana Irma Rivera Lassen, quien es aspirante a la Comisaría Residente en Washington, enfatizó la legitimidad del método alterno de selección de candidatos, respaldado por la Comisión Estatal de Elecciones, y cuestionó las objeciones presentadas. “¿Por qué se están quejando ahora?”, preguntó. “Porque han visto que podemos ser realmente una fuerza que les asusta”, dijo a la prensa fuera de sala.
Argumentó que este método alternativo, que requiere la recopilación de endosos, es igualmente válido y más económico para el pueblo de Puerto Rico que las primarias tradicionales. Además, señaló que todos los votantes deben tener franquicia electoral, una tarjeta electoral y ser miembros legítimos del partido.
“No tengo la menor duda de que nos temen. Pero no hay justificación para ello, ya que nuestro enfoque alternativo no le cuesta nada al pueblo de Puerto Rico y garantiza la participación democrática”, aseguró
Los demandantes, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra y el senador Héctor Santiago, junto con otros afiliados al PPD, argumentan que las candidaturas del MVC deben ser consideradas nulas.
Los candidatos del MVC y Proyecto Dignidad argumentaron que el PPD y el PNP están intentando eliminarlos de la contienda electoral a través de los tribunales debido a su alto potencial de triunfo. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rebatidas por los abogados Iván Rivera y Francisco González, quienes indicaron al juez que la desertificación procede porque los candidatos demandados no cumplieron con la fecha límite del método alterno ni con la recolección de endosos.
Rivera enfatizó la importancia de aplicar las reglas de juego de manera equitativa en una competición para representar el poder del pueblo, señalando que el incumplimiento de estas reglas constituye un daño grave al sistema de democracia representativa. Por su parte, González destacó que el MVC no cumplió con los requisitos establecidos en el reglamento electoral, lo que justifica su descalificación de la papeleta electoral.
Por otra parte, la abogada Cherry Negrón, representante de la Comisionada Electoral del Proyecto Dignidad, afirmó que la demanda se basa en un reglamento impugnado y que los argumentos presentados evidencian la invalidez del mismo. Por otro lado, Iván Rivera, abogado de los demandantes, sostuvo que la legitimidad activa está estatutariamente establecida y que se está solicitando al tribunal que se haga cumplir la ley de manera uniforme.
La base de la controversia radica en el hecho de que los precandidatos del MVC no recogieron endosos antes de la fecha límite del 31 de enero, según alegan los demandantes. Esto afecta tanto a las candidaturas para la comisaría residente como a los cuerpos legislativos por acumulación. Además, se plantea un cuestionamiento similar respecto a los afiliados del Proyecto Dignidad que presentaron candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Entre los candidatos del MVC objeto de la disputa se encuentran la senadora Ana Irma Rivera Lassén, Edgardo Cruz Vélez, Alejandro Santiago Calderón, Ramón Cruz Díaz, Edwin Marrero Martínez, Rafael Bernabe, Olvin Valentín, Myrna Conty y la representante Mariana Nogales.
En la demanda también se incluyen las candidaturas del PD de Stephen Gil, Wilfredo Pérez Torres y Anthony Sánchez Aponte, todos postulados para el Distrito 38.
El debate legal se centra en si el método alterno del MVC exime a los precandidatos de recoger endosos cuando no son certificados como candidatos únicos antes del cierre de la fecha de radicaciones, según el Código Electoral y los reglamentos de la CEE.
El resultado de este proceso judicial podría tener un impacto significativo en la alianza política entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), especialmente en lo que respecta a la candidatura de comisionado residente. Se espera que el proceso legal continúe con gran interés y que sus implicaciones se extiendan más allá de las elecciones venideras en Puerto Rico.
