Una medida que busca aumentar a 64 años la edad de retiro de los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico recibió el visto bueno de varios funcionarios del gobierno en una vista pública que se llevó a cabo en la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico.
Se trata del Proyecto del Senado 1408 que propone enmendar la ley del sistema de retiro para aumentar la edad de retiro obligatorio de los miembros de la Policía a 64 años de edad; y la Resolución Conjunta del Senado 483 que busca declarar una moratoria de tres años a los fines de que los miembros del Sistema de Rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico, que no deseen acogerse al retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo, se les autorice a continuar prestando servicios hasta la edad máxima 65 años.
Según el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis Collazo Rodíguez, el proyecto del Senado 1408, tal como está redactado, tiene el fin de reconocer la capacidad que tienen los miembros del sistema de rango de la Policía, de poder continuar trabajando luego de alcanzar los 58 años de edad. También, a su vez, ofrecerles una alternativa para mejorar su situación económica y social cuando llegue el momento de retirarse.
“Entendemos que es una medida viable [proyecto del Senado 1408] y razonable, ya que no altera las edades actuales de retiro para los miembros de la uniformada. Sin embargo, les permite a aquellos que, voluntariamente, deseen trabajar en la fuerza laboral hasta los 64 años y estén emocional y físicamente aptos para hacerlo, solicitar una dispensa adicional de dos años a los 62″, sostuvo Collazo Rodríguez, quien avala la medida y añadió que 822 agentes de 11,400 cumplen con la edad promedio para acogerse al retiro voluntario.
Asimismo, el director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Luis Rivera Cruz, no mostró reparo en la aprobación del PS 1408, pues no conlleva impacto económico o fiscal. No obstante, en su ponencia, recomiendan que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realice un análisis del proyecto.
En cuanto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), representada por Roberto Rivera, sugirieron que se le solicite al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y a la Junta de Retiro un estimado de impacto fiscal. Este documento debería incluir proyecciones de agentes que se acercan a la edad establecida de retiro obligatorio, el costo de nómina y pago de beneficios marginales que representaría el postergar la fecha obligatoria de retiro, y cualquier otra información que pueda estimar el efecto presupuestario, si alguno.
“Yo soy policía, y sé que azul no es azul para todo el mundo. Si le llevamos estos proyectos a un oficial hay que reiterarles que esto es voluntario y que no le estamos diciendo a los policías que deben estar hasta los 64 años; no podemos decirles que serán presos del sistema”, indicó el senador Gregorio Matías Rosario.
El senador añadió que se deben unir ambos proyectos, puesto que, el policía que se suponía que se retirara a los 54 años, tendrá que continuar “10 años más arriesgándose a que lo puedan matar”. Siempre hay un costo, pero estamos buscando medidas para tratar de balancear las cosas”.
“La resolución conjunta del Senado 483 habla de un posible reglamento. Dentro del espacio concerniente, si yo me voy a ir, tengo que pensar en las dos dispensas. De los 822 policías, de aquí a dos años más, según las proyecciones que establecen que Puerto Rico vislumbra una baja poblacional, cuando lo miramos en número, en un momento dado, la isla tendrá menos recaudos. Tengo que escoger si me voy a la máquina a jugar o compro alimentos; lo dicen los economistas”, recalcó Ruiz Nieves.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), de aprobarse una de las medidas, se beneficiarían, basado en estadísticas, 373 policías activos. Es indispensable analizar los posibles riesgos que pudieran elevar la edad de retiro a 64 o 65 años. Por ello, se debe considerar que las evaluaciones médicas, psicológicas y físicas sean de carácter mandatorio.
“A nuestro juicio, dar paso a lo pretendido no tendrá efecto en las aportaciones y en la cuantía que recibirán como parte de su pensión por retiro”, lee la ponencia del DSP, y añaden que esta información debe ser clarificada por la Junta de Retiro.
La comisión recibió las inquietudes de los deponentes para someter las enmiendas necesarias sobre el título de las medidas para que los agentes sepan que estas opciones son voluntarias.
